Un estudio pionero de la Universidad de Stanford revela que las intervenciones políticas para detener la deforestación son más eficaces cuando se aplican en un orden determinado. Foto la hora: Europa press/Dpa.

Un estudio pionero de la Universidad de Stanford revela que las intervenciones políticas para detener la deforestación son más eficaces cuando se aplican en un orden determinado.

Asi, han desarrollado un plan de intervenciones públicas y privadas que podría ayudar a los países a revertir la destrucción de un recurso mundial precioso, según publican en la revista ‘Global Sustainability’.

«Detener la deforestación es un problema clásico de acción colectiva –afirma el autor principal del estudio, Paul Furumo, investigador postdoctoral en ciencias del sistema terrestre de la Escuela de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Medio Ambiente de Stanford (Stanford Earth)–. Aunque es alentador ver que nuevos actores públicos y privados se comprometen, tenemos que acelerar el progreso».

A pesar de la gran cantidad de compromisos empresariales, leyes nacionales y ayudas financieras internacionales destinadas a frenar la deforestación, ha ocurrido lo contrario, advierten. La pérdida de bosques en la última década fue mayor que la anterior, y la selva amazónica ha registrado un nivel récord de destrucción este último año.

Centrándose en la producción de productos básicos en Brasil, Costa Rica y Colombia, Furumo y Lambin se propusieron entender cómo una secuencia bien diseñada de intervenciones puede alcanzar los objetivos de conservación a un coste menor en regiones enteras en riesgo.

Los investigadores reconstruyeron la combinación de políticas de más de 60 intervenciones públicas y privadas de deforestación cero en cada país. Estas políticas se dividen en tres ámbitos: políticas públicas nacionales, incentivos financieros internacionales para reducir las emisiones terrestres e iniciativas de la cadena de suministro. Clasificaron cada intervención como medida desincentivadora, incentivadora o facilitadora, y anotaron cuándo se introdujo cada una en la combinación de políticas.

Históricamente, Brasil, Costa Rica y Colombia tendieron a empezar con medidas desincentivadoras o disuasorias, como la ampliación de las áreas protegidas y el endurecimiento de las consecuencias para los infractores, para frenar el desmonte de tierras, consolidar la frontera agrícola y disuadir la especulación.

Luego vinieron los incentivos normativos, como los pagos condicionados para proteger los bosques privados y la congelación del crédito agrícola en los condados con altas tasas de deforestación, para hacer más atractivo el cumplimiento de la ley.

El tercer paso fueron las iniciativas voluntarias, como el compromiso de 1.000 millones de dólares de Noruega a cambio de la promesa de Brasil de reducir la deforestación en un 80% para 2020. Este tipo de financiación climática internacional vinculada a los bosques ayudó a Brasil, Costa Rica y Colombia a emprender reformas institucionales más amplias.

Como último paso, los tres países están llevando a cabo intervenciones en la cadena de suministro basadas en el rendimiento, como las asociaciones público-privadas y la exclusión del mercado.

A partir de este patrón de intervenciones, Furumo y Lambin extrajeron varias lecciones generales para frenar eficazmente la deforestación. Así, señalan que la secuencia de políticas debe coincidir con la evolución de las amenazas o los motores de la deforestación, a medida que los bosques centrales se convierten en fronteras activas y, finalmente, en paisajes de producción. Dado que las infraestructuras no planificadas suelen iniciar este ciclo, un primer paso clave es canalizar estos proyectos lejos de los bosques intactos.

Además, advierten de que para frenar el desmonte en los bosques fronterizos se necesitan medidas de mando y control dirigidas por el Estado que aumenten los riesgos, como las multas, por la tala ilegal de bosques, así como incentivos, como los pagos en efectivo, para reducir los costes de oportunidad.

En etapas posteriores, recomiendan que las políticas deberían centrarse en acelerar la recuperación de los bosques. Las políticas de agricultura sostenible que amplían los modelos alternativos de producción, facilitan el acceso a las tierras no boscosas y crean más valor para los agricultores son fundamentales, ya que la mayor parte de las ganancias de la cubierta forestal se producen en los paisajes de producción fuera de las áreas protegidas.

Además, una secuencia deliberada de políticas ayuda a superar la resistencia de los actores poderosos con intereses creados y genera apoyo político para el uso sostenible de la tierra. Para ello es necesario forjar coaliciones en apoyo de medidas de conservación más sólidas, por ejemplo, ofreciendo incentivos para las prácticas forestales sostenibles antes de prohibir la tala de bosques.

Finalmente, recuerdan que «la tecnología es un aliado». Los avances, como los sistemas de vigilancia forestal por satélite, pueden respaldar las intervenciones mediante el seguimiento de la deforestación en las explotaciones agrícolas para apoyar la aplicación de la normativa sobre el uso de la tierra y los compromisos de deforestación cero por parte de las empresas.

Esto también abre nuevas oportunidades para las asociaciones público-privadas en las que las empresas asumen compromisos basados en el rendimiento y los gobiernos supervisan los avances, subrayan.

Agencia AP
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