En la sociedad moderna es innegable que se necesita un Estado para poder convivir. El debate ideológico se centra entre la postura “reduccionista” del Estado y los que tienen la postura “maximalista” del mismo. Así, la postura reduccionista, establece en términos generales, que el Estado debe ocuparse únicamente de seguridad, justicia y el cumplimiento de los contratos. La postura maximalista, en términos generales, sostiene que el Estado debe ser más intervencionista en la economía, regulando la actividad económica e inclusive participando como ente activo en el mercado. Así las cosas, todos los países no giran en uno u otro sistema en forma “pura”, pero el debate se cierne entre esas posturas generales y un sinfín de posturas en el medio.
En el punto medio de estas posturas está la mayoría de personas que creen que la sociedad actual es tan compleja y que es inevitable la necesidad de crear normas jurídicas y entes de control en muchas materias que sin ellas no se pudiere vivir en sociedad o incluso, en muchos casos, contrario a la lógica común, se generarían pérdida de bienestar social por abusos del actuar privado sin control. Por otro lado, son importantes los órganos de control del poder público para poder evitar la concentración del poder. El debate en esta materia continúa y pareciera no tendrá fin.
Sin embargo, lo que casi nadie cuestiona es que el Estado “en lo que haga” debe ser eficiente y funcional. Sea que tenga una mayor injerencia o menor en la economía, su actuar debe procurar ser eficiente y promover valor social por medio de la provisión de los servicios públicos que presta. En términos de jerga en gestión pública, un Estado debe tener suficiente “capacidad estatal”. Es decir, el Estado debe tener la habilidad y los recursos para llevar a cabo sus funciones y objetivos, como implementar políticas públicas, resolver problemas sociales y garantizar la seguridad. Se trata de la capacidad efectiva de las instituciones estatales para cumplir sus tareas de manera eficiente y legítima. Esto incluye recursos humanos capacitados, recursos financieros, infraestructura y tecnología para llevar a cabo las tareas estatales.
La capacidad estatal es fundamental para el desarrollo de un país y para el bienestar de sus ciudadanos. Un Estado con una alta capacidad estatal es capaz de responder a las necesidades de la población, garantizar la estabilidad social y promover el crecimiento económico. Los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros centros de pensamiento han logrado comprobar que entre mayor capacidad estatal tiene un país mayor desarrollo económico y poblacional. Así, esta correlación se puede apreciar en el “State Capacity Index” de 2023 (con datos de entre 1960-2015) en el que fácilmente se puede ver que los países con un índice mayor son países con mayor desarrollo y los que menos capacidad estatal tienen en el índice son países en vías desarrollo o subdesarrollados.
Los EE. UU. es una sociedad que ha emprendido enormes preseas. Para mediados del siglo pasado habían construido las obras de infraestructura y construcción más grandes del mundo, tales como la Presa Hoover, el Empire State Building, el Erie Canal, los puertos más grandes de su época y el metro más grande del mundo en New York. Esto solo por mencionar algunos. Aparte habían logrado realizar enormes descubrimientos como el uso de la energía nuclear, el aire acondicionado e incluso llegar a la Luna a través de la NASA. Crearon a través de una alianza entre centros de investigación de universidades y el sector público un sistema de donaciones (“grants”) para poder realizar investigación científica para poder luego licenciarla al Estado, a la industria militar y luego a la empresa privada para darle sostenimiento a la economía más pujante nunca antes vista.
Crearon a través de esas alianzas público privadas un sistema de investigación de salud a través del National Institute of Health proveyendo fondos para investigación a universidades que es la envidia del mundo por sus innovaciones, el cual apenas hace 5 años nos proveyó la vacuna contra una enfermedad mortal en tiempo récord.
