Guatemala está llegando a un punto en el que el debate sobre infraestructura ya no debería concentrarse en si existen las herramientas legales para atraer inversión, sino en si el Estado tiene la capacidad de sostener las decisiones que toma.
Durante años, la discusión estuvo enfocada en crear leyes, modificar marcos regulatorios y encontrar mecanismos que permitieran incorporar capital privado al desarrollo de obra pública.
Hoy, Guatemala cuenta en parte con ese marco institucional y una hoja de ruta para impulsar la inversión en infraestructura, pero el reto está en la continuidad más allá de los cambios de gobierno: obras concretas, con ejecución real y seguimiento.
Con esa institucionalidad más definida y una cartera de proyectos priorizados, las preguntan son: ¿qué tan capaz será el país de mantener una misma dirección durante los años que requiere ejecutar una obra de gran escala? ¿Cómo alejar estas obras a los espacios de corrupción que limitan las mismas a anticipos y estimaciones para luego dejarlas a medias? ¿Cómo lograr que quien no cumple, enfrente las consecuencias sin que los tramos queden abandonados para siempre?
“Los proyectos trascienden gobiernos y, por ende, para brindar certeza jurídica debemos serlo en un efectivo plan de gobierno. Las autoridades cambian. Los equipos técnicos, no”, dijo Kevin Valencia, Director Ejecutivo de la agencia.
Valencia explicó que hoy la agencia está construyendo un reglamento y metodologías en paralelo, pero que eso “no nos impide actuar”.
La clave, según él, es el acompañamiento de las instituciones que requieren los proyectos: “vital es el entendimiento técnico de sus equipos para que este modelo, que es tan complejo, pueda funcionar”.
LA RELEVANCIA NO ESTÁ EN LA LISTA
Ayer, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó un portafolio de 10 proyectos estratégicos que busca desarrollar mediante Alianzas Público-Privadas (APP).
Las iniciativas son ambiciosas, abarcan sectores como transporte, energía, gestión de residuos, aeródromos, infraestructura para justicia y turismo, y fueron seleccionadas a partir de un proceso técnico que evaluó 392 necesidades identificadas en todo el país.
Pero el mensaje central del evento no fue la lista. Fue la advertencia: si Guatemala no blinda estos proyectos de los ciclos políticos, en tres años volveremos a empezar de cero.
El fondo: la infraestructura debe ser gestionada como una política de Estado.
LA LECCIÓN APRENDIDA: EL PROBLEMA NO ES LA LEY, ES LA CONTINUIDAD
Durante años Guatemala aprobó leyes y dejó morir proyectos. El ejemplo más citado: el Centro de Administración del Estado, que sigue en el portafolio pero sin avanzar.
También hay Alianzas Público-Privadas estructuradas desde hace años que quedaron “desfasadas” por falta de metodologías y respaldo institucional.
Por eso la reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Infraestructura buscó una cosa: que los proyectos trasciendan gobiernos.
El Ministro de Finanzas Jonathan Menkos durante su exposición en la presentación de proyectos afirmó que “el gobierno está completamente enfocado en crear las condiciones para tener múltiples herramientas de inversión pública: gobierno a gobierno, obra tradicional con la nueva Ley de Contrataciones, y APP”.
Además, agregó un dato clave: en el Presupuesto 2027 ya se incluyeron Q4 mil 800 millones para la ampliación de Puerto Quetzal, como señal de que hay recursos para infraestructura.
Con el Decreto 21-2025, la antigua Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) pasó a denominarse Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con lo que se fortalecieron sus funciones dentro del esquena de APP.
En términos sencillos, la reforma busca que Guatemala no dependa únicamente de aprobar proyectos de manera aislada, sino que cuente con una institucionalidad capaz de construir una cartera de infraestructura, ordenar las prioridades y acompañar los proyectos durante procesos que necesariamente trascienden un período de gobierno.
Ese cambio es relevante porque coloca el problema de la continuidad en el centro: la reforma ya creó nuevas reglas e instituciones; ahora la prueba será demostrar que pueden sobrevivir a los cambios políticos y llevar los proyectos desde la planificación hasta la ejecución.
