Transparencia u opacidad

Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

Este vespertino publicó en su edición del día de ayer jueves, una noticia y un reportaje que plasman, en su conjunto, la importancia de mantener como una obligación de los partidos políticos el reportar: a) El monto de los aportes de las personas individuales o jurídicas que han efectuado los aportes de cualquier naturaleza en el caso de los partidos políticos durante los últimos dos años…; y b) El monto de las aportaciones de las personas individuales o jurídicas que han efectuado aportaciones de cualquier naturaleza para el proceso electoral en el que participan.

Ambas literales que forman parte del artículo 21 Quinquies de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que obligan a los Partidos y Comités Cívicos a dar publicidad al financiamiento que reciben, se transformaron en noticia de primera plana, cuando se supo que el partido político TODOS, pretende, mediante una reforma a la referida ley, la eliminación de dichas literales, bajo el argumento de que las obligaciones que contienen perjudican a los partidos porque sus financistas por temor y por seguridad se abstendrán en apoyarlos económicamente.

Por otro lado, en un reportaje en sus páginas interiores, la Redacción de La Hora, repasa con detalle la declaración de Eduardo José Liu Yon, colaborador eficaz del denominado Caso Arca y exdirectivo del Banco de los Trabajadores, quien proporcionando nombres, cantidades y modus operandi, relacionó un buen número de “aportaciones” que exdirectivos del referido Banco hicieron, en efectivo, mediante cheques a interpósita persona o a través de testaferros o sociedades anónimas, a distintos partidos políticos y candidatos con el propósito, según la declaración del colaborador eficaz, de mantener en su posición y con las prebendas del caso y del cargo, al entonces Presidente de la citada entidad bancaria, dado el derecho que tiene el Estado de designar al mismo, dentro de dicha institución.

El reportaje y la declaración que no tiene desperdicio, debiera ser suficiente no solo para continuar líneas de investigación en ese y en otros procesos, sino también, para constituirse en lapidario argumento del por qué debe de transparentarse aún más la política en Guatemala, mediante facilitar la identidad de cualquier contribuyente o aportante de un partido político, como garantía, no solo de la idoneidad del donante, sino también como prueba de la ausencia de intereses espurios en las aportaciones que se puedan efectuar a partidos políticos, comités cívicos o candidatos de toda índole.

Como ciudadanos debemos oponernos a cualquier intento de los políticos para volver a las prácticas del pasado. Probado está que la opacidad genera oportunidades a los corruptos y a los traficantes de influencias, si alguien desea aportar a una campaña o al algún partido puede hacerlo, está en su derecho de contribuir a lo que considera lo mejor, la trasparencia del acto impedirá que su donación se transforme en un certificado de canje, el cual toda la sociedad termina pagando.