Por María España
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La Corte de Constitucionalidad (CC), informó ayer en horas de la tarde que, recibió una denuncia por la vía procesal “amigos de la Corte”, en donde se señala que el abogado Alfonso Carrillo ha accionado ante la CC pese a que pudo haber estado fuera de Guatemala cuando inició sus planteamientos.

Sin embargo, durante esta misma semana, dicho Tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto por Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, ambos señalados en el caso de financiamiento irregular del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Sin embargo, estos fueron declarados prófugos de la justicia desde 2019.

En este sentido, tanto Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Álvaro Montenegro, analista de Alianza por las Reformas, y Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explicaron a La Hora la diferencia en los casos de Mario y Rodrigo Leal, y lo ocurrido con el abogado Carrillo.

AxR: CC ATACA A DEFENSORES DE INSTUCIONALIDAD

A decir de Álvaro Montenegro, de Alianzas por las Reformas, la resolución deja en evidencia las intenciones de la nueva CC de arremeter contra personas que luchan contra la impunidad. Además, señaló que el abogado Carrillo ha presentado numerosas acciones en favor del Estado de Derecho.

“La CC llegó con una agenda de atacar a todas las personas que luchan contra la impunidad, que es el mandato que el gobierno y las élites del país tienen. Eso conlleva a atacar y criminalizar a quienes han defendido la institucionalidad.”, aseguró.

Además, refirió que en esta misma semana que fue favorecido el caso de Mario y Rodrigo Leal, así también fue aprobada la Ley de ONG’s. En este sentido, señaló que el máximo Tribunal está “retorciendo la ley”.

“A Leal lo favorecen, que es una persona muy poderosa del país y que tiene muchos vínculos políticos y le aceptan su acción. Mientras que en el otro caso que es una persona que no tiene ningún sentido argumentar que está fuera (del país) no tiene capacidad de actuar.”, expresó.

Álvaro Montenegro de Alianza por Reformas, se refirió a ante el tema Foto La Hora/Archivo.

Asimismo, puntualizó que, tanto de la actual Corte como la Fiscal General, Consuelo Porras, se ve “complacencia” para desfavorecer a personas que han presentado amparos y acciones legales, así como funcionarios como Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), incluso la jueza Ericka Aifán, la exmagistrada Gloria Porras y el Consejo Superior Universitario (CSU).

“Vemos que toda esta estrategia de criminalización está apuntando al abogado Carrillo.”, concluyó.

CIEN: DEBEN TENER MANDATARIO EN GT

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que los memoriales presentados a nivel judicial pueden ser por parte de un abogado “a ruego” del solicitante.

“La ley establece que, si alguien se ausenta del territorio nacional, tiene que dejar un mandatario debidamente facultado para que lo represente. El ruego a un abogado solo puede ser solo dentro del territorio nacional.”, detalló.

Refirió que Carrillo debería tener un mandatario, y de no tenerlo, no puede gestionar hasta que lo obtenga o envíe uno desde el extranjero. Aseguró que esto aplica también al caso de Mario y Rodrigo Leal.

“Es una norma elemental, que si salgo del país no puedo estar pidiendo a un abogado en Guatemala que gestione temas si yo no estoy en Guatemala, salvo que tenga un mandato mío.”, puntualizó. Además, aclaró que desconoce cómo gestiona Leal. “Debe ser precisado si están utilizando un mandatario.”, mencionó.

Francisco Quezada del CIEN, explicó la situación Foto La Hora

CEG: EMPIEZA COOPTACIÓN DE LA CC

En la misma línea, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), señaló que, desde el principio, se dijo que el nuevo pleno de la CC fue electo para “favorecer intereses de impunidad y espurios”. Añadió que también fueron designados para “no ponerle límites efectivos constitucionales al poder”.

“En este momento del país no solo no hay división de poderes, que están cooptados por un mismo grupo de personas como el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que ahora el órgano que debería poner límites para garantizar nuestros derechos, nos acaba de dar una muestra de que ha sido cooptado también.”, destacó.

El abogado puntualizó que el modelo constitucional de Guatemala es de garantía, y aseguró que la CC no tienen ningún tipo de atribución para averiguar los movimientos migratorios de las personas ni para indagar dónde se encuentra.

“Estamos presenciando, al parecer, el inicio de la cooptación total del Estado, que implica incluso la persecución de abogados independientes y del libre ejercicio de su profesión.”, mencionó.

El abogado Oswaldo Samayoa explicó que el modelo institucional de Guatemala es de garantía.  Foto La Hora

Además, el analista refirió que la persona que viaja a otro país puede dejar documentación legal firmada, y que alguien más lo presente. Señaló que existe la herramienta de casillero electrónico, permitiendo que desde cualquier país se envíen documentos, porque se utiliza una firma electrónica.

“Estamos frente a jueces que están entrometiéndose en la vida privada de una persona cuando no tienen esas competencias. También están en un absurdo de interrumpir y bloquear procesos por actos inválidos cuando se tiene incluso los casilleros electrónicos.”, aseveró.


Maria España
Estudiante de periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, interesada en temas de derechos humanos y medio ambiente. Comprometida con la memoria, verdad y justicia. Integrante de la 5ta generación de RedLATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.
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