La mejora de la gestión de agua en Guatemala ha sido tarea de muchas personas, desde nuestros tatarabuelos y abuelas, de los millones de comunitarios que se han dado la tarea de darle agua a sus comunidades ante un Estado no solamente ineficiente, inoperante sino cínico. Los de ahora dicen que no son ladrones y yo les creo. Pero lo que no tienen de ladrones lo tienen de inútiles. ¡Qué barbaridad!
Lo del agua es un ejemplo. Ciertamente muchos gobiernos han pasado y nadie quiere entrarle al problema del agua. Realmente no logro entender por qué los gobernantes —locales, municipales, indígenas, ladinos, diputados, jueces, presidentes, vicepresidentes, ministros— no pueden o no quieren al menos brindar al Pueblo agua potable. ¿Por qué? No sé.
En general los guatemaltecos, todos, no tienen acceso a agua potable. Aquí se inventan nuevas terminologías y hablan de agua “entubada”. Y de qué sirve el agua entubada si tiene heces y otros contaminantes. La otra cosa es que miden la calidad de agua con indicadores tan locales que no se pueden comparar con indicadores internacionales como la norma.
La norma oficial es la Norma Técnica Guatemalteca COGUANOR NTG 29001 (“Agua para consumo humano – Agua potable”). Esta norma establece Límites Máximos Aceptables (LMA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para los siguientes grupos de parámetros: Color, olor y sabor, turbiedad (UNT), conductividad eléctrica, pH (6.5 – 8.5) y sólidos totales disueltos. Aunque existen normas internacionales, no la usan nuestros paisanos en el gobierno de turno.
Hay otra forma de presentar los resultados. El Ministerio de Ambiente en su informe de agua 2024 reportó agua buena, mala y regular. Eso sí que no existe. Pero en un intento de confundirnos, dice que de 82 puntos hay 36 buenos. Lo triste es que esos “buenos” no son de agua potable. Esa agua aún hay que tratarla. Realmente, prácticamente, toda el agua guatemalteca está contaminada con heces o E. coli.
La Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud (ENDESA 2025) es más clara y más brutal: el 52 % de la población consume agua contaminada con materia fecal. En el área rural supera el 70 %. En Huehuetenango pasa del 80 %. Y el tratamiento de aguas residuales apenas ronda el 10 %. Eso no es “agua regular”. Eso es agua enferma.
Hace quince años, en mayo de 2011, el Gabinete Específico del Agua presentó la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia. Es un documento realmente completo. Leyéndolo ahora en época de una ley de aguas, me parece que la política era más que suficiente. Diagnosticaba con claridad que solo se aprovechaba el 10 % del agua disponible y que apenas el 5 % de las residuales se trataba. Proponía cuatro líneas estratégicas, principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad, y reconocía el vacío legal en la ausencia de una ley de agua. Pero, realmente, realmente no necesitábamos de una LEY. Si las autoridades de entonces y las de ahora hubieran querido entrarle al problema del agua, la política era y es más que suficiente
Sí realmente quisiéramos resolver el problema de la ausencia de agua potable, la política era suficiente. La ley, obviamente, mejora la política, pero no asegura nada. Porque es una ley hecha por humanos y si los humanos en el fondo no quieren resolver el problema, no lo resolverán, aunque existan mil leyes, aunque inventen la ley del monte y la ley de Dios y la ley del diablo.
Ahora, en agosto de 2026, llega al Congreso la iniciativa 6816. Por primera vez en décadas se proponen instrumentos concretos: una Superintendencia del Agua, un registro único de derechos, un canon diferenciado con reinversión en las cuencas y el reconocimiento de derechos ancestrales y comunitarios. Desde la teoría contemporánea del derecho de aguas, cosa que pocos leen, esto es un intento de pasar de la perspectiva interna (clarificar derechos y obligaciones) a la perspectiva externa (hacer que el derecho realmente gobierne de forma efectiva y legítima).
Pero yo ya he visto demasiadas leyes que se aprueban para no cumplirse. Como expliqué en mi artículo de ayer, nos encanta hacer leyes para no cumplirlas.
Bajo esas condiciones, es difícil que uno tenga fe en la ley de aguas aunque tenga elementos importantes como que el canon se cobre selectivamente para tener recursos para mejorar la calidad del agua. Ojalá. Para eso me atrevo a decir que debemos hacer un par de cosas. Si realmente queremos agua potable sugiero un par de pasos para avanzar.
Primero, dejar de engañarnos con eufemismos. Agua “entubada” no es agua potable. Agua “buena” según el ISQA del INSIVUMEH no es agua potable. Agua potable es aquella que cumple la COGUANOR NTG 29001: cero coliformes totales y cero E. coli en 100 mililitros. Todo lo demás es contabilidad creativa.
Segundo, que la calidad y el tratamiento de residuales se conviertan en el eje prioritario de cualquier ley, no en un capítulo secundario. Mientras el 90 % de las aguas residuales, caca, insecticidas, de todo, hasta colchones, todo, sigan yendo directo a los ríos, cualquier Superintendencia será un edificio vacío.
Tercero, que la Autoridad del Agua sea técnica y no politiquera. Sus miembros deben conocer el agua —política, social y científicamente—. No pueden ser los ministros de turno. Debe crearse un ente de investigación serio, no dejar todo en manos de un INSIVUMEH sobrecargado.
Cuarto, que el canon se cobre y se reinvierta de forma transparente en las cuencas, y que las universidades que sí investigan participen de manera permanente. El mundo del agua en la Tierra es un mundo de cuencas.
Si realmente queremos tomar agua potable y no seguir produciendo subdesarrollo a diestra y siniestra, si queremos reducir el problema de la desnutrición, la pobreza y la ignorancia, exijamos y trabajemos por agua potable si no, sigamos calladitos. Sigamos en silencio, sigamos comprando agua a los millonarios que se hacen cada vez más millonarios vendiéndonos agua potable, agua en botella, en garrafones, en pipas. Sigamos sufriendo porque si no defendemos nuestros derechos, tristemente merecemos sufrir.
