Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Calos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

post author

Luis Fernández Molina

Que conste que no lo digo yo ni tampoco lo están diciendo algunos clientes disgustados, lo dice uno de ellos, uno que lo vive repitiendo en sus constantes anuncios “sin cobros escondidos”. No digo el nombre del banco porque es amigo. ¿Qué insinúa? Acaso que es común que en los manejos crediticios se cuelen algunos cobros disimulados. Tal vez sí, sobre todo con las tarjetas de crédito.

Pero antes de entrar a la fase de crítica quiero hablar de algunas bondades de las tarjetas. En primer lugar brindan un servicio primordial, realmente esencial, en el desarrollo de la vida moderna. No podemos imaginar un cotidiano quehacer sin el auxilio de los pagos plásticos. Por otro lado las entidades financieras deben montar un andamiaje complejo y una logística bien desarrollada para el manejo de los pagos. Y ello es caro como son los constantes esfuerzos por mejorar los servicios, justo es decirlo.

También quiero decir, en abono de los bancos que hay por allí mucha gente pícara que está buscando recovecos para realizar sus fechorías. Ello exige una constante vigilancia que también es cara. No quita que más de algún malandrín se salga con la suya y ello resulta en más gastos. Hay también hay morosos “de buena fe”, gente que sencillamente no sabe administrar su patrimonio y cuando se percata ya la deuda los ha engullido; son las famosas deudas incobrables de la que también salen afectados los bancos. También es cierto que en esas abultadas cifras rojas que los emisores cargan algunos intereses y otros recargos que fácilmente duplican el capital original. A veces de manera inexplicable. Para alguien que hizo pagos por cinco mil quetzales a la vuelta de seis meses resultan ser veinte mil que el emisor querrá cobrar pero sin mayores posibilidades, ni con cobradores especializados. En todo caso la legislación bancaria impone al prestamista la obligación de calibrar las posibilidades de pago de sus deudores.

Preguntaba a un amigo que trabaja en una de esas empresas por qué el cobro anual de membresía y por qué si uno reclamaba le hacían el extorno. Me contestó que esa membresía casi siempre se cobra y en efecto, si alguien se quejaba se la quitaban pero muchísima gente no se percataba o no protestaba y ahí le caía el cargo. Imaginen a mil clientes que no exijan el descargo de dicha cuota de 500 quetzales, eso suma 500,000 quetzales. Sólo de ese rubro. Algo parecido sucede con los cargos por moras y “otros recargos”.

Empezamos claramente la fase de críticas y creo que la mayor de todas es la falta de transparencia, de claridad, de información. Varias iniciativas proponen limitar las tasas de interés. Tienen algunos puntos meritorios como la relación que pueden tener los créditos con la usura, esto es el aprovechamiento de una circunstancia especial del deudor. Pero la operación de la tarjeta de crédito tiene otros perfiles y el único peligro real sería un pacto comercial entre las emisoras imponiendo unas altas tasas de interés como piso. Pero en un marco de abierta competencia las empresas son libres de ofrecer productos en mejores condiciones que las otras.

Que cobren interés alto, pero que lo digan claramente en textos claros y no en la “letra pequeña.” Serán las reglas del juego y el cliente decidirá qué servicios contrata. Que informen constantemente que en caso de mora, aunque sea de un día, la penalidad es de Q300.00 o Q500.00, y que los intereses moratorios serán de tanto. En todo caso que haya congruencia entre los consumos y los saldos para evitar aquellas cuentas del gran capitán a que arriba hago referencia.

Luis Fernandez Molina
Estudios Arquitectura, Universidad de San Calos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.
Artículo anteriorLa docencia y las Comisiones de Postulación
Artículo siguiente¿Representantes del Pueblo, de Dios o del Crimen Organizado?