Esta mañana se conoció a través de la sección de “El Peladero” de elPeriódico, que el abogado y notario Marco Aurelio Alveño Hernández, quien también figuró como abogado de Gustavo Alejos, habría comparecido ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para testificar que Claudia Mansilla, cercana a asesor de la fiscalía general, habría participado en la filtración de información hacia sindicados en casos de la FECI.
En respuesta a lo señalado en la publicación, el Ministerio Público emitió un comunicado, en donde argumentan desconocer si el testimonio forma parte de alguno o de varios procesos y que, aunque pareciera no cumplir con los requisitos de forma oficial del ente investigador, deberá ser sometido a un análisis para establecer su veracidad.
Pese a lo expuesto por el MP, con relación a la publicación de elPeriódico, La Hora pudo contrastar otros detalles de lo relatado por el abogado, en donde se explica cómo Mansilla filtró información en varios casos, en donde también figura el exjuez Mynor Moto y Dennis Herrera, así como el apartamiento de un caso que involucraba a la ex secretaria general de la Presidencia y actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus.
De acuerdo con el testimonio, Marco Aurelio Alveño Hernández se avocó el 13 de julio, en calidad de sindicado, ante la FECI para declarar que Claudia Paola Mansilla Figueroa, quien trabajaba con Héctor Aníbal de León (asesor de Consuelo Porras), filtró información sobre los casos que llevaba la FECI a algunos de sus sindicados. Además, por un intercambio de dinero facilitaba el apartamiento de la FECI de esos procesos.
Desde junio del 2020 Paola Mansilla tenía a su cargo “la realización de los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del Ministerio Público”. Mansilla le comunicó su posición al abogado Alveño, indicando que “cualquier cosa que necesitara le avisara”. A causa de esta relación Alveño y Mansilla gestionaron efectivamente dos apartamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Según el testimonio de Marco Alveño, el 15 de mayo del 2020 se reunió con el licenciado Edgar Baltazar Barquín Durán, de quien ya había sido abogado anteriormente e indicó ser asesor específico no nombrado en temas económicos del presidente Alejandro Giammattei. Barquín le manifestó preocupación en torno a que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían estado realizando preguntas afuera de su condominio; le solicitó al abogado que averiguara la razón.
Cuatro días después se reunieron en la oficina de Marco Alveño, Barquín Durán le comentó que la investigación de la PNC fue derivada de otra investigación. El asesor de Giammattei describió que “lo estaban perfilando”, pues pronto solicitarían una orden de aprehensión en su contra girada por el Juzgado de Primera Instancia para delitos de mayor riesgo grupo B, a cargo del licenciado Miguel Ángel Gálvez; lo anterior dentro del caso Bancafé. Acordaron que se apersonaría al abogado al caso.
Según el testimonio de Alveño, Edgar Barquín le mencionó que había tenido acercamiento por instancia del Presidente de la República, con la Fiscal General a través de Ángel Pineda, secretario General del MP, quien ya había sido señalado de filtrar información al Instituto de la Víctima para estropear investigaciones y capturas de funcionarios. El 6 de junio de 2020 se reunieron ambos con los abogados de Barquín, quienes argumentaron que se debería solicitar el apartamiento de los fiscales a cargo.
MANSILLA DIJO QUE APARTAMIENTO NO SERÍA POSIBLE
El 5 de octubre del 2020 fue presentado el apartamiento al MP por parte del licenciado Óscar Poroj, representante de Barquín. Alveño declaró que Paola Mansilla se comunicó con él mediante mensajes autodestruibles en Telegram, informando que este iba a ser rechazado porque no incluía elementos necesarios para declararlo con lugar. Ella le proporcionó “la fórmula” para que fuera declarado con lugar: “me aconsejó que la fórmula la habría encontrado el abogado Otto Gómez, quien siempre en sus apartamientos colocaba que había conclusión criminal entre los fiscales y jueces para hacerle daño”.
Mansilla le dijo a Alveño que aún se podía corregir y se ampliaría la solicitud de apartamiento. La ampliación de la solicitud fue dada con lugar por sanidad del proceso, el 29 de octubre del 2020 y se le envió a Mansilla por mensaje destruible de Telegram al día siguiente. Tal como lo planteó Mansilla, el caso pasó a la Fiscalía de Delitos Transnacionales y luego trasladado a un fiscal “especial” nombrado por el Despacho Superior del MP. Este favor fue costeado por Q50,000.
