Si queremos utilizar la lógica tan sencilla que está planteando la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, con el Caso de Terminal de Contenedores Quetzal, tendrá mucho trabajo de negociación con una sarta de mafiosos y corruptos con los que nos tendríamos que sentar para que temas de interés del Estado no se detengan o sufran desgaste que terminen afectando a la población.
Primero, podría empezar doña Anabella a sentarse con todos los presos y prófugos en el Caso de Cooptación que tanto el MP y la CICIG han armado de manera en que los acusados están encontrando muy difícil rebatir. Pero como los “presuntamente inocentes” son contratistas en áreas de infraestructura, salud, fertilizantes, seguridad, medios de comunicación, etc., ¿cómo no se va a sentar a pactar con ellos igual que con los dueños de APM?
Hasta los narcos que han sido extraditados pero que le han dado aquellas obras que ni el gobierno o alcaldes han sido capaces de dar a su gente, merecen entonces una oportunidad de sentarse a negociar los beneficios.
Con la estrategia de la abogada Morfín, se está cumpliendo lo que en un principio fue la política lanzada desde los más cercanos funcionarios al presidente Jimmy Morales de ser extremadamente tolerantes con el asqueroso negocio entre TCB y el gobierno. Recordemos que el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, ha sido promotor de esas “reglas claras” que en Guatemala significa que hay que honrar las transas con tal de no ahuyentar a los inversionistas y el comisionado de Puertos, Enrique Godoy no ha sido históricamente muy pegado a la transparencia.
Doña Anabella debería estar optimista de que por primera vez, y aunque el Caso se lleve los 10 años que ella plantea, tiene para Guatemala la ventaja de que actuaron tan mal las otras partes que nos pondrían en una posición única en la historia ante cualquier tribunal de arbitraje, corte o juzgado para definir el futuro del proyecto.
Y lo más preocupante es que con los títulos de gran experta en temas legales con que ha llegado la abogada Morfín a ocupar este puesto, nos cuesta creer que es por pura incapacidad o por “evaluación política adecuada” que está asumiendo esta postura porque hay 30 millones de dólares en efectivo que ya nos hacen dudar cualquier paso que se dé en este tema.
Repetimos, que la tarea y obligación de la Procuradora General de la Nación es pelear y ganar ese Caso en lugar de buscar la salida más cómoda para que los corruptores en uno de los peores casos de mafias en el país, salgan cómodamente con sus aliados del gobierno.
