Zúñiga explicó que el gobierno de Joe Biden ha dejado claro que están preparados para trabajar con quienes estén dispuestos a luchar contra la corrupción y promover esfuerzos para combatir la impunidad. La Hora/White House.

Esta tarde se llevó a cabo el webinar “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica: movilización de la profesión jurídica”, un diálogo como resultado de la evaluación anticorrupción para Latinoamérica en 2020 del Vance Center. En este diálogo participó el enviado especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de EE. UU., Ricardo Zúñiga y el abogado guatemalteco Alfonso Carrillo. Ambos concordaron en que la lucha anticorrupción en Guatemala se ha visto obstruida por intereses particulares de funcionarios.

Además, el funcionario estadounidense se refirió a la pausa de la ayuda que da ese país al Ministerio Público, remarcando que no pueden continuar trabajando con buena fe con alguien que no está comprometida con el Estado de Derecho, en referencia a la fiscal general, María Consuelo Porras.

CORRUPCIÓN QUITA OPORTUNIDADES PARA LOS HABITANTES

Zúñiga ha notado que la corrupción trae consigo consecuencias para los más vulnerables, obligando a la población a migrar. “Lo que vemos como resultado es migración masiva irregular y hay un vínculo directo entre la decisión de algunos actores de no priorizar esta responsabilidad y la falta de oportunidades en Centroamérica”, detalló.

Aseguró que la falta de oportunidad está vinculada a cuestiones de gobernanza y de confianza en la clase política.

Y aunque aclaró que esto “no es uniforme” entre los países del Triángulo Norte y cada uno es distinto, “es un tema muy real”, pues ha notado que “la falta de oportunidades como uno de los motivadores principales para la migración”. Del mismo modo observó impedimentos en mejoras para la vida de mexicanos y centroamericanos, lo cual “tiene que ver con la falta de trabajo político contra la corrupción y la impunidad”.

CENTROAMÉRICA DEBERÍA SER COMPETITIVA, PERO NO LO ES

Por otro lado, la corrupción e impunidad vuelven a los países poco atractivos para inversionistas. “La inversión doméstica también está restringida por una percepción que no es un campo bueno para la servidumbre de los negocios, donde hay decisiones importantes sujetas a manipulación política y también el efecto que esto reduce en la competitividad de Centroamérica”, argumentó Zúñiga.

Además, consideró que Centroamérica tendría que ser competitiva por su ubicación geográfica y por su relación con EE. UU., pero “lo que seguimos viendo es una incapacidad consistente para la población en general”


Zúñiga agregó que EE. UU. ha procurado brindar cobijo a sus aliados y se ha fundamentado que en los países demuestren viabilidad jurídica, Estado de Derecho y que los ciudadanos pueden creer que su gobierno les va a brindar justicia cuando se requiera, agregó que así la inversión sería más atractiva y habría mejores condiciones económicas a lo interno.

“En el Congreso, en los ejecutivos estamos en este esfuerzo importante para ligarnos al sector privado en particular para ayudar a quitar estas barreras. Es un esfuerzo a largo plazo para mejorar las condiciones”, concluyó el enviado especial.

RICARDO ZÚÑIGA REITERA FALTA DE CONFIANZA CON EL MP

El enviado especial del presidente Biden se refirió a la destitución de Juan Francisco Sandoval, hasta el viernes 23 de julio jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Él confirmó que Estados Unidos no puede confiar en la titular del Ministerio Público de Guatemala (MP) Consuelo Porras.

“Hablaron del caso de Juan Francisco Sandoval en Guatemala. Hoy el gobierno de Estados Unidos hizo algo inusual, declaramos la falta de confianza en un fiscal general. Desafortunadamente la fiscal general -Consuelo Porras- demostró que no podíamos continuar trabajando con buena fe con alguien que no está comprometida con el Estado de Derecho”, indicó.

Zúñiga mencionó que este tema no es fácil, además es necesario distinguir que la gobernanza en el país ha tenido un declive. “Menciono esto porque creo que es muy importante decir que estos no son temas fáciles, de ninguna manera. También es importante hablar del Estado de Derecho donde tenemos una relación; no es un tema político, la situación del Estado de Derecho y de hecho el declive de la gobernanza, especialmente en Centroamérica en años recientes está muy conectado a temas judiciales”, agregó.


CARRILLO: “PODEMOS DECIR QUE LA LEY ESTÁ CASI MUERTA”

Secundando la intervención de Zúñiga, el abogado Alfonso Carrillo comentó que Guatemala posee deficiencias en sus estructuras legislativas, judiciales y ejecutivas. Específicamente en el ámbito legislativo dijo que “hoy estamos en un país, donde de alguna manera podemos decir que la ley está casi muerta”. En relación con la destitución de Sandoval agregó que Consuelo Porras al ser responsable del cumplimiento de la ley y jurisdicción, es una de las actoras que ha disfrazado actos ilegales como lícitos.

“Nuestro propio presidente es responsable de velar porque haya jueces y magistrados independientes; nuestra misma fiscal general, como decía Zúñiga, pues Estado Unidos dijo ‘mire, yo no confío en usted’ porque ella que es responsable por el cumplimiento de la legislación guatemalteca ha venido constantemente en los últimos meses incumpliendo con ella, no velando porque se cumpla y más bien haciendo una serie de actos aparentando como si fueran legales”, comentó Carrillo.

EN UN ESTADO CASI CAPTURADO

Para Carrillo la realidad guatemalteca presenta un Estado casi capturado, donde los funcionarios ocultan actos espurios bajo acciones aparentemente legales. “Guatemala ha caminado tanto para atrás, que ni siquiera las normas y leyes básicas se cumplen. Estamos en un Estado casi 100% capturado”, señaló.

La captura del Estado la fundamentó en que el presidente Alejandro Giammattei tampoco vela por el cumplimiento de funciones de los demás organismos y de la ley. “Nuestro propio presidente de la República que es responsable de ver por el cumplimiento de la ley, no lo hace. Hace actos donde trata de vestir sus actos como que si fueran legales cuando en la realidad son ilegales”, sostuvo.

GUATEMALA EN EL ÚLTIMO LUGAR EN LEGISLACIÓN

Alfonso Carrillo también refirió que el Congreso de la República de Guatemala está “casi capturado”, donde se crean leyes que benefician a un grupo reducido. Lo anterior se reflejó en la evaluación anticorrupción 2020, específicamente en el apartado de “legislación” donde se posicionó como el peor país evaluado de la lista.


De ocho países considerados Guatemala es uno de los dos con calificación por debajo de los 6 puntos sobre diez, el otro es Panamá. Guatemala sumó en el rubro de legislación 5.50 puntos y el Vance Center opinó que “el marco jurídico anticorrupción es insuficiente para enfrentar la corrupción y existe una fuerte debilidad institucional”.

Además, en la evaluación se agregó que no existen leyes o políticas públicas específicas para la protección de denunciantes de la corrupción; solo existen incentivos económicos para extinciones de dominio. Destacaron que se detectó en este país “funcionarios públicos que llevan a cabo los esfuerzos anticorrupción existentes”.

Jeanelly Vásquez
Estudiante de periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y entre ratos podcaster. Creo en el feminismo y la lucha por la igualdad social; me interesa la política, medio ambiente y derechos humanos. Estoy comprometida con concienciar a mi generación sobre la importancia de una participación ciudadana activa.
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