Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer el interventor judicial de Terminal de Contenedores Quetzal, el corrupto negocio que inicia con un soborno millonario a Pérez Molina, hizo una propuesta a la empresa APM Terminals para «solucionar» el tema de la operación del puerto, misma que ahora la entidad holandesa está «analizando» según su Vicepresidenta que se encuentra en Guatemala.
Empiezo diciendo que al respecto hay dos enfoques que vale la pena mencionar. Uno es el de los que privilegian la operación del puerto sobre cualquier otra consideración en aras de la competitividad y modernización que nos puede reportar beneficios económicos y, como dice el interventor, proteger el empleo de 70 personas. Otros creemos que debemos privilegiar la lucha contra la corrupción y que para ello hay que mantener claros principios y enviar ejemplos de que aquí las cosas no se arreglan bajo la mesa ni con componendas.
Si APM quiere operar en Guatemala tuvo que mostrar su buena fe por propia iniciativa, retirando las acciones legales contra la demanda presentada por la PGN para anular el sucio negocio, cosa que no ha hecho, y tendría que expresar que, pase lo que pase, no accionará contra el Estado de Guatemala porque sabe perfectamente que el negocio realizado fue corrupto y que cualquier reclamo de su parte será contra quienes les vendieron ocultando información sobre el hecho delictivo. Nada de eso ha hecho APM y por lo tanto no se puede dar por sentada aún su buena fe.
Hoy el mensaje que se está enviando es que si otras empresas que pueden sufrir extinción de dominio como resultado de todas las acciones contra la corrupción que han servido para iniciar proceso en Guatemala, tienen la suerte de que les nombren el mismo interventor, hay posibilidad de negociar. El interventor judicial no tiene facultades legales para andar proponiendo arreglos extrajudiciales por mucho que sea su interés en que el puerto funcione. Si algún arreglo puede considerarse, debió haber sido propuesto por APM luego de haber dado absolutas e irrefutables muestras de haber sido un comprador de buena fe que repudia las prácticas sucias de Pérez Maura y compañía, pero hasta el momento no hay una sola acción que nos indique cuál es su verdadera intención.
Creo que APM ha amenazado con demandar al Estado de Guatemala si no le dejan operar y con esa amenaza arrincona a gente como el interventor que, ojalá, no resulte luego siendo ejecutivo o abogado de la empresa. APM contrató en Guatemala a una firma de abogados por su antecedente al haber ganado un arbitraje contra nuestro país y eso indica que parte de sus escenarios están orientado a la demanda en contra nuestra, lo cual no me parece indicador de buena fe.
Como siempre, la lucha contra la corrupción es secundaria para muchísima gente que siempre ha sabido que hay corrupción pero que la tolera porque «deja obra». Me preocupa el mensaje enviado a los delincuentes. La extinción de dominio no es problema porque siempre se puede negociar algo para «proteger a los empleados» o para mantener las operaciones del negocio. Y que haya sido el interventor quien hiciera la propuesta me parece el peor de los desatinos y el peor de los ejemplos para el futuro.
