Nadie puede tener la menor duda de que la famosa compra de las vacunas Sputnik V fue una gran estafa y que Guatemala tuvo una pérdida inmensa sin que nadie asuma la responsabilidad del sucio negocio porque ni la Contraloría de Cuentas ni el Ministerio Público van a mover un dedo para esclarecer la operación. Pero nuestras muy eficientes autoridades de Salud Pública dispusieron que quienes tenían la responsabilidad de tener en sus bodegas esas vacunas que se vencieron, deberán pagar por cada dosis que no se pudo utilizar y de esa cuenta una enfermera del área de Sololá fue notificada de que deberá cubrir nada más y nada menos que Q288,900.00, lo cual resulta no sólo un absurdo sino una gran injusticia.
Que alguien debiera pagar por la pérdida que sufrimos todos los guatemaltecos (y también otros países que generosamente donaron vacunas que también se vencieron) pero ello es resultado de varios factores en los que no tienen que ver los que recibieron en cada una de las áreas de Salud. Debiera cobrarse a la Ministra de Salud que firmó el contrato y si ella logra probar que recibió órdenes expresas de su jefe, Giammattei, pues que se proceda a hacer el cobro al gobernante. Pero trasladar la pérdida a personal de Salud Pública que con su sueldo nunca podrá pagar esas enormes cantidades, es una absoluta barbaridad.
El Ministerio de Salud dio marcha atrás a última hora en la política que venían implementando de responsabilizar a los que recibieron los cargamentos con dosis y dicen que el asunto está sujeto a dictamen de su departamento jurídico, pero no puede uno imaginarse un criterio administrativo que haga responsables a los empleados menores de las deficiencias y tonterías que hicieron sus superiores.
El problema esencial de la vacunación en el país está en la incapacidad para articular campañas diseñadas en diferentes idiomas mayas para llegar a toda la población y prueba de ello es que en el área rural es donde más baja fue la inyección de las inmunizaciones porque los que propagaron teorías de conspiración tuvieron terreno fértil dada la ausencia de información seria proveída por las autoridades.
Cargar a empleados administrativos que tenían la responsabilidad de cuidar las vacunas con la reparación del daño provocado por el vencimiento de las dosis no es aceptable desde ningún punto de vista pero ello viene a demostrar cómo estamos en el país en el tema de la corrupción, porque los que hicieron negocio siguen tan tranquilos disfrutando del dinero mal habido.
