Por MARK STEVENSON y E. EDUARDO CASTILLO
ARCELIA / Agencia AP
El gobierno mexicano ha asegurado que todos murieron durante un tiroteo feroz con soldados durante un enfrentamiento ocurrido en la mañana del 30 de junio. Esa versión fue puesta en duda, pues de las tropas del gobierno sólo resultó herido un soldado, y las evidencias físicas en el lugar de los hechos apuntan a que hubo asesinatos selectivos.
«Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente», dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
La testigo dijo que el ejército le disparó primero al grupo armado, que se encontraba en una bodega donde se almacenaban granos. Dijo que un hombre armado murió en ese primer tiroteo y que otro, miembro de la presunta banda de narcos, y su hija adolescente, quedaron heridos.
El resto de los hombres se rindieron con la promesa de que su integridad física fuera respetada, dijo la testigo que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Luego de la rendición la adolescente, Erika Gómez González, yacía boca abajo en el suelo, con un balazo en una rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho antes de ser puesta nuevamente boca abajo, afirmó la madre.
Luego, el hombre herido en el tiroteo inicial, que yacía al lado de Erika Gómez, corrió con la misma suerte, según la testigo. «Un militar lo paró al muchacho y lo mató», dijo la mujer que afirmó que había ido a la bodega la noche anterior a rescatar su hija del presunto grupo criminal al que aparentemente se había unido.
Los soldados interrogaron al resto de los miembros de la banda al frente de la bodega, y luego los llevaron a su interior de uno en uno, dijo la testigo. Desde donde estaba viendo, justo fuera de la bodega y bajo custodia del ejército, la mujer oyó los disparos y los gemidos de los moribundos.
Una semana después de la muerte de los 22, reporteros de The Associated Press visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.
Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por salpicaduras de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, antes de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.
Después de la historia de la AP, la Procuraduría de Justicia de México aseguró en un comunicado que «no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución» y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.
El gobierno del estado se rehusó a entregarle a la AP los informes de las autopsias de los muertos y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado y los privilegió con una reserva por los siguientes nueve años, luego de que la agencia noticiosa interpusiera una petición de información, garantizada por la ley de transparencia.
Ante una petición similar en julio, la Procuraduría General de la República respondió que los informes no existían.
Entrevistados por separado, familiares de otras tres víctimas y un médico que vio el cuerpo de Erika dijeron que las heridas que vieron eran consecuentes con el relato de la madre de la quinceañera sobre la manera cómo fueron asesinados los miembros de la banda. Ella había dicho que los soldados les dispararon a los presuntos criminales para incapacitarlos y que luego los mataron a tiros en el pecho.
El certificado de defunción de Erika, que fue visto por los reporteros de AP, confirmó que la joven murió el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, donde las muertes tuvieron lugar, a causa de las heridas de bala que recibió. El certificado no ofrece detalles sobre la balística o el tipo de arma utilizada.
En las lápidas de otros dos de los fallecidos, Marcos Salgado Burgos, de 20 años, y su hermano, Juan José Salgado Burgos, de 18 años, registran como la fecha de deceso el 30 de junio.
Entrevistado por separado, un adolescente, en el poblado cercano de Ixcapuzalco, dijo que su hermano mayor era parte de los 22. Aseguró que al ver su cuerpo, había una herida de bala en su pierna izquierda que «destruyó su rodilla» y un tiro en la espalda que salió por el pecho. Su relato no pudo ser corroborado de manera independiente.
Ninguno de los familiares quiso ser identificado por temor a represalias. El ejército y Procuraduría del Estado de México se han rehusado a dar a conocer una lista con los nombres de las víctimas. Human Rights Watch ha pedido que el caso se investigue a fondo y que la testigo sea protegida.
Según la madre de Erika, el tiroteo del 30 de junio fue iniciado por el ejército, en violación de sus propias reglas de combate que sólo permiten a los soldados abrir fuego contra civiles armados si éstos disparan primero o si la vida del personal castrense o de los civiles está en riesgo. La Secretaría de la Defensa Nacional no había respondido a una petición para comentar sobre las acusaciones de los familiares.
La Procuraduría General de la República señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos de la testigo, cuya versión fue reportada originalmente por la revista Esquire Latinoamérica.
La madre habló hace unos días con enojo sobre la muerte de su hija y aún mostraba algunos signos de trauma y conmoción. Dijo que pasó la noche sin dormir sentada en una pila de ladrillo luego que llegó a la comunidad, el 29 de junio, para intentar llevarse a su hija que había escapado.