Desde el sector privado, la exigencia es la misma. “Importantísimo asegurar la continuidad de los proyectos, porque es precisamente lo que permite que pasen de planificación a ejecución”, señaló José Andrés Ardón, Director de la Cámara de la Construcción.
Su advertencia técnica: los proyectos que entren a APP deben ir “limpios, con derechos de vía resueltos y sin problemas legales”. Si no, se quedan atorados a medio camino como ha pasado antes.
Juan Estéban Sanchez, director de Invest in Guatemala, lo confirmó; “estos proyectos requieren una visión de largo plazo”.
En este contexto el sector privado cuenta con elementos dentro del Consejo de la ANI que no necesariamente se mueven con los cambios de Gobierno: forman parte el Presidente del CACIF y el Presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.
PROYECTOS QUE PUEDEN CAMBIAR LA REALIDAD
El portafolio priorizado responde a cuellos de botella reales:
Movilidad: Interconexión CA-1 Occidente-CA-9 Sur “Radial 6”, Conexión Vial Metropolitana Norte-Oriente y Sistema Metropolitano de Centros de Transferencia.
Energía: Subestación Petén Itzá 230/69 kV, Subestación San Mateo Ixtatán y Fortalecimiento de la Red Regional de Transmisión.
Saneamiento y economía circular: 4 Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en MASUR, Sololá, MANCOMUSAC y Gran Ciudad del Sur.
Competitividad: Modernización de aeródromos regionales y Sistema Turístico Sostenible en Finca El Jaibal con teleférico.
Justicia: Construcción de Centro de Justicia de Femicidio y Familia.
“Hoy presentamos todo lo nuevo que hemos estudiado y que se puede desarrollar en los próximos tres años”, aseguró el Menkos.
El objetivo es claro: que al menos 5 de estos proyectos entren a preinversión antes de que termine el actual período de gobierno.
EL PREMIO: CRECIMIENTO ECONÓMICO
¿Por qué importa tanto que estos 10 proyectos avancen? Porque son los que pueden mover la aguja del PIB.
“Si logramos concretar esto en tres años podríamos aspirar a un 5% de crecimiento. Es lo mínimo que esta economía debería tener para avanzar al ritmo que necesitamos”, afirmó la Ministra de Economía, Gabriela García.
Su lectura: cuando una obra crítica se desarrolla, se crean “nodos de desarrollo económico a todo nivel” alrededor. Carreteras generan logística. Energía genera industria. Residuos generan pymes de economía circular.
“Estamos dejando una institucionalidad fuerte”, dijo García, agradeciendo al Congreso por la reforma a la Ley de la ANI. “El portafolio de hoy nos dice a dónde le estamos apostando como país”.
EL RETO 2027: BLINDAR LO QUE YA ESTÁ
Estamos a un año de elecciones y ahí es donde históricamente Guatemala ha perdido.
Por eso la ANI, Minfin, Mineco y el sector privado pidieron tres acciones urgentes:
Reglamento: Menkos confirmó que antes de que termine 2026 estará publicado el nuevo reglamento de la ANI.
Banco de proyectos con mandato: Valencia propone “entendimientos y mandatos” para que al cambio de autoridades los proyectos no queden “frisados”.
Agencia Nacional de Infraestructura asume con nueva ley y anuncia su plan de acción
Preinversión inmediata: La meta es que cinco proyectos entren a estudios este año. Sin estudios, no hay inversionistas. Sin inversionistas, no hay obras.
“La forma legal de descartar un proyecto es que el propio Consejo decida eliminarlo. Hoy ninguna institución ha pedido sacar uno”, aclaró Menkos.
Es decir: los 10 siguen vivos. Pero vivos en papel.
DE LAS LEYES A LA OBRAS
Guatemala ya gastó 20 años aprobando leyes de infraestructura que no se ejecutaron. Con la ANI reformada y con un portafolio técnico, el país tiene todo para dar el salto.
Los consultados coinciden en que el riesgo es el mismo de siempre: que el 2027 llegue y los proyectos se congelen.
“Un proyecto una vez inicia en la ANI tiene que seguir la lógica de planificación, estructuración, factibilidad y ejecución sin depender de una sola autoridad”, resumió Ardón.
El mensaje del sector público y privado es uno solo: ya no necesitamos más leyes. Necesitamos obras.
