PARA ACABAR CON AMAÑOS

Tres abogados coinciden: reforma constitucional es necesaria y urgente

Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

Luego de que varias voces han manifestado la necesidad de una reforma constitucional al Sector Justicia, para acabar con los amaños de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, abogados coinciden con la urgencia de dicha reforma, sin embargo, advierten que debe ser cuidadosa para que no represente un retroceso al Sector Justicia.

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana indicó que la reforma constitucional es un tema acuciante y que tarde o temprano iba a aflorar, “el problema es que si se sigue dejando dormir puede tener consecuencias graves en perjuicio del país, de tal forma que su abordaje es casi imperativo, pero infortunadamente la clase política que tenemos y especialmente los que ocupan el Congreso con pocas excepciones no inspiran confianza”, señaló.

Orellana aseguró que no inspiran confianza por su falta de seriedad y porque su conducta reciente y anterior, “prácticamente nos ponen en guardia en su contra, lo que también me preocupa es el tema a tratar, léase la reforma del Sector Justicia, no es un tema que sea popular o de dominio de público, sino es de dominio de ciertas élites, entonces esto mismo nos convierte la situación compleja, pero no nos queda otra opción que entrarle”.

El abogado enfatizó que de seguir el sistema de administración de justicia tal como está, “sí puede producir un golpe estilo Serranazo, o de facto, que nos resulte todavía más grave de la situación que ahora enfrentamos”.

Añadió que ya existen propuestas de reforma constitucional al Sector Justicia que cumplen los requisitos mínimos, que ameritan algunos toques para actualizarlas y aplicarlas a las circunstancias que ahora vivimos.

ES URGENTE E IMPORTANTE PARA EL PAÍS

Por su lado, el abogado Pedro Ixchíu aseguró que la reforma a la justicia constitucionalmente, es una urgencia, una necesidad y un asunto importante para el país.

“Creo que aparte de revisar la reforma de justicia, esto incluye revisar el fortalecimiento de la carrera judicial, la posibilidad de apertura de Corte Suprema, y la posibilidad de ampliar la duración de los puestos, hay muchos temas pasando especialmente por el reconocimiento de la jurisdicción indígena”. dijo Ixchíu.

Asimismo, indicó que el reconocimiento de la jurisdicción indígena existe y no es terquedad de nadie, “la reforma constitucional se quedó entrampada, es más el artículo 203, se quedó estancado porque lo que hubo fue temor de las elites y no hubo voluntad, está claro, el Congreso en su conjunto no tomó la decisión inteligente”.

Para Ixchíu, la reforma constitucional que se discutió en el 2017, está suficientemente planteada, debatida y discutida, “la propuesta que se presentó fue validada, hubo mesas de discusión en diferentes regiones del país, hubo un espacio de diálogo y discusión de los diferentes sectores, y una discusión a lo interno de los mismos grupos de la sociedad civil que se involucraron en la reforma, me atrevo a decir que es el único proceso en la historia de Guatemala en donde la población ha discutido qué Constitución quiere, es un proceso legítimo”, aseguró.

DEBE SER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SENSATA

El abogado Alejandro Balsells, dijo que lo primero es que hay que tener mucho cuidado siempre que se habla de reformas constitucionales, porque definitivamente puede pasar lo mismo que en los años 1993 y 1994 donde la reforma por salir de un proceso político representó un “retroceso terrible” de lo que era la Constitución y el sistema.

Sin embargo, consideró que es claro que el país no puede garantizar la legitimidad de su sistema judicial e incluso buena parte de su sistema legislativo. “Yo creería que si se puede discutir y debatir, una sensata reforma constitucional, pero que se tenga antes cuales son los objetivos”.

En ese sentido si se está hablando de una reforma constitucional al sector justicia deben ser seis los objetivos claros: eliminar las Comisiones de Postulación, quitarle al Congreso el poder de elección de magistrados de Cortes de Apelaciones, quitarle a la Corte Suprema de Justicia el poder administrativo sobre el Organismo Judicial y establecer un Consejo de Judicatura, garantizar carrera judicial, la especialización de jueces y magistrados, y reformar la integración de la Corte de Constitucionalidad.

Aunque esto es para el sector justicia a nivel orgánico, porque también se debe de discutir el derecho indígena que debe retomarse en el país “y eso a la gente no le gusta, a la élite capitalina no le gusta esas cuestiones, pero yo no veo un sistema de justicia que no pase por esa discusión” dijo el abogado.