El Gobierno de Guatemala aún no ha fijado una postura sobre el plan de Estados Unidos de localizar en el país a migrantes deportados o retornados voluntariamente de ese territorio que mantienen multas migratorias pendientes de pago, las cuales, según EFE, en conjunto ascienden a USD423 millones.
La Hora consultó a la Presidencia y al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sobre el mecanismo que pretende implementar el Gobierno del presidente Donald Trump y sus posibles implicaciones para guatemaltecos que hayan sido deportados o retornados.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había recibido una respuesta concreta. Esta será colocada en este espacio al obtenerla.
Aun así, desde la Presidencia indicaron que la consulta «está siendo gestionada, pero que requiere coordinación interinstitucional» antes de emitir una respuesta.
“Estamos gestionando la respuesta; sin embargo, requiere de coordinación interinstitucional y con gusto podremos responder en los próximos días”, aseguró la Presidencia.
Por su parte, desde Cancillería señalaron que las consultas serían trasladadas para obtener una respuesta. «Pedimos postura por medio de nuestra Embajada», detalló.
¿CUÁNTO PRETENDE COBRAR EE. UU.?
La información sobre el plan estadounidense fue divulgada por EFE, que tuvo acceso a una convocatoria de contratación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
De acuerdo con EFE, la administración de Trump busca contratar a una empresa privada que tenga capacidad para localizar, al menos en Guatemala, México y Honduras, a personas que ya fueron expulsadas de Estados Unidos, pero que todavía tienen multas civiles migratorias pendientes.
La multa fue establecida originalmente en US$500 diarios por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996. Ahora, con los ajustes por inflación, el monto actualmente puede llegar a US$998 por cada día de incumplimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según la información citada por EFE, calculó en julio que las multas migratorias pendientes de pago alcanzan aproximadamente USD423 millones.
Además, CBP estima que existen 66 mil 387 personas que ya fueron expulsadas de Estados Unidos o abandonaron voluntariamente ese país y que todavía tienen sanciones civiles pendientes.
Hasta ahora, no se conoce cuántas de esas personas son guatemaltecas.
