POR KIMBERLY LÓPEZ
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Tras las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Annabella Morfín, respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo con representantes legales de la compañía holandesa APM Terminals, casa matriz de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), abogados manifestaron su preocupación, porque a su criterio este anuncio envía un mensaje de tolerancia a la corrupción.

Ayer Morfín fue consultada respecto a la posibilidad de llegar a un común acuerdo con los representantes de la empresa involucrada en el caso de TCQ, a lo que respondió que esa sería una vía razonable.

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“Yo creería que eso razonablemente debería suceder, si no las pérdidas serían millonarias y el daño para el país sería grande”, expresó.

Morfín explicó que en una reunión haría saber a los representantes de la solicitud de ampliación de nulidad del contrato, así como de otras generalidades del caso. Sin embargo, este encuentro aún no está calendarizado.

TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

Aníbal García, exdiputado y abogado, indicó que un acuerdo sería favorable siempre que se prioricen los intereses nacionales y no los de la empresa.

“Aquí la postura no debe ser buscar acuerdos que no perjudiquen a la empresa, sino acuerdos que beneficien a guatemaltecos”, indicó García.

El profesional señaló que esta propuesta da espacio a pensar que existe interés de beneficiar a la empresa.

Para García, este posible acuerdo puede compararse con iniciativas de negociación con dueños de medios de comunicación, como el caso de Ángel González.

“En términos generales lo que debe prevalecer es el interés nacional y si tenemos elementos que nos indican que deben promoverse es la nulidad del contrato, debe hacerse sin estar considerando el beneficio empresarial”, agregó.

Por aparte, el abogado Ramón Cadena consideró que “cualquier arreglo para recuperar fondos para el Estado es importante; sin embargo, estos acuerdos no deberían sobreponerse a la justicia”.

Cadena explicó que con una negociación a este nivel existe el riesgo de enviar un mensaje negativo de aceptación y tolerancia a la corrupción, principalmente, por las condiciones que rodean al caso de TCQ.

A decir del abogado, esto sucedería por ejemplo en caso de que al llegar a un arreglo el Estado se negará a seguir con un proceso judicial para hacer investigación.

“Sería un mensaje muy negativo porque se podría estar pensando que eso va a provocar negociación en otros casos”, comentó.

Para Cadena la negociación también es comparable con acuerdos entre empresas que han sido señaladas de corrupción, por ejemplo, la televisión nacional.

El profesional indicó que es importante que este acuerdo no signifique ceder ante ilegalidades.

“El diálogo siempre es positivo, pero no que esos acuerdos vayan a provocar impunidad y tolerancia a la corrupción, porque eso sería un mensaje negativo”, puntualizó.

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