Juan Antonio Mazariegos G.
En medio del complejo caso de la terminal de contenedores, esta semana, el interventor de la misma, el abogado Alexander Aizenstatd manifestó ante los medios de comunicación su sugerencia para llevar a cabo una negociación con la entidad APM Terminals, actual propietaria de las acciones de la promotora del nefasto negocio.
Como el mismo abogado lo indicaba en sus declaraciones, cualquier ciudadano es libre de hacer sugerencias y en ese marco debe de entenderse lo manifestado por él, la representación del Estado recae en la Procuradora General de la Nación y corresponde únicamente a ella cualquier situación referente al caso, bajo el marco que la misma ley le establece y que según mi entender es el siguiente.
Como correctamente lo manifestó Aizenstatd el proceso penal no se puede ver afectado bajo ninguna circunstancia, la existencia de dádivas, coimas, cohecho o mordidas, según cada quien quiera denominarle, como medio para lograr el contrato, constituye, junto a otras conductas que se dieron en el caso, hechos delictivos y se deben de deducir responsabilidades penales a todos los que intervinieron en los mismos.
Existe un proceso de naturaleza administrativa que tiene como finalidad buscar la nulidad del contrato. El contrato adolece de nulidad, pero la misma debe de ser declarada por un tribunal, aquí la pretensión del Estado es distinta a la deducción de responsabilidades penales y si, en este punto puede existir colaboración de APM Terminals, entidad que como controladora de la entidad TCQ está en capacidad de allanarse a la pretensión del Estado y facilitar la resolución pronta del referido proceso.
Una vez se haya declarado la nulidad del negocio jurídico, la terminal de contenedores está en disposición de ser entregada a una entidad privada para su administración y explotación, debiendo cumplir para ese efecto con todos los requisitos y procedimientos que establecen las leyes de la república y sin que pueda ser una condición que la entidad APM Terminals pueda ser el único oferente en la negociación.
La situación es extremadamente compleja y mientras tanto el país pierde cada día la oportunidad de utilizar unas instalaciones que le ayudarían a competir de mejor manera, sin embargo, ya nos alejamos mucho de la ley para llegar hasta donde estamos y no es prudente más que acercarnos a la ley para buscar soluciones al caso. Proponer soluciones no es ilegal ni inoportuno, la posición de APM Terminals también debe de ser considerada, simplemente son un estafado más en esta calamidad de negociación que nos legó el gobierno del Partido Patriota.
