Juan José Narciso Chúa
El deterioro de toda la institucionalidad del Estado ha sido una de las consecuencias nefastas de este proceso de deslegitimación conducido, a lo menos por tres regímenes de Gobierno, que a pesar de las diferencias, han mantenido un hilo conductor, o un común denominador, que ha sido la profundización de la corrupción, la expansión de las redes de grupos que medran de la institucionalidad del Estado y el incremento de la cooptación de las instituciones de justicia para asegurar la impunidad.
En el caso de la primera, la profundización de la corrupción ha conducido un proceso en donde antes la corrupción se desarrollaba dentro de las esferas del propio Estado, las instituciones se encontraban dispuestas a obtener réditos de cualquier negocio o contrato que se desarrollaba dentro de la formalidad de las mismas, con lo cual distintos niveles de las instituciones se encontraban vinculadas.
En la actualidad se pasó de este estadio de corrupción hacia otros más complejos, en los cuales se desarrollan esquemas en donde se propician flujos mayores de comisiones, haciendo uso de la propia institucionalidad, es decir, se actúa por acción directa, pero ahora se agregan aquellas situaciones en donde la inacción o el dejar hacer, sin decir nada y sin actuar, constituye otro espacio en donde se generan recursos ilícitos. Estos casos de sobra son conocidos y ahora públicos.
En el segundo caso, la expansión de las redes de grupos que giran alrededor y dentro la institucionalidad del Estado, ha sido un proceso derivado de la corrupción, en donde se ha hecho uso no sólo de funcionarios actuales, sino además se requiere de grupos fuera de la institucionalidad pero que servirán para efectos de consolidar los negocios que se fraguan de dentro hacia afuera y requieren de personas que contribuyan en el mismo.
Estos son los casos incluso de abogados que se encuentran prestos y dispuestos a presentar denuncias formales en los tribunales de justicia o bien en la propia Corte de Constitucionalidad, para lo cual los tribunales ya se encuentran listos a obtener una sentencia que asegure el negocio, evitando cualquier acción legal en contra de dicha acción. Acá aparece también la figura siniestra del narcotráfico
En esta misma situación se encuentran los denominados presta nombres o de testaferros que se prestan para actuar como representantes legales de empresas de “fachada o de cartón”, pero que constituyen eslabones fundamentales para asegurar la venta o el contrato que permita seguir una supuesta línea legal, cumpliendo con todos los requisitos legales o formales, pero detrás de todo este entramado se encuentran grupos que han medrado y medran alrededor del patrimonio del Estado.
En este nuevo esquema es donde aparecen los denominados grupos emergentes, aquellos nuevos millonarios, viejos funcionarios corruptos que ya saben del negocio y se adscriben a él buscando incrementar sus fortunas, para lo cual prestan “sus servicios” diligentemente, para captar comisiones importantes de ingresos ilícitos.
El tercer espacio es donde los abogados actúan. En este grupo se encuentran todos aquellos togados que saben cómo asegurar la impunidad de los dos anteriores, para lo cual no sólo son parte de los grupos que se aseguran un puesto en los tribunales de justicia o bien en la propia Corte Suprema de Justicia, desde donde serán parte de los esquemas anteriores, recibiendo beneficios a partir de sus “juiciosas” sentencias favorables al este entramado tejido con sumo cuidado, pues el funcionamiento de todas la partes descansa en que cada uno de los ejes funcionen bien.
En la actualidad, ya no sólo es la Corte Suprema de Justicia, hoy tienen cooptado el Ministerio Público por medio de fiscales que aseguran qué procesos caminan o qué procesos se detienen o se pierden para siempre, así como aquellos que se “vigilan” permanentemente para que no pase absolutamente nada.
La Corte de Constitucionalidad es otro espacio cooptado diligentemente. La actual conformación de la actual Corte de Constitucionalidad fue una muestra clara que no se quería perder un solo espacio y los espurios procesos en contra del magistrado Mata Vela y la obcecación para evitar que asuma la magistrada Porras son muestra de ello. Pero también las resoluciones absurdas como la de mantener el decreto que daba vida al Estado de Calamidad a pesar de que el mismo perdió vigencia, es otra muestra palpable.
Pero no se quedan ahí, hoy tienen el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia para sus propios intereses. El desprestigio de las instituciones y del propio Estado descansa en este esquema. El camino hacia el despeñadero está diseñado malévolamente.
