«El Estado debe actuar sin dilación, reparar e investigar de manera exhaustiva a las personas responsables de la detención y caso arbitrario en contra de la abogada Claudia González».
Eso fue lo que el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas le exige a Guatemala y hoy formó parte de la lectura del equipo de abogados de Claudia González, defensora de varios exfiscales exiliados y exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Claudia González se encuentra en medio de un proceso legal, cuyo juicio debió iniciar en mayo de 2026, pero la ausencia del Ministerio Público —aún en la era de Consuelo Porras— y una apelación sin resolver, terminaron por aplazar el caso hasta mayo de 2027.
González fue procesada por el delito de abuso de autoridad, un delito atribuido a funcionarios del Estado, pese a que, como exmandataria de la extinta CICIG, no ostentó un cargo público.
La abogada fue parte de un grupo de abogados que participaron en la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.
Claudia González por el retraso de su juicio un año más: “No hay justicia en Guatemala”
Claudia fue parte de la defensa de la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra, ahora en el exilio. Colaboró con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en una investigación por tráfico de influencias contra la fallecida exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.
«Una venganza y una persecución política», como lo señaló hoy el abogado Alfredo Ortega, experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sobre la conclusión del organismo internacional.
El equipo de abogados de Claudia González, en cuanto a las exigencias del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, fue enfático en que aquello «no es una opinión política, ni siquiera es una interpretación del equipo. Es una conclusión formal de un mecanismo especializado del sistema internacional de derechos humanos», dijo en conferencia de prensa Claudia María López, directora de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC).
Asegura que la detención de González, por la cual permaneció 82 días en prisión, se produjo sin base legal y violó derechos fundamentales protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«Un proceso marcado por graves vulneraciones al debido proceso, a la falta de imparcialidad y dilaciones indebidas», agregó la directora de ASFC. Claudia González deberá permanecer a la espera del debate hasta 2027.
Las abogadas que acompañan a González también precisan que es necesaria la reparación digna a la abogada.
«Guatemala no puede continuar normalizando que quienes quieren investigar la corrupción, quienes defienden los derechos humanos o ejercen la abogacía sean perseguidos por cumplir con su deber. (…) Cumplir esta decisión internacional no es una opción, ni un gesto de buena voluntad de un gobierno, es una obligación frente a la comunidad internacional y, por sobre todo, a la ciudadanía guatemalteca», apuntaron en la cita con la prensa.
«¿Quién va a restituirle a Claudia González el tiempo que pasó injustamente en prisión? ¿Quién puede comprender el daño que significa haber sido privada de su libertad como consecuencia de una venganza personal? Claudia, una mujer intachable, una abogada que ha dedicado su trayectoria a la defensa de la justicia y la lucha contra la corrupción», agregó la declaración de los abogados.
Asimismo, el equipo de Gonzáles se preguntaron «quién le devuelve a Claudia esos 82 días en prisión, el sufrimiento, la humillación y el daño causado a su vida y a su reputación», dice el equipo de Claudia.
