Eliminar un impuesto siempre produce aplausos. En un país donde la población siente que paga, pero no recibe servicios de calidad, cualquier alivio al bolsillo parece una buena noticia. Sin embargo, antes de celebrar las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), debemos preguntarnos si realmente resolvieron el problema o solamente trasladaron sus consecuencias.
EL PROBLEMA: Después del aumento salarial de los diputados y del deterioro de su imagen, el Congreso necesitaba recuperar popularidad. Modificar la Ley del IUSI parecía una buena oportunidad: un impuesto menos significa más dinero en el bolsillo de los propietarios y mayor simpatía para quienes aprobaron la medida.
El argumento encuentra respaldo en una población que durante años ha pagado impuestos sin verlos reflejados en calles, drenajes, alumbrado público, agua potable ni en servicios municipales eficientes.
Pero el IUSI es un tributo cuyos recursos permanecen en las municipalidades para financiar obras y servicios locales. La reforma beneficia a muchas familias, pero también reduce los ingresos de algunas comunas, especialmente de las grandes y urbanizadas, que podrían verse obligadas a limitar servicios, disminuir personal o suspender proyectos.
Por eso, la discusión no puede terminar con la desaparición del cobro. También debemos preguntarnos cómo se sustituirán esos recursos y cuál será el impacto para los vecinos.
¿QUÉ PASÓ? El IUSI era un impuesto mal diseñado y desactualizado. Fue creado cuando las propiedades valían mucho menos. Con el paso de los años, casas y terrenos aumentaron considerablemente de precio, mientras los registros municipales no siempre reflejaron ese crecimiento.
Durante mucho tiempo se declararon valores inferiores a los reales y se volvió frecuente consignar en las escrituras un precio menor al efectivamente pagado. Esto permitía reducir impuestos, pero también daba lugar a la omisión de información y exponía a propietarios, compradores, vendedores y notarios a incurrir en irregularidades.
Ahora esa situación está cambiando. La digitalización y los controles bancarios hacen cada vez más difícil ocultar el monto verdadero de una operación inmobiliaria. Si una casa se vende por una cantidad, pero en la escritura aparece una cifra menor, la diferencia puede quedar en evidencia cuando el dinero ingresa al sistema financiero.
La nueva legislación contra el lavado de dinero refuerza esos controles. Vender una propiedad y depositar el dinero no constituye, por sí mismo, un delito. El problema surge cuando el valor declarado no coincide con el monto recibido o cuando el origen de los recursos no puede justificarse.
Allí aparece una de las grandes contradicciones del IUSI: si todos deben declarar el valor real de sus propiedades, como corresponde, el impuesto podía elevarse exageradamente, pues muchos inmuebles valen hoy varias veces más que cuando fueron registrados.
NO SE VALE que aprobemos, celebremos o rechacemos leyes sin comprender sus efectos. Tampoco se vale utilizar una reforma de esta magnitud para obtener popularidad sin explicar cómo enfrentarán las municipalidades la reducción de sus ingresos.
Por eso, en el capítulo ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana entrevistamos a Edgar Barquín, quien cuenta con una amplia trayectoria en materia económica, bancaria y financiera, para que nos explicara lo bueno, lo malo y lo feo de las reformas al IUSI.
También conversamos sobre la nueva Ley contra el Lavado de Dinero, porque el valor consignado en las escrituras, los impuestos, los depósitos bancarios y el origen de los fondos están estrechamente relacionados. La modernidad exige transparencia, pero también normas tributarias acordes con la realidad.
YA ES HORA de analizar estos temas con responsabilidad. El IUSI era un impuesto desordenado y mal aplicado, pero su eliminación no resuelve automáticamente los problemas financieros de las municipalidades.
Las comunas deberán encontrar formas legítimas de generar ingresos y modernizar su gestión. Eso implica digitalizar catastros y trámites, facilitar los pagos electrónicos, reducir la burocracia, controlar sus gastos y rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
No se trata únicamente de crear nuevos cobros o despedir personal, sino de administrar mejor y demostrarle al vecino que su dinero se utiliza correctamente.
No podemos exigir transparencia del siglo XXI mientras conservamos impuestos y municipalidades que todavía funcionan como en el siglo pasado. La modernización debe ir acompañada de una tributación justa y razonable.
Que nos duela seguir aprobando soluciones fáciles para problemas complejos. Que nos duela premiar la improvisación, castigar la transparencia y exigir modernidad sin transformar nuestras instituciones. Que ese dolor nos mueva a vigilar, exigir y participar, porque un país no cambia con aplausos momentáneos, sino con ciudadanos responsables. Caminemos, participemos… o no avanzamos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
