Tigo insiste con recursos en caso de sobornos

La Sala Primera de Apelaciones rechazó un amparo interpuesto por la empresa Tigo. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Sala Primera de Apelaciones rechazó un amparo interpuesto por la empresa Tigo, con el que buscaba que el Juzgado de Diligencias Urgentes no autorizara acciones judiciales a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dentro del expediente en el que se investiga supuestos sobornos entregados a diputados del Congreso por esa entidad.

Con esta decisión de dicha judicatura, la empresa recibió un revés, sin embargo, esta ha manifestado interés en el proceso, a pesar de que inicialmente la Corte de Constitucionalidad (CC) solo le otorgó la calidad de interesado dentro de la carpeta judicial.

Anteriormente, la empresa también intervino en el caso, esto al haber interpuesto una recusación en la que la Sala Segunda de Apelaciones, la cual, argumentando sanidad procesal, trasladó el proceso del Juzgado Noveno de Instancia Penal, a cargo del Silvia Morales, al Juzgado Décimo de Instancia Penal, dirigido por Víctor Cruz.

En esta última judicatura, la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció un conjunto de anomalías en las que pudo haber incurrido el juzgador a cargo, señalando que él le otorgó la calidad de sujetos procesales a esa entidad en el caso, a pesar de que la CC solo le había reconocido un interés en recurrir en ciertos actos que los afectaba directamente.

FISCALES

Por otra parte, el Juzgado Cuarto Instancia Penal, confirmó que las diligencias de investigación continuarían a cargo del fiscal de la FECI, Luis Mejía, y no admitió un amparo de Tigo con la que buscaba que el investigador fuera apartado del caso.

Asimismo, el fiscal también dijo que las mismas personas que se encuentran aparentemente implicadas en las pesquisas han interpuesto denuncias de tipo penal, esto a raíz de la presentación de ese expediente judicial.

CASO

Las investigaciones realizadas implican a un conjunto de diputados, que presuntamente recibieron sobornos, a cambio de que se aprobaran determinadas leyes. Las pesquisas, señalan que los congresistas recibían órdenes para ello de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

En ese contexto, la FECI explica que los legisladores recibieron pagos cada dos meses por Q50 mil y que bajo ese mecanismo se aprobó una ley que benefició a la empresa Tigo, la cual entregó, según las averiguaciones, las coimas a través de sus personeros, entre ellos el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares.

Por esa razón, la Fiscalía ratificó que se le retire el derecho de antejuicio a los diputados Estuardo Galdámez, Haroldo Quej, Juan José Porras, Boris España, Gustavo Medrano y Marco Antonio Orozco.