La disputa por el dominio de corredores de tránsito de droga hacia el exterior, así como territorios de comercialización interna estarían, según especialistas en seguridad, detrás de la crisis carcelaria que atraviesa Ecuador y que provocó una sangrienta pelea entre bandas que dejó 118 muertos y 79 heridos.
Los efectos de haber permitido la formación progresiva de un «autogobierno» de las bandas delincuenciales en las cárceles le está pasando factura a un Estado «debilitado» frente al crimen transnacional que la ha sobrepasado, aseguró a The Associated Press el analista político-militar, Luis Hernández.
El sanguinario episodio del martes en la penitenciaría del Litoral tiene que ver, a su criterio, con una «disputa táctica interna». «El primer control de espacio es el territorio de la cárcel y una vez controlado continúa hacia el exterior donde los carteles rivalizan por el mercado por vendetas, por deudas, por incumplimiento de entregas, dinero» y eso se refleja en las calles, donde se vive un «sicariato masivo», opinó el general de Ejército retirado.
La Fiscalía de Ecuador indicó por la tarde en Twitter que la policía judicial y criminalística trabaja «en la identificación de cadáveres de las personas privadas de libertad asesinadas», aunque no divulgó ninguna cifra sobre cuántos ya han sido identificados y entregados. Tannya Varella, Comandante de Policía, indicó a su vez ante la prensa que «podrían existir otros cuerpos dentro del centro penitenciario o también podrían fallecer personas que están heridas».
La policía realizó un operativo de requisar armamento y otras evidencias. Por la noche actualizó la cifra de víctimas —dos más de las que se tenían al inicio de la jornada— e informó en un tuit que se decomisaron tres pistolas, 25 armas blancas, más de 400 municiones, explosivos y varias dosis de droga.
Muchas condiciones harían de la nación andina un territorio apetecido para las organizaciones de narcotraficantes que operan con brazos locales. Entre ellas, una buena infraestructura vial, tres puertos internacionales marítimos, dos aeropuertos internacionales, líneas de comunicación que no son tan extensas y eso lo hace un buen lugar de «tránsito y embarque» de droga, consideró Hernández.
Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, coincide en que el crimen organizado transnacional «ha penetrado en la estructura del Estado ecuatoriano» y es más específico al señalar a dos cárteles mexicanos que han extendido sus tentáculos en las cárceles: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, afirmó en diálogo con la AP. Explica que las disputas en los centros penitenciarios «se desarrollan en gran parte por la actividad del narcotráfico, por los corredores que atraviesa el país: el corredor del Pacífico y el corredor amazónico».
El problema del microtráfico de droga también se refleja en los hechos de violencia e inseguridad que se vive en diversas ciudades del país, especialmente de las provincias costeras, por «altos niveles de sicariato», dijo Pazmiño. Estamos frente una «grave» realidad, pues al igual que en países como México se estarían formando ya en Ecuador «escuelas de sicariato».
En las cárceles hay, además, un negocio encubierto, considera el excoronel del Ejército, lo que implica que «cada objeto que entra beneficia a esta maquinaria del crimen organizado». Las mafias se caracterizan porque «su principal accionar es a través de los centros carcelarios», concluyó.
En su informe más reciente sobre la situación de las drogas, la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) señaló que los cárteles colombianos utilizan a Ecuador, junto con Venezuela, como un punto de transbordo para los cargamentos de cocaína con destino a Centroamérica, el Caribe y México.
Según la DEA, los grupos colombianos conservan grandes cantidades de cocaína en áreas remotas de Ecuador mientras se espera el transporte aéreo y marítimo que se llevará la mercancía. Además, de acuerdo con el reporte de la agencia, cárteles mexicanos suelen enviar representantes a Sudamérica, incluido Ecuador, para coordinar los cargamentos de cocaína.
Itania Villarreal, exdirectora Rehabilitación Social, se suma en un diagnóstico que parte de «la pérdida de un principio de autoridad del sistema penitenciario». Villarreal explicó a la AP que las personas privadas de libertad buscan infundir el «pánico social» para lograr «espacios de poder no solo en el territorio carcelario, sino un poderío de la actividad del narcotráfico» y citó a grupos como «los choneros», «los largatos», entre otros así autoidentificados.
«Las mafias del narcotráfico se están apoderando de las cárceles del país», lamentó la experta, por lo que llamó al gobierno a priorizar una estrategia integral que ponga énfasis «no solo en los centros penitenciarios, sino que vea lo que sucede en las calles, a donde se ha trasladado la cultura de decapitados, encostalados», en suma, la violencia de la delincuencia organizada, opinó.
El último enfrentamiento en la cárcel de Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en Twitter recordó que «los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia». La CIDH instó al Estado ecuatoriano a realizar una investigación diligente e implementar acciones de prevención para evitar una «repetición» y frenar «el accionar de grupos criminales» en sus cárceles.
La Policía y las Fuerzas Armadas continuaban el jueves en operativos de requisa al interior de la penitenciaría del Litoral, donde se encontraron celulares y artefactos explosivos, informó la Policía Nacional. En tanto, en los exteriores del centro de rehabilitación y la morgue, familiares de los reos esperaban información acerca de sus allegados.
