Un caso menos mediático de corrupción

Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.com.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Oscar Clemente Marroquín
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En medio del alboroto que se produjo cuando la DEA desnudó la podredumbre que reina en la política de Guatemala, capturando a un candidato presidencial que pedía dinero al supuesto Cártel de Sinaloa y ayuda a los narcos para asesinar a los rivales más fuertes, la captura del doctor Jorge Villavicencio quedó como una anécdota entre el barullo que rodea el otro caso, realmente escandaloso. Sin embargo, si tuviéramos conciencia de lo que significa la negociación de esos pactos colectivos que suscriben ministros con pseudodirigentes sindicales, tendríamos que ponerle verdadera atención al proceso que, como tantos, se mantiene estancado y que tiene que ver con una enorme sangría de los recursos del Estado sin que, a cambio, la población perciba ni siquiera asomo de mejoras en el servicio.

Los pactos colectivos son un procedimiento de la negociación laboral que buscan mejoras en las condiciones de los trabajadores como resultado de acuerdos con los empleadores basados tanto en las necesidades de los empleados como las posibilidades de las empresas. El empresario nunca va a comprometer el futuro de su negocio negociando salarios fuera de sus posibilidades financieras y tampoco descuidará la productividad por ofrecer mejoras en las condiciones laborales, porque sería el fin de la empresa misma.

Pero los funcionarios negocian con pisto que no es de ellos y hacen chinche, como decimos corrientemente, porque no les importa un pepino dejar al país ensartado con obligaciones que no son sostenibles y tampoco les interesa en lo más mínimo el tema de la productividad que, en el servicio público, se tiene que traducir en eficiencia en los servicios, sobre todo cuando se trata de cuestiones tan sensibles como la educación y la salud, que es donde el saqueo ha sido inmisericorde.

Es cierto que preocupa la corrupción en Salud por la compra de insumos y medicamentos que ha sido fuente de negocio sucio desde hace muchos años. Pero no se puede pasar por alto esto otro, en lo que además de embarcar al país con compromisos insostenibles, los funcionarios todavía se aprovechen de los pactos para embolsarse pisto adicional.

El único sentido de esos pactos colectivos es tener a los Jovieles como fuerza de choque cuando haga falta una movilización para apoyo a los gobiernos corruptos e ineficientes. En educación el rendimiento va como el cangrejo y cada día estamos peor en ese sentido porque el maestro recibe mayores ingresos sin que, a cambio, deba ofrecer mejor calidad en su trabajo de formación de nuestros niños y jóvenes y eso no puede ni debe seguir así.

En Salud se sabe que así como los ministros pícaros se embolsan millones, hay empleados que ayudan a la corrupción sustrayendo medicamentos e insumos que luego comercian por su cuenta. Y como parte del pacto es la “protección” a los derechos de los trabajadores, éstos se convierten prácticamente en inamovibles, aunque sean los que roban en labor de hormiga o los que roban porque ni siquiera trabajan ni atienden a la población carente de salud.

Hace falta un sano precedente condenando a los pícaros que tienen de rodillas las finanzas del país. Lástima que el futuro de Villavicencio y sus cómplices quede en manos de un Ministerio Público que de actor pasó a ser estéril vigilante.