(Quince años después: la Política del Agua y el eslabón que sigue roto)
Hace exactamente quince años, en mayo de 2011, el Gabinete Específico del Agua presentó la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia. Era un documento serio. Diagnosticaba con claridad lo que ya entonces era evidente: de los casi 100 mil millones de metros cúbicos de agua que el país tiene disponibles cada año, apenas se aprovechaba el 10%. Junto a esto documentaba otro dato letal: solamente el 5% de las aguas residuales recibía algún tratamiento. ¡Vaya barbaridad!
La contaminación de nuestra agua la hacemos con materia orgánica, agropecuaria, residuos industriales y de todo cuanto podamos tirar a nuestros bellos ríos y preciosos lagos. De todo les tiramos. Eso sí, nos tomamos fotos con estas bellezas. Ese es el mismo modelo que dominaba los cuerpos de agua hace quince años y sigue creciendo. Entonces, Guatemala carecía de un régimen legal e institucional especial del agua pese a los mandatos constitucionales de los artículos 127 y 128 a los cuales tampoco les hemos hecho caso, como a casi toda la Constitución.
La Política no se limitaba a describir el desastre. Proponía cuatro líneas estratégicas claras. En la primera, encargaba al Ministerio de Salud la vigilancia, el monitoreo y el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. En la segunda, asignaba al MARN un programa nacional de protección y recuperación de la calidad del agua. En la tercera, exigía la modernización del régimen legal e institucional. Todo con plazos de cinco y veinte años.
Hoy, en agosto de 2026, esos plazos se cumplieron. ¿Qué tenemos?
Los datos más recientes de la ENDESA 2025 muestran que el 52% de la población consume agua contaminada con materia fecal. En el área rural la cifra supera el 70%. En Huehuetenango pasa del 80%. El Índice Simplificado de Calidad de Agua del Insivumeh clasificó en 2024 solo 36 de unos 82-85 puntos de muestreo como “buenos”, y aun esos “buenos” requieren tratamiento para ser potables. El Índice de Pobreza Hídrica nos coloca en 53.3. El tratamiento de residuales apenas ronda el 10%. Y cuando se intenta obligar a las municipalidades a construir plantas de tratamiento, la Asociación Nacional de Municipalidades corre a la Corte de Constitucionalidad a pedir el derecho de no hacerlo… y la Corte se lo concede.
Una Corte de Constitucionalidad que no sopesa el Derecho Humano de tener agua potable en relación al pseudo derecho de un grupo de alcaldes ineptos.
La Política de 2011 no falló por falta de diagnóstico. Falló porque nació sin fuerza de ley y sin mecanismos reales de coerción y financiamiento. Quince años después seguimos atrapados en el mismo vacío legal que el propio documento ya denunciaba.
Por eso la iniciativa 6816, ingresada al Congreso el 3 de agosto, no es un detalle menor. Por primera vez en décadas se proponen instrumentos concretos: una Superintendencia del Agua, un registro único de derechos, un canon diferenciado con reinversión prioritaria en las cuencas, y el reconocimiento explícito de los derechos de uso ancestrales, orales y comunitarios. No es una ley perfecta, pero es un andamiaje que la Política de 2011 solo podía soñar.
El problema de fondo sigue siendo el mismo que ya se enunciaba en 2011 y que he insistido en estas páginas: la calidad del agua. No es un tema secundario de higiene. Es el cimiento invisible sobre el que se construye o se derrumba el desarrollo. Mientras el 90% de las aguas residuales sigan yendo directo a los ríos, cualquier discurso sobre seguridad hídrica, crecimiento económico o derecho humano al agua será retórico. Cualquier proyecto de erradicar pisos de tierra por pisos de concreto pierde sentido real. Cualquier grupito de clubes de ciencia, pierde prioridad.
Tampoco se trata de repartir culpas en partes iguales. La responsabilidad es compartida, pero no es equivalencia moral como bien lo ha expresado Marco Fonseca. No es lo mismo el gran usuario que desvía ríos y extrae sin control que el comité comunitario que administra con precariedad un sistema que el Estado abandonó. No es lo mismo la municipalidad que pelea el derecho a no tratar el agua que la familia que bebe E. coli todos los días. La Política de 2011 ya hablaba de que “quien se beneficia asume las externalidades”. Falta convertir esa frase en práctica cotidiana.
Urge, por tanto, tres cosas concretas:
Primero, que el Congreso discuta la 6816 con rigor técnico y no con maximalismos ni con dilaciones preelectorales. Segundo, que la calidad y el tratamiento de residuales se conviertan en el eje prioritario de cualquier implementación, y no en un anexo decorativo. Tercero, que las universidades que sí investigan —hidrología, hidrogeología, hidro informática, ingeniería sanitaria, economía del agua, antropología del agua— participen de manera permanente y no como observadores lejanos.
La Política de 2011 diagnosticó el problema. La iniciativa 6816 intenta, por fin, construir instrumentos. Ciertamente hay que crear una Autoridad Nacional de Agua, cuyos miembros deben conocer sobre agua política, social y científicamente. No pueden ser los ministros de turno. Deben revisarse las concesiones y más aquellas de 50 años. Debe crearse un ente de investigación que no sea el Insivumeh.
Debemos detenernos y reflexionar por qué la excelente Política Nacional de Agua del 2011 no se siguió, no se llevó a la práctica. No será que en el fondo no queremos ley alguna y queremos seguir viviendo como salvajes. Me pregunto, para qué queremos leyes en un país cuyo sistema de justicia está cooptado hasta los dientes. Ciertamente, nos encanta hacer leyes para no cumplirlas.
El eslabón que sigue roto es la calidad del agua que bebemos. Y ese eslabón no se repara con más diagnósticos. Se repara con plantas de tratamiento que funcionen, con un canon que se cobre, con una autoridad que no sea politiquera y con una cultura social del cuidado que todavía no hemos construido.
Quince años son demasiados. El agua no espera. Hagamos una ley de agua pertinente para todos que no solo sea un adorno, una maceta, pero hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
