POR VIRGINIA CONTRERAS
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Tras las amenazas y campañas de desprestigio que ha recibido la Fiscal General, Thelma Aldana, organizaciones sociales consideran que el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones constitucionales en cuanto a garantizar la integridad física de quien ha luchado contra la impunidad y de investigar a los responsables de la vigilancia política que han realizado en contra de su persona.
Las amenazas y campañas de desprestigio que recibió la jefa del Ministerio Público (MP) llegaron a motivar que la funcionaria publicara en las redes sociales que desde que asumió el cargo al frente del ente investigador, hace dos años, por primera vez sentía temor.
En unas recientes declaraciones emitidas a la prensa, Aldana recordó que existen grupos que se han sentido amenazados por el resultado del trabajo que ha realizado junto a su equipo, razón por la cual estaban siendo víctimas de ataques que buscaban por medio de la opinión pública o por amenazas a su integridad, afectar los resultados que están a la vista de todos.
Estos acontecimientos ocasionaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares y de esta manera ordenaba al Estado guatemalteco garantizar su seguridad y la de su familia, según lo informó la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) entidad encargada de notificarla.
Las peticiones de la CIDH al Estado detallaban que se adoptaran medidas para preservar la vida y la integridad personal de Aldana y su núcleo familiar, para que pueda desarrollar sus actividades como Fiscal sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.
Para Carmen Aída Ibarra, directora del grupo Pro Justicia, el Estado no solo debe garantizar la integridad física, sino además, un clima propicio para que pueda realizar su labor de manera adecuada; tanto del lado de Aldana como de los operadores de justicia que realizan un trabajo similar al de ella.
“Más allá de las obligaciones meramente constitucionales, también están las obligaciones contraídas por el Estado en el marco de instrumentos internacionales. Hay numerosos acuerdos de las Naciones Unidas para garantizar, aparte de la vida, la independencia y la autonomía de los operadores de justicia”, explicó.
En tanto, Jorge Santos, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) opinó que es importante que la seguridad y el resguardo de los operadores de justicia sea garantizado.
Señaló que tanto el Ministerio de Gobernación como el propio MP deben velar porque esto suceda.
Pero como si las amenazas no fueran suficientes, ayer se vio sobrevolando un dron en la vivienda de la jefa del MP, algo que de acuerdo con la activista en derechos humanos, Helen Mack, debe ser dilucidado e investigar a las personas que realizaron ese tipo de vigilancia política.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo en una entrevista a Emisoras Unidas, que realizan una investigación en conjunto con el Ministerio Público (MP) para conocer las razones por las que ayer fue observado un dron sobrevolar a inmediaciones de la casa de la fiscal general del MP, Thelma Aldana.
El ministro dijo que no existe regulación para estos dispositivos, por lo que resulta complicado establecer algunos datos.
El funcionario no indicó cuándo podrían tener resultados de las investigaciones, pero afirmó que “están comprometidos” para esclarecer el hecho.
