Las cámaras que utilizan inteligencia artificial para leer las placas de los vehículos en Estados Unidos se encuentran en el centro de una creciente polémica ante el temor de que la información que recopilan pueda ser utilizada por las autoridades migratorias para localizar a personas y apoyar operativos de deportación.
La controversia involucra a Flock Safety, una empresa especializada en sistemas automatizados de lectura de matrículas. Según un reporte de Telemundo, inmigrantes y organizaciones han expresado preocupación ante señalamientos de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría utilizando información obtenida mediante estos sistemas para investigar el estatus migratorio de conductores.
Flock Safety, sin embargo, niega trabajar con ICE para realizar arrestos y rechaza que exista una colaboración directa con la agencia para ese propósito, de acuerdo con el reporte de Telemundo.
¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAN LAS CÁMARAS?
Los dispositivos conocidos como lectores automáticos de matrículas —ALPR, por sus siglas en inglés— fotografían los vehículos que pasan frente a ellos y registran información que puede incluir la placa, características del automóvil, ubicación y hora.
El sistema permite posteriormente realizar búsquedas en los registros almacenados. Según información de la agencia AFP, Flock opera una extensa red de estas cámaras en Estados Unidos y sus sistemas son utilizados por agencias policiales para investigar delitos, localizar vehículos y encontrar personas desaparecidas.
El alcance de la red es precisamente uno de los aspectos que ha generado preocupación. Stateline reportó que Flock tiene más de 120 mil cámaras en 49 estados y trabaja con miles de agencias policiales y comunidades.
Según varios medios en EE. UU., la información puede ser consultada durante investigaciones y, dependiendo de las reglas establecidas por las autoridades que administran los sistemas, puede existir intercambio de datos entre distintas jurisdicciones.
EL TEMOR DE LAS COMUNIDADES MIGRANTES
La preocupación aumentó en medio de la intensificación de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.
El Los Angeles Times informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) suspendió el uso de las cámaras de Flock en julio debido, entre otras razones, a dudas sobre quién controla los datos y cómo pueden ser compartidos con otras agencias, incluidas autoridades migratorias.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, según recogen reportes de prensa, también pidió que el LAPD deje de utilizar los dispositivos de Flock Safety por considerar que la empresa perdió la confianza de parte de la ciudadanía ante el riesgo de que los datos puedan terminar siendo utilizados para deportaciones, según el mismo medio.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar si Flock Safety tiene un contrato directamente con ICE. El debate también gira alrededor de quién puede acceder a los datos recopilados por las cámaras y bajo qué condiciones pueden ser compartidos.
FLOCK ANUNCIA NUEVAS RESTRICCIONES
Ante las críticas, Flock Safety anunció en agosto cambios en la forma en que se administrará su plataforma.
La empresa anunció que reducirá de 30 a siete días el periodo recomendado para conservar los datos de las placas y que las búsquedas realizadas por agentes policiales deberán estar vinculadas con un número de caso. También incorporará herramientas para detectar búsquedas potencialmente abusivas y permitirá mayores restricciones sobre el intercambio de información.
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La Opinión, de los Ángeles, reportó que entre los nuevos controles se contempla la posibilidad de restringir búsquedas relacionadas con investigaciones migratorias, una medida adoptada después de los cuestionamientos sobre el uso de la plataforma.
La empresa sostiene que estos cambios buscan fortalecer la privacidad y dar a las comunidades mayor control sobre sus datos.
Los cuestionamientos a Flock Safety no se limitan al tema migratorio.
En distintos puntos de Estados Unidos también han surgido denuncias por posibles abusos de los sistemas de vigilancia. The Guardian reportó recientemente casos en los que agentes policiales habrían utilizado las bases de datos para rastrear a exparejas, conocidos u otras personas sin relación con investigaciones legítimas.
El debate ha provocado además que más de 50 jurisdicciones cancelen, suspendan o rechacen contratos con Flock o desactiven sus cámaras desde comienzos de 2026, según datos citados por Stateline.
Mientras las autoridades defienden estas herramientas como mecanismos para combatir delitos y localizar vehículos o personas desaparecidas, organizaciones defensoras de la privacidad cuestionan que una persona pueda quedar registrada en una base de datos simplemente por conducir por una vía pública, aun cuando no sea sospechosa de ningún delito.
La polémica que ahora involucra a las comunidades migrantes plantea así una pregunta más amplia: hasta dónde pueden llegar las autoridades en el uso de los registros generados por sistemas privados de vigilancia y qué controles existen para impedir que esos datos sean utilizados con fines distintos a los que justificaron su recopilación.