No obstante lo anterior, con asombro he podido apreciar lo que está ocurriendo en EE. UU. en los últimos meses. La Administración Trump a través del Department of Government Efficiency (DOGE) ha encargado a Elon Musk y su equipo de nerds informáticos el fin loable de “reducir el gasto estatal” y el “desperdicio” de los fondos públicos en la cual se han ensañado con la administración pública con el afán, inicialmente, de reducir dos billones de dólares el presupuesto federal ($2 trillones en inglés) para el 2º semestre del año 2026. Recientemente, reducidas sus expectativas a reducirlo en únicamente $150 millardos ($150 billones en inglés). Para ello ha ido “rondando” las instituciones y despidiendo indiscriminadamente todo tipo de personal “redundante” (a su juicio) o que esté en período de prueba (recién ascendidos) que haga viable despedirlos y obviar las protecciones legales del servicio civil. Así, ha diezmado instituciones como el Departamento de Estado y USAID (y, con ello, la capacidad de ejercer “soft power” en el mundo), la Autoridad de Aviación Federal (FAA), la Autoridad Oceánica y Atmosférica Federal (o NOAA en inglés), el Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFBP), el Departamento de Agricultura y el Panel de Relaciones Laborales Nacional (o National Labor Relations Board (NLRB)) y así un sinfín de instituciones. Adicionalmente a ello, otras instituciones como el National Institute of Health y el Centro de Control de Enfermedades (CDC) están siendo diezmados de sus mejores investigadores para “reducir el gasto” y alinearlos con los intereses de la nueva administración.
Cada día se reportan más los costos a largo plazo de los “orificios” que está cavando Elon Musk en la institucionalidad del país y su purga del servicio civil. Así, por ejemplo, se ha reportado que los despidos de auditores en el Servicio de Recaudación Interno (o IRS) están supuestamente causando a largo plazo pérdidas y aumento del déficit de $500 millardos en impuestos que se perderán por la ausencia de fiscalización. Supuestamente en aras de la eficiencia, está haciendo “eficiente” la evasión fiscal.
Ahora para los observadores informados, está claro que este esfuerzo deliberado de destrucción de “capacidad estatal” tiene múltiples objetivos no explicitados por sus proponentes. Por un lado Elon Musk aviesamente está destruyendo la capacidad de las autoridades que regulan sus negocios principales, Tesla, X, Starlink y SpaceX. La destrucción de las oficinas enumeradas anteriormente tiene el loable objetivo de reducir el gasto “innecesario” pero en realidad está afectando y capturando la capacidad de dichas entidades de regular las actividades en las que éste tiene interés, así la FAA le interesa para aumentar negocios de SpaceX, la CFBP le interesa por el interés de hacer la plataforma X una App de finanzas personales con regulación laxa, la NOAA regula a SpaceX y sus lanzamientos al espacio y, aún más cínicamente, la destrucción de USAID y la NLRB tiene que ver con investigaciones que tenían en curso contra Starlink y Tesla. Aparte como buen oligarca, la destrucción de la IRS le viene bien para reducir su factura tributaria. Ningún empresario pudiera imaginarse un retorno tan grande en USD$ 300 millones invertidos en la campaña de Trump.
Por otro lado, fuera de lo anterior, es conocido que la Administracion Trump va emprender una reforma fiscal que se proyecta, en ausencia de reducción de gastos, va costar un aumento del déficit de $4 mil millardos ($4 trillion en inglés), por lo que fácilmente le ha dado “cobertura política” al esfuerzo de DOGE para reducir el “desperdicio” y “abuso” cuando lo que se quería es que esta redujera el gasto estatal en par con la pérdida de ingresos de la reducción de impuestos que será establecidas (inclinada mayoritariamente a las clases más pudientes). Con la reciente reducción de las expectativas de reducción de gasto de DOGE ($2 billones a apenas $150 millardos) lo que se viene es una explosión del déficit fiscal del Estado Federal, práctica común de las últimas administraciones Republicanas (George W. Bush y Trump I).
Lo cierto es que centros de pensamiento, la comunidad empresarial y observadores políticos de lo que está aconteciendo en EE. UU. están perplejos de lo que pasa. Se preguntan cómo es que un país como EE. UU. esté empecinado en destruir los cimientos de lo que lo ha hecho un gran país, es decir, esa simbiosis y fuerza sinérgica entre un Estado efectivo, capaz y bien entrenado con un sector privado pujante que es apoyado con financiamiento estatal para la investigación en innovación. ¿Por qué están empecinados en destruir su capacidad estatal? EE. UU. por su cada vez más disfuncional sistema político y su sistema de financiamiento casi ilimitado de campañas políticas por el sector privado está generando la captura estatal que otros países de Tercer Mundo no han podido escapar. Lo cierto es que ahora mismo, sin un cambio de rumbo, EE. UU. va caminando directo a perder su hegemonía mundial por el socavamiento de su institucionalidad pública por el predominio de intereses no acordes con la mayoría de su población.