La joven estaba involucrada con malas compañías, dijo, y comentó que el grupo había viajado desde la comunidad de Arcelia, en el estado sureño de Guerrero, hacia San Pedro Limón, en el vecino Estado de México, armados y a bordo de tres camionetas. Todos eran adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años. Poco se sabe acerca de lo que la pandilla estaba haciendo o qué había estado haciendo días antes de los tiroteos.
Autoridades locales dijeron que Arcelia está controlado por el cartel La Familia, un grupo narcotraficante que fue desplazado del estado de Michoacán, donde fue creado. El jefe local de la organización, conocido como «El Pez», controla zonas entre Arcelia y San Pedro Limón, localizadas en un área conocida como Tierra Caliente, bautizada así tanto por el clima, como porque es vista como tierra de nadie. El tráfico de drogas y las confrontaciones con el ejército han ocurrido allí por décadas. En la zona la gente cultiva y trafica marihuana y amapola y la violencia es común.
Hace poco, seguidores de un grupo criminal bloquearon las carreteras y quemaron cuatro camiones de Coca Cola, lo que forzó a la compañía de bebidas a cerrar su centro de distribución en Arcelia. Periodistas locales dicen que han recibido amenazas por publicar historias que no les gustan a los líderes de los carteles locales.
No hay claridad sobre si a la AP se le permitió reportear libremente en la zona porque la historia no es favorable con el ejército. Pero miembros de la banda criminal aparentemente vigilaron de cerca a los periodistas de la AP cuando visitaron la región. Durante la entrevista con la madre de una niña que apareció muerta en un estacionamiento, un joven apareció en el lugar, se recargó en una camioneta y permaneció mirando fijamente a los reporteros hasta que se fueron del lugar.
La zona es patrullada por soldados y marinos. Cuando los reporteros de AP fueron a un partido en una cancha de fútbol a entrevistar a uno de los familiares de dos hermanos muertos en el incidente, tres marinos aparecieron y permanecieron a la vista. Al final, el aparente oficial se acercó y le dijo a los periodistas: «ahora me toca entrevistarlos a ustedes» y preguntó qué era lo que hacían y dónde se iban a quedar.
Poco después, a la salida de la cancha, otro marino tomó fotografías a los reporteros así como a sus credenciales de prensa.
Cuando recuerda la mañana de la muerte de su hija, la madre dijo que la confusión se apoderó afuera de la bodega antes de amanecer cuando uno de los jóvenes armados apareció gritando «ya nos cayeron los contras».
Era una patrulla del Ejército mexicano. Soldados prendieron un reflector y abrieron fuego hacia la bodega; los jóvenes respondieron y se dio un enfrentamiento, dijo la mujer. Los soldados les gritaron después que se rindieran y que no les pasaría nada. Los jóvenes salieron con sus manos en la nuca, aseguró la mujer. Los soldados llevaron a la madre a un cuarto a medio terminar en la bodega, junto con otras dos mujeres y dos jóvenes que habían dicho que eran víctimas de secuestro.
Desde ahí y bajo la custodia de los militares, ella sólo pudo mirar algunas cosas de reojo y escuchar lo que siguió a continuación. Dijo que los soldados «hirieron» a algunos, al parecer disparando a sus piernas, antes de matarlos.
«Pues me quedé en shock… de ver tanto», dijo la madre, quien comentó que a algunos les dispararon de pie y a otros los pusieron de rodillas.
Después de un par de horas, los dos hombres que se habían hecho pasar como secuestrados fueron separados de las tres mujeres, tomados en custodia por los soldados y ultimados aparentemente porque no creyeron que habían sido plagiados.
En un comunicado de prensa inicial, el ejército dijo que rescataron a tres mujeres que habían sido víctimas de un secuestro. La madre dice que ella era una de esas tres mujeres y que fueron llevadas a la capital del estado de México, Toluca, y que fueron puestos en custodia de fiscales del estado. Aunque en ese comunicado de prensa el ejército describió a las tres mujeres como víctimas de secuestro, las otras dos fueron detenidas de inmediato.
La madre de Erika dijo que fue fotografiada junto a las armas confiscadas a la banda y dijo que también sería arrestada si no cooperaba con las autoridades y si no confirmaba su versión de lo sucedido en la madrugada del 30 de junio. Ella dijo que no sabía el nombre de la agente que le dijo eso, pero la describió como una mujer alta, de cabello muy corto, que constantemente sostenía un cigarrillo. Posteriormente, fue trasladada a la unidad de la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, y finalmente puesta en libertad sin cargos.
¿GENDARMERÍA «LIGHT»?
DPA
La gendarmería nacional presentada recientemente en México por el presidente Enrique Peña Nieto resultó una versión diluida del gran proyecto de seguridad de su gobierno, que parecía destinado a ser un parteaguas contra los cárteles.
