
El plazo de tres años para el cargo de secretaria general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) finalizó el pasado jueves 6 de agosto, sin que la Vicepresidencia de la República haya informado si ya fue designada la persona que ocupará el puesto durante el próximo período.
Gloria Verna Guillermo Lemus fue nombrada como secretaria general mediante el Acuerdo Vicepresidencial 186-2023, para un período de tres años comprendido del 7 de agosto de 2023 al 6 de agosto de 2026.
El documento establece que el nombramiento corresponde a la Vicepresidencia de la República, mediante un concurso por oposición.

Entre los aspirantes destaca la actual secretaria general, Gloria Guillermo, quien volvió a postularse al proceso y, por lo tanto, puede ser nuevamente designada para dirigir la SENABED durante otro período.
Para la renovación del cargo se encuentran cuatro aspirantes:
| Nombre | Profesión | Cargo |
|---|---|---|
| Jorge Anthony Villatoro Esteban | Contador Público y Auditor | Secretario General y Secretario General Adjunto |
| Gloria Verna Guillermo Lemus | Abogada y Notaria | Secretaria General |
| Rita María Elizondo Hernández | Abogada y Notaria | Secretaria General y Secretaria General Adjunta |
| Martin Johnatan Sosa Recinos | Abogado y Notario | Secretario General Adjunto |
La designación debe ser realizada por la vicepresidenta Karin Herrera. Sin embargo, la funcionaria se encuentra desde el 6 y 7 de agosto en Colombia, donde participa en actividades relacionadas con la toma de posesión del presidente electo de ese país.
Hasta el momento, Comunicación Social de la Vicepresidencia no ha informado si Herrera dejó realizada la designación antes de viajar o si el nombramiento se realizará después de su regreso. Tampoco se ha detallado cuándo se dará a conocer oficialmente el resultado del proceso.
La SENABED es el órgano ejecutivo del CONABED y tiene la responsabilidad de administrar los bienes vinculados a procesos de extinción de dominio, incluyendo dinero, inmuebles, vehículos, empresas y otros activos relacionados con investigaciones por narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y crimen organizado, procurando conservar su valor mientras los tribunales resuelven su situación jurídica.
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