En noviembre del 2024, cuando se acababa de cumplir un año del mandato popular para limpiar al país de la corrupción, el Congreso aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, misma que entró en vigor en enero del 2025, supuestamente para sacar al país del descalabro de nuestra red vial mal construida por gobiernos corruptos. Sin embargo, como bien dicen algunos analistas consultados por La Hora, se cumplió aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”, puesto que la “agilidad” para hacer contrataciones ha acelerado, principalmente, los negocios sucios que son ya parte de la tradición del aparato estatal guatemalteco.
La única y real prioridad que existe es acabar con los vicios de la corrupción y, al contrario, la nueva legislación ha facilitado que se hagan negocios oscuros mediante invitaciones privadas a contratistas ya apalabrados, que aprendieron a salpicar a los Jefes de Jefes del momento, de las diversas maneras posibles. Las buenas intenciones de la ley que se explicaron con el afán de acelerar las contrataciones tomando en cuenta el descalabro de la red vial, quedaron en eso porque se ha centrado todo en el artículo 95 de la referida Ley, que regula la forma en que se debían hacer las contrataciones en emergencia y en tanto se conformaba la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, misma que duerme el sueño de los justos porque le encontraron gran “utilidad” a ese artículo para realizar negocios a velocidad del rayo.
La ley establece la necesidad de contar con un informe de riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y pongamos como ejemplo el famoso caso de los 3 puentes sobrevalorados: ¿Qué dijo la Conred? ¿Si hay emergencia y riesgo de colapso, por qué dejan que en los puentes sigan transitando carros, motos, camiones de carga y cabezales? ¿Si no hay emergencia, por qué usar el artículo 95?
Repetiremos hasta el cansancio, la verdadera prioridad en Guatemala no solo es acelerar las contrataciones sino transparentarlas, ya que únicamente así empresas serias que no andan tras enriquecimiento vía mordidas, van a participar en licitaciones. Si hay la menor sospecha de que todo el tamal está arreglado para favorecer a los que ya pactaron con los Jefes de Jefes y sus operadores, las empresas serias ni siquiera se tomarán la molestia de hacer propuestas porque saben que todo ello sale sobrando cuando el seleccionado finalmente será el que mayor cantidad de mordida ofrece. No hay que olvidar que para ofertar hay que tener fianzas y hay que gastar tiempo y recursos.
Por supuesto que el país está urgido de una adecuada infraestructura que sustituya a la hecha a cambio de mordidas, pero en tanto no cambiemos el modelo para hacer las contrataciones pueden cambiar los nombres de las empresas y quienes den la cara, pero en la práctica todo será igual y cada obra que se haga terminará como las que actualmente tenemos, esas que con el primer aguacero se descalabran.
Es prioridad tener buena infraestructura que comunique al país, pero ella no llegará mientras persistan las viejas prácticas, aquellas que el pueblo quiso mandar por un tubo en la última elección, sin imaginar que todo seguiría igual y, tristemente, acaso hasta peor que antes.
