Una grabación de poco más de seis minutos ha puesto voz a una sospecha que durante años ha circulado entre trabajadores del Organismo Judicial: que conseguir una plaza o un ascenso puede depender menos de los méritos que del dinero, un padrino político o una conexión dentro de la institución. En la llamada, una trabajadora vinculada a Recursos Humanos pregunta a un aspirante si tiene “cuello político”, le ofrece una plaza presupuestada y le explica que, para obtenerla, debe pagar una parte del dinero de inmediato y otra después de recibir su primer salario. “Así han entrado muchos”, le dice.
La investigación de La Hora expone cómo las plazas del Organismo Judicial se venden y recopila 15 testimonios de trabajadores y funcionarios judiciales, tres de los cuales afirmaron haber recibido directamente ofertas de plazas o ascensos a cambio de dinero. Los montos relatados llegan hasta Q80 mil. Las fuentes también describieron redes de influencia política y padrinazgos dentro de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué significa todo esto para una institución cuya razón de ser es precisamente administrar justicia? Para tres abogados consultados por La Hora —el constitucionalista Edgar Ortiz, el abogado del Bufete de Pueblos Indígenas Juan Castro y el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) Francisco Quezada—, el problema va mucho más allá de la eventual corrupción en una contratación.
Los tres llegan a un punto común: si el acceso a los puestos que sostienen los tribunales está condicionado por favores, dinero o lealtades, el daño termina alcanzando al ciudadano que espera justicia.
UNA GRABACIÓN QUE DEBE INVESTIGARSE
Para Edgar Ortiz, el primer paso es menos político que institucional: investigar.
El abogado constitucionalista considera que el Ministerio Público (MP) debería abrir una investigación de oficio y utilizar las herramientas disponibles para verificar la grabación, identificar a la persona que habla y determinar si detrás de la conversación existe una estructura más amplia.
La cautela resulta relevante. La grabación muestra una oferta concreta, pero no permite por sí sola establecer hasta dónde llega la práctica. Precisamente por eso Ortiz plantea que el audio debe ser el punto de partida de una investigación y no el punto final de una acusación.
Su preocupación, sin embargo, está en otro lugar. La existencia de una grabación modifica la naturaleza de lo que hasta ahora podía ser considerado un rumor. “No es lo mismo el rumor de que las plazas se venden que tener ya una grabación cruda” sobre cómo se realizan esos ofrecimientos, explica.
Juan Castro coincide en la necesidad de investigar, pero añade una dimensión jurídica. A su juicio, la eventual venta de plazas podría generar no solo responsabilidad administrativa, sino también penal. Por eso considera que quienes tengan conocimiento de los hechos deberían ponerlos en conocimiento de las autoridades para que se establezca la veracidad del audio y se determine quiénes podrían estar involucrados.
La pregunta, entonces, deja de ser únicamente si la mujer de la grabación decía la verdad. También pasa a ser qué ocurre dentro del Organismo Judicial cuando alguien ofrece una plaza pública a cambio de dinero y si existen mecanismos capaces de detectarlo.
EL PROBLEMA QUE NO SE PUEDE FISCALIZAR
Ahí aparece uno de los argumentos más incómodos planteados por Ortiz: la opacidad.
El abogado sostiene que resulta difícil determinar si las plazas se conceden por mérito cuando el propio Organismo Judicial no proporciona información suficiente sobre los criterios utilizados para tomar decisiones administrativas. Pone como ejemplo un caso que él mismo litigó para obtener un acta relacionada con el nombramiento de jueces y que, según relata, terminó perdiendo porque la institución no entregó el documento solicitado.
El argumento tiene una consecuencia lógica: si la institución no permite observar cómo decide, tampoco resulta sencillo demostrar que decide correctamente.
