CPA Licenciado Ricardo Contreras Cruz
Estimado Licenciado Marroquín
Me es grato dirigirme a usted, en mi calidad de ciudadano guatemalteco y como asiduo lector desde los años sesenta, de su prestigioso periódico vespertino, fundado por el licenciado Clemente Marroquín Rojas. Me mueve a escribir la presente para abordar algunos aspectos que no se han mencionado en el sonado caso TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL –TCQ–. Inicio indicando que, estoy 100% de acuerdo con todos los criterios vertidos en el espacio editorial y de opinión de su periódico, en torno a este caso, por eso me atrevo a enfocar algunos otros aspectos que no he escuchado hasta ahora. Convencido también que, no obstante las opiniones de reflexión externadas sobre la situación compleja del caso, todo apunta a que el Gobierno de la República, piensa transigir con el usufructuario de segunda instancia APM Terminals, transformando el usufructo oneroso otorgado en una concesión, como debió haber sido desde el principio y mediante licitación pública y por eso me pregunto y afirmo:
1. Cómo se va afrontar lo de las compensaciones económicas al Puerto Quetzal contenidas en el mal llamado usufructo, al convertirlo en una concesión, porque debe aclararse, por parte de las autoridades competentes, si estas se van a mantener al mismo nivel, o se van a mejorar, porque aquí es donde puede fincarse el perjuicio, a futuro, para el Estado de Guatemala, si estas no se elevan a un nivel más acorde a este tipo de negociación. Como simple referencia se puede mencionar que, en nuestro vecino país de Honduras, se hizo una operación similar de concesión en Puerto Cortés, consiguiendo mediante este mecanismo, más del doble en el quantum de beneficios para ese país que el nuestro, ya que ellos sí hicieron una licitación pública internacional para adjudicar la concesión a la mejor oferta, lo cual fue de conocimiento público en su momento y también se supo de mejores ventajas para el otorgante de la concesión, tal como la responsabilidad del dragado de dársenas, la cual está a cargo del concesionario y esto, vale decir, no parece ser el mismo enfoque dado en el caso guatemalteco con TCQ, razón por la cual, también debe revisarse este aspecto al convertirlo a una concesión.
2. Los que impulsan la puesta en operación de TCQ, supuestamente para mejorar la competitividad de país, se olvidan de otro aspecto fundamental, como es la infraestructura vial, en particular la carretera CA 9 Sur y Norte que une Puerto Quetzal en el océano Pacífico con los Puertos de Barrios y de Santo Tomás en el océano Atlántico, con el agravante que esta carretera atraviesa en toda su extensión la ciudad capital, incluyendo el puente Belice. Ahora bien, si menciono lo anterior es porque según se dice, Puerto Quetzal mueve 250 mil contenedores por año, de los cuales un 80% va de tránsito, es decir se desembarcan en un Puerto (en el Pacífico) y se reembarcan en el otro puerto (en el Atlántico) y viceversa. Esto pone de manifiesto que la carretera CA 9 se ha convertido en un virtual CANAL SECO de transporte pesado, que al atravesar la ciudad capital, como en efecto lo hace, agrava aún más los congestionamientos de tránsito que ya se producen en la misma, en perjuicio de todos sus habitantes. Derivado de ello la puesta en operación de TCQ debe enfocarse en forma integral, no puede verse solo el ángulo que favorezca a un sector y perjudique a otro, si se asume que con la entrada en operación de esta nueva terminal de contenedores, el movimiento de estos se va incrementar en número, también debería procurarse una solución para que el transporte pesado no atraviese la ciudad capital, ejecutando con celeridad el proyecto de anillo metropolitano, en la parte que conecta Escuintla con San Juan Sacatepéquez, Chuarrancho y Sanarate.
3. Mi conclusión es que el caso TCQ no debe verse a la ligera, tiene muchas aristas, aparte de la judicial, que deben enfocarse con serenidad, si realmente se quieren proteger los intereses de nuestra nación como tal. Si como se avizora que, contra viento y marea, se persistirá en la idea de convertir el usufructo por una concesión, es obligado elevar el monto de las retribuciones económicas a favor de Puerto Quetzal, así como las obligaciones de mantenimiento y operación del puerto por parte del concesionario, para dicho efecto se podrían consultar las condiciones en que el Gobierno de Honduras otorgó la concesión en Puerto Cortés a la Operadora Portuaria Centroamericana-OPC que pertenece al grupo International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI). A la par debería apresurarse la ejecución del anillo metropolitano, en su parte suroccidental, para aliviar los congestionamientos de tránsito en la ciudad capital.
Al agradecer su fina atención a la presente, que no tiene más intención que la de aportar algunos criterios con el ánimo de coadyuvar a una mejor solución de un problema de alcance nacional, me suscribo de usted atento servidor.