En el olvido quedaron los 40 mil gendarmes que iban a sustituir de manera gradual al Ejército y la Marina en la calle en labores de seguridad, como una nueva institución integrada por militares y policías bajo mando civil.
El gobierno decidió capacitar a 5 mil gendarmes de nuevo ingreso, todos civiles y con 12 por ciento de formación militar, que se convertirán en la séptima división de la Policía Federal, dependiente del Ministerio del interior. En el futuro, si hay presupuesto, subirá el número.
La misión de la gendarmería, un cuerpo itinerante, será garantizar el desarrollo normal de las actividades productivas en zonas amenazadas por el crimen organizado. La definición es tan amplia que ha generado más dudas que certezas a organismos civiles.
Según dijo el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, en una reunión con medios internacionales, la nueva gendarmería permitirá aumentar la capacidad operativa policial y orientará sus tareas a la seguridad ciudadana.
Sin embargo, aclaró, no será una «policía de proximidad» como se dijo alguna vez. Ni tampoco una policía que sustituya a los militares para que vuelvan a los cuarteles como piden grupos de derechos humanos.
Tampoco será una «policía para cuestiones económicas» o para protección de empresas, aunque sí cuidará los «ciclos productivos» del campo, la industria, el turismo y la minería y los efectos del crimen organizado en la vida económica y social de las comunidades.
El proyecto original de la gendarmería fue anunciado por Peña Nieto en mayo de 2012 durante la campaña electoral, pero fue perdiendo fuerza y aplazándose.
Organizaciones civiles, como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y Fundar, han cuestionado la poca claridad de la propuesta.
En México hay unos 440 mil policías, desde los agentes de tránsito de pequeñas comunidades a policías provinciales y federales, con distintos niveles salariales, de capacitación y equipamiento.
Los que más ganan son los federales, que sumaban hasta ahora 36 mil efectivos y tienen un sueldo neto mensual de 14 mil pesos para el agente de menor rango (unos mil dólares).
Los municipales, que son la mayoría, son los más expuestos a amenazas y sobornos del crimen organizado. Con armas y patrullas obsoletas -y salarios bajísimos- enfrentan a sicarios que portan rifles de alto poder y modernas camionetas blindadas.
«¿Realmente valía la pena generar una nueva división?», dijo a dpa el presidente del ONC, Francisco Rivas. «Llevamos mucho tiempo haciendo estos experimentos policiales», cuestionó.
«Lo que necesitamos es fortalecer las capacidades locales, ahí es donde están los mayores problemas de corrupción, ineficiencia y falta de equipo».
La función de cuidar los ciclos productivos «quiere decir todo y no quiere decir nada», añadió. Para ser el gran proyecto de seguridad del gobierno «está muy decantado y será difícil medir su eficacia si no sabemos realmente qué es lo que va a hacer».
Según un informe del centro de análisis Fundar, «la historia de las fuerzas de seguridad en México está llena de ejemplos de las fuerzas ‘incorruptibles’ que caen en el mismo patrón que sus predecesores».
«Existe un rezago importante en los mecanismos de control civil de la Policía Federal. No vemos cómo en el caso de la creación de la gendarmería aquella deficiencia haya sido subsanada», señala. El organismo criticó también la «militarización» de los cuerpos de seguridad pública.
Isabel Miranda de Wallace, que dirige la organización Alto al Secuestro, señaló que la nueva división podría tener un papel importante contra el cobro de «derecho de piso» a sectores productivos.
«Más vale que sea exitosa», dijo a dpa. «La Policía Federal tiene buena preparación, aunque falta abatir la corrupción, tener un órgano de control interno que realmente funcione».
La activista resume en una frase la relación ambivalente de los mexicanos con sus policías: «Los odiamos y al mismo tiempo los queremos tener en todos lados».
Según el comisionado Rubido, el nuevo cuerpo, cuyos mandos son policías ya en activo a diferencia de los demás gendarmes, tendrá una tarea de «seguridad social».
«No vamos a ser los policías de banqueta, no somos los policías de la esquina», dijo. «Somos los policías que de manera integral, con ese enfoque ciudadano, salvaguardamos que se pueda mantener la cotidianeidad, en las regiones donde están amenazados por la delincuencia, de algunos ciclos que son preponderantes en esas áreas».
GRAVE MASACRE
AP
El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo ayer que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, «nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México».
«Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México», dijo Vivanco a The Associated Press, mientras en la víspera la Comisión de Derechos Humanos dijo que investiga las circunstancias en las que ocurrió el presunto enfrentamiento entre el ejército y un supuesto grupo de narcotraficantes.
«Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente», dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
