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Grupos de poder están atrás de prolongar las funciones de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, que por ley tienen que entregar sus despachos el 13 de octubre entrante. Prolongar las funciones de los togados es inconstitucional y seria a decir de expertos en materia constitucional “un Golpe de Estado técnico” que obliga al guatemalteco a evitar una acción de esa calaña...