Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Elegir implica escoger, pero ese detalle no se dará en estas elecciones porque es evidente que se han movido todas las piezas habidas y por haber para impedir la participación de quien pueda significar un riesgo para la supervivencia del podrido sistema político que con mucha habilidad logró reagruparse tras el desbarajuste que significaron los golpes propinados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público al iniciar investigaciones sobre la corrupción en el país en el año 2015. La coincidencia de miedos comunes permitió la conformación de un amplio pacto que se ha mostrado eficiente y poderoso para resistir las embestidas y que a estas alturas ya logró acabar con la CICIG y controlar para sus intereses el Ministerio Público, dirigido por una fiel operadora de los grupos de poder. Ese pacto está bien aceitado por el recurso de quienes, sin dar la cara, se benefician de los acuerdos que ahora son posibles gracias a esta nueva manera de cooptación de las instituciones.
Los guatemaltecos sabemos mucho de las diversas formas en que se pueden realizar fraudes electorales. El diccionario define fraude como acción contraria a la verdad y la rectitud, y ahora estamos en presencia de esa forma de burlar a la voluntad popular porque mediante acciones contrarias a la verdad y la rectitud se intenta impedir el derecho del pueblo a elegir, a escoger a sus autoridades en absoluta libertad y sin intromisiones del poder público para inclinar hacia uno u otro lado la balanza.
Por ello es que yo vengo insistiendo que estamos viviendo bajo la dictadura de la corrupción que ya impera a sus anchas en el país porque mediante el control de las diversas instituciones, los poderes fácticos logran hacer lo que les da la gana y la mejor muestra es cómo han utilizado la institucionalidad del país para ir marginando a quien pueda representar algún riesgo para sus intereses.
No se trata de una dictadura dirigida por un caudillo como puede ser el caso de la Venezuela de Chávez y su heredero o el de Nicaragua con los Ortega Murillo. Aquí son poderosos sectores que se han unido para defender un modelo que les ha resultado extremadamente rentable porque llevan años de saquear los recursos públicos para su propio beneficio y de poner al Estado al servicio de quienes no podrían vivir sin la protección de sus desmedidos privilegios.
En otras palabras el ciudadano tendrá que elegir, si quiere, entre quienes no representan peligro para un sistema prostituido por la corrupción que lo pudrió hasta sus cimientos y que sigue haciendo estragos porque se logró rescatar la impunidad que había sido el puntal de los pícaros para operar como les venga en gana. El ataque a la CICIG y la recaptura del Ministerio Público no son obra de la casualidad sino resultado de una bien definida estrategia que implicó lograr el beneplácito del poder hemisférico gracias a la jugada del traslado de la embajada en Israel.
Todo se ha ido ejecutando bajo la premisa de la indiferencia ciudadana y falta ver si también en eso dieron en el clavo.
