APOYAN A LA MAGISTRADA CLAUDIA ESCOBAR

Sociedad civil presenta nueva acción contra elección de Cortes

POR ACISCLO URÍZAR
aurizar@lahora.com.gt

Esta acción se suma al rechazo de organizaciones nacionales e internacionales que muestran su preocupación ante la manera poco transparente en la que se realizó el citado proceso.

Hellen Mack, de Fundación Myrna Mack, declaró que presentan este recurso en respaldo a la magistrada Claudia Escobar –quien renunció y denunció anomalías en el proceso–, pues la profesional en mención demostró que aún hay jueces que tienen dignidad y están dispuestos a pelear por su independencia judicial.

“Estamos presentando un resumen de todas las anomalías que hubo en el proceso y que fueron denunciadas. Los recursos que se interpusieron antes fueron preventivos. Ahora vamos a interponer un recurso, resaltando las denuncias que hizo la magistrada Escobar”, expuso Mack.

La activista dijo que están pidiendo la revocatoria de todo el proceso, porque a su criterio estuvo viciado desde el principio. Según la entrevistada, el Congreso al elegir a los magistrados –los pasados 25 y 30 de septiembre– avaló todas las irregularidades que se mostraron al inicio de la postulación de la elección.

Dentro de esas anomalías encontradas destacan el irrespeto a la carrera judicial, las influencias externas, además que no se calificó adecuadamente a los aspirantes porque fue a base de ternas, no con toda la Comisión de Postulación y la no consideración de todos los aspirantes, expresaron los interponentes.

Por otra parte, Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, explicó que decidieron presentar este recurso de amparo contra el Legislativo y no en contra de la Comisión de Postulación, porque el Congreso fue cómplice en las anomalías del proceso, pues avaló todo el trabajo realizado por la postuladora y fueron los diputados los que nombraron a los jueces de la Sala de Apelación y a los magistrados de la Corte Suprema de Justica.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Organizaciones internacionales y regionales que han apoyado la lucha por garantizar el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, informaron a través de un comunicado que les preocupa la forma cómo se han estado realizando los procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones.

Los principios básicos relativos a la Independencia de la Judicatura y el Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen que los procesos en mención deben orientarse a la evaluación objetiva y las capacidades personales y profesionales de los aspirantes, señalaron las organizaciones.

Por último, lamentan que las Comisiones de Postulación, así como el Congreso no estén cumpliendo con los estándares de derecho internacional aplicables.

Entre los firmantes se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Open Society y la Fundación para el Debido Proceso.


DEFICIENCIAS

En concreto, algunas de las serias deficiencias constatadas por organizaciones internacionales:

1. Las tablas de gradación para calificar a las y los postulantes se basaron principalmente en la cantidad de años de servicio, absteniéndose de evaluar su calidad y capacidad profesional.

2. No se realizó un trabajo de verificación serio de la información aportada por las y los candidatos.

3. Faltó claridad sobre las razones para la desestimación de la mayoría de las objeciones (tachas) que fueron presentadas por diversos actores en contra de numerosos postulantes.

4. Faltó claridad sobre cómo se calificó el requisito de “reconocida honorabilidad”.

5. Faltó un razonamiento público del voto por parte de los comisionados.

6. Las entrevistas no se realizaron de una manera seria: la comisión para las salas de apelaciones no hizo entrevista alguna y la comisión para la Corte Suprema organizó entrevistas de 5 minutos de duración por postulante, tiempo insuficiente para evaluar sus capacidades.

7. Se acortó el plazo previsto legalmente para presentar objeciones por parte del Congreso de la República.