Una red de fraude que durante más de una década tuvo como objetivo a miles de propietarios estadounidenses de tiempos compartidos (personas que adquieren el derecho de usar un alojamiento vacacional) en México habría funcionado bajo la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados por las autoridades estadounidenses se encuentra Griselda Margarita Arredondo Pinzón, de 36 años, quien habría trabajado desde una oficina central encargada de supervisar las operaciones y el movimiento del dinero obtenido de las víctimas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Arredondo Pinzón y a su medio hermano, Julio César Montero Pinzón, también conocido como “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César Hernández Jiménez” y “CH Jiménez”, de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Montero Pinzón, de 44 años y considerado un integrante de alto rango del CJNG, enfrenta además una acusación relacionada con proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
EL ENGAÑO COMENZABA CON UNA PROMESA
Según la acusación citada por el Departamento de Justicia, desde aproximadamente 2012 el CJNG habría desarrollado un esquema de fraude basado en pagos por adelantado y dirigido principalmente contra propietarios de tiempos compartidos en México, incluidos inmuebles ubicados en distintas ciudades de Jalisco.
Los propietarios, muchos de ellos ciudadanos o residentes de Estados Unidos, eran contactados con propuestas para vender o alquilar sus propiedades. Para concretar esas operaciones, los responsables les solicitaban entregar dinero por adelantado bajo conceptos como tarifas e impuestos.
La promesa era que, después de realizar esos pagos, los propietarios recibirían el dinero correspondiente a la venta o alquiler de su tiempo compartido. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, los fondos prometidos nunca llegaban y las víctimas tampoco podían recuperar las cantidades que habían entregado.
DESPUÉS VENÍA UNA SEGUNDA ESTAFA
El mecanismo no terminaba cuando la víctima descubría que había perdido su dinero. De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, posteriormente se realizaban nuevos contactos con los mismos propietarios, pero esta vez los delincuentes se hacían pasar por abogados o funcionarios gubernamentales.
Con esa identidad falsa, les ofrecían supuestamente ayudar a recuperar el dinero perdido. La condición volvía a ser la misma: realizar otro pago por adelantado.
De esta manera, una persona que ya había sido víctima del primer fraude podía ser nuevamente contactada y convencida de entregar más dinero bajo la promesa de recuperar lo que había perdido.
LOS CENTROS DE LLAMADAS ERAN PARTE DE LA OPERACIÓN
El Departamento de Justicia señala que la estructura funcionaba desde varios centros de llamadas ubicados en México, donde los operadores se encargaban de contactar y captar a los propietarios de tiempos compartidos.
La operación, según las autoridades estadounidenses, estaba organizada como un negocio, con distintas personas encargadas de funciones específicas.
El agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS en Nueva York, Chavis, explicó que dentro de la estructura cada integrante habría tenido una función: buscar posibles inversionistas para estafar, manipular documentos y sitios web, mover y ocultar el dinero y generar recursos para adquirir y distribuir narcóticos en Estados Unidos.
EL PAPEL DE GRISELDA MARGARITA
La acusación señala que Arredondo Pinzón trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG, desde donde se supervisaban las operaciones de los centros de llamadas y la recepción y lavado de los fondos obtenidos de las víctimas.
Por su parte, desde aproximadamente 2012, Montero Pinzón habría participado en la creación y administración de una red financiera destinada a recibir y lavar el dinero obtenido mediante el fraude de tiempos compartidos.
Es decir, de acuerdo con la investigación, la estructura no solo habría tenido personas dedicadas a contactar a las víctimas, sino también una red encargada de recibir, mover y ocultar las ganancias obtenidas mediante los engaños.
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DE CONTADORA A SUPERVISORA DEL DINERO
De acuerdo con información publicada por Infobae, Arredondo Pinzón, originaria de Puerto Vallarta, habría utilizado sus conocimientos como contadora para asumir un papel dentro de la estructura financiera de la operación.
La publicación señala que la mujer se habría encargado de supervisar el movimiento de los recursos obtenidos a través de los centros de llamadas, recibiendo parte del dinero entregado por las víctimas y coordinando su posterior traslado y lavado hacia estructuras relacionadas con el CJNG.
Su nombre cobró relevancia dentro de la investigación al aparecer entre los ocho objetivos más buscados por el FBI, según Infobae.
EL NEGOCIO QUE TERMINÓ EN MANOS DEL CJNG
El esquema de fraude tampoco habría comenzado directamente como una operación creada por el CJNG. Infobae señala que la investigación identificó a Omar Aguirre Barragán, un abogado y empresario mexicano ya fallecido, como la persona que habría introducido este modelo de fraude de tiempos compartidos al grupo criminal alrededor de 2012.
Según esa publicación, Aguirre habría buscado el respaldo del cártel para desplazar a otros grupos que ya desarrollaban este negocio en Puerto Vallarta.
Con el paso del tiempo, el CJNG habría asumido el control directo de la actividad y Aguirre terminó siendo desplazado de la operación que ayudó a introducir, de acuerdo con la información citada por Infobae.
EL DINERO TERMINABA EN LA ESTRUCTURA DEL CÁRTEL
El Departamento de Justicia sostiene que el esquema permitió al CJNG obtener recursos mediante el fraude y posteriormente utilizarlos para financiar sus actividades criminales.
El fiscal federal Nocella afirmó que, según las acusaciones, Montero Pinzón y Arredondo Pinzón habrían contribuido a las finanzas de una organización dedicada al terrorismo y al narcotráfico mediante un esquema sofisticado que afectó a miles de propietarios estadounidenses.
En la misma línea, el FBI señaló que el fraude se extendió internacionalmente y que el cártel habría desarrollado diferentes mecanismos para obtener recursos destinados a sus actividades delictivas.