La investigación de La Hora encontró precisamente testimonios que describen un sistema en el que las recomendaciones políticas, los padrinos internos y el dinero pueden tener peso en los nombramientos. Las fuentes consultadas sostuvieron además que determinadas áreas administrativas relacionadas con las plazas estarían bajo la influencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la Corte Suprema y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, introdujo un elemento que hace más compleja la discusión: reconoció que este año el Organismo Judicial recibió una denuncia por una presunta solicitud de dinero a cambio de una plaza. Según explicó, el caso fue trasladado al régimen disciplinario y desestimado en abril porque el denunciante no presentó pruebas que acreditaran los hechos.
Ortiz, además, cuestiona que la Corte Suprema tenga funciones relacionadas con la administración del recurso humano y defiende separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Su planteamiento parte que “los magistrados deberían concentrarse en impartir justicia y no acumular capacidad sobre la estructura administrativa que sostiene los tribunales”.
LA JUSTICIA SE SOSTIENE DESDE ABAJO
Para Juan Castro, el problema adquiere otra dimensión cuando se observa quiénes son las personas que aparecen en este tipo de negociaciones.
Secretarios, oficiales, notificadores y comisarios no son los funcionarios que dictan las sentencias. Pero son quienes sostienen buena parte de la operación cotidiana de los tribunales. Trabajan con expedientes, tramitan actuaciones, notifican resoluciones y mantienen en marcha los procesos.
Por eso Castro advierte que una red de padrinazgos podría tener consecuencias que van más allá del ingreso irregular de una persona a un puesto. Si alguien llega a un tribunal por una relación de dependencia política o por un favor, esa relación puede convertirse, con el tiempo, en una red de poder.
Su hipótesis es particularmente delicada: quienes ocupan esos puestos pueden tener capacidad para facilitar, retrasar o entorpecer casos y trámites. No significa que eso ocurra necesariamente, pero sí que una contratación basada en lealtades y no en idoneidad puede generar incentivos distintos a los que debería tener un funcionario judicial, dice.
La investigación ofrece una imagen que ayuda a entender esa preocupación. Una de las fuentes relató que un trabajador con buen desempeño, próximo a graduarse de abogado y notario, recibió una propuesta para ascender a secretario a cambio de dinero. Finalmente renunció al Organismo Judicial y pasó a trabajar a una firma privada.
Castro justo pone el ejemplo de los estudiantes que realizan pasantías durante meses y adquieren experiencia dentro de los tribunales sin que eso necesariamente se traduzca en una plaza. Frente a ellos, dice, podría aparecer alguien que ingresa directamente por una recomendación o un favor.
EMPLEO PÚBLICO COMO MONEDA POLÍTICA
Francisco Quezada lleva la discusión fuera de las paredes del Organismo Judicial.
Para el analista del CIEN, la práctica descrita en la investigación forma parte de un fenómeno más amplio: el empleo público utilizado como moneda de intercambio político. Lo que distingue al Organismo Judicial es la función que cumple.
“Si la justicia está permeada”, sostiene, se comprometen la objetividad, la investigación y el juzgamiento. En otras palabras, el lugar donde se negocia un puesto termina siendo relevante para la forma en que funciona el sistema que ese trabajador ayuda a sostener.
Quezada llama a estas plazas “bolsones de empleo”: espacios que pueden distribuirse entre quienes ofrecen lealtad política. Y advierte de un efecto que trasciende a la persona contratada. Un puesto público no supone solamente el pago de un salario durante unos años. También puede implicar una obligación presupuestaria de largo plazo y, eventualmente, costos vinculados con la jubilación.
Presidenta del Organismo Judicial reconoce denuncia por venta de plazas, pero no pasó nada
Su crítica coincide con la de Ortiz y Castro en un punto esencial: el problema no termina cuando se firma el nombramiento.
Para Ortiz, si la persona que ocupa una plaza no llegó por mérito, el usuario del sistema de justicia termina pagando las consecuencias porque no necesariamente se incorporó al mejor candidato. Para Castro, una persona colocada mediante padrinazgo puede formar parte de una red que gane capacidad de incidencia dentro de los tribunales. Para Quezada, el fenómeno forma parte de una lógica más amplia en la que el empleo estatal se convierte en recompensa y no en una función pública.
Tres caminos distintos que llegan a la misma conclusión.