SE REÚNE CON MYNOR MOTO Y PAOLA MANSILLA
Anteriormente (6 de agosto del 2020) se reunieron por primera vez Mynor Mauricio Moto Morataya, Paola Mansilla y Marco Alveño Hernández para hablar sobre un plan orquestado con Dennis Billy Herrera Arita, para señalar a la Jueza Erika Aifán de incompetente para conocer el caso Comisiones Paralelas. Lo anterior fundamentado en que cualquier hallazgo que se diera en el proceso tendría que comunicarse a la Oficina de Atención Permanente del MP y solicitar control judicial de la causa.
El 18 de noviembre se reunieron por segunda vez en el mismo restaurante, en donde Moto solicitó apoyo para su meta de llegar a la CC. Esta vez Moto señaló que la jueza Aifán “había comenzado con sus berrinches respecto a la discrepancia planteada”, a lo cual Paola Mansilla agregó que Juan Francisco Sandoval “estaba necio por operativizar el caso, pero que la Fiscal General -Consuelo Porras- no lo había dejado”.
COMPARTE LISTA DE CASOS DE LA FECI; NUEVO POSIBLE CLIENTE
El 11 de noviembre se reunieron otra vez Paola Mansilla y Marco Alveño, en esa ocasión la mujer le compartió a Alveño un informe de todos los casos que llevaba la FECI. “Me dijo que, si quería copia, a lo que no accedí, pero sí apunté los números de casos y personas conocidas en mi cuaderno negro Moleskine”, dijo Alveño en su declaración testimonial al MP.
Derivado de esta información, Alveño se contactó vía WhatsApp con el licenciado Francisco García Gudiel, quien le contestó hasta enero del 2021 indicando que había un caso de la FECI donde estaba sindicado y si lo podría asesorar con un apartamiento. Paola Mansilla le informó a Alveño que su “nuevo cliente” estaba sindicado en el caso Construcción y Corrupción; le dijo que, aunque sería difícil el apartamiento de la FECI, con la fórmula de Otto Gómez sería posible. Este nuevo negocio costaría US$9,000.
Gudiel fue notificado el 23 de febrero del 2021 que el apartamiento solicitado fue declarado sin lugar.
FECI REALIZA ALLANAMIENTOS; ALVEÑO ESTÁ “CLEAN”
El 26 de febrero del 2021 la FECI llevó varios allanamientos, entre ellos la oficina del padre de Marco Alveño; le preguntó a Paola Mansilla detalles sobre ello, pues aseguró en la declaración testimonial que “ella manejaba información de primera mano del despacho principal”, ella le dijo: “estás clean”.
ALVEÑO ASEGURA QUE MANSILLA TRASLADABA INFORMACIÓN DEL MP
En la última parte de la declaración testimonial se le preguntó a Marco Alveño si Paola Mansilla trasladaba información a Mynor Moto Morataya, a lo cual contestó afirmativamente. En las reuniones que sosteníamos hablaba cosas que pasaban en el Despacho; hablaba de ciertos casos y recuerdo muy bien que comentó un caso que pasó de la FECI a la Fiscalía de Transnacionales; es el caso donde involucran a Leyla Lemus”, dijo.
También, se detalla que Mansilla trasladaba información a Dennis Bily Herrera Arita, sobre el caso “Comisiones de Postulación”, cuando este se encontraba prófugo.
El testigo indicó que desconocía si Mansilla recibía dinero a cambio de la información que proporcionaba a Mynor Moto.
MP: DE CONFIRMARSE LA INFORMACIÓN, SE DEDUCIRÁN RESPONSABILIDADES
En el comunicado emitido en respuesta al medio que dio a conocer el documento inicialmente, el MP, señala que, de confirmarse la información, serán los fiscales quienes deben profundizar en la información obtenida y contextualizarla con cada caso en particular.
Además, aseguran que se deducirán responsabilidades de reserva de la información, por los “graves perjuicios a la investigación que podría ocasionar la difusión de información, si ese fuera el caso”.
OTRO CERCANO A PORRAS, SEÑALADO DE FILTRAR INFORMACIÓN
Recientemente, La Hora publicó la nota “Un cercano de Porras, Ángel Pineda, es señalado de filtrar información a sindicados” y derivado de este reportaje han surgido nuevos datos de una fuente que ha explicado que una de esas filtraciones habría entorpecido la captura del exministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite Vargas, cuando la Fiscalía contra la Corrupción operativizó un caso por supuestas anomalías en esa cartera durante la administración del exfuncionario designado en su momento por Jimmy Morales. Por este caso, el MP informó que se inició una investigación de oficio.
Evelyn Giovanna Vega Rodríguez, quien trabajó con la ahora directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, brindó información al MP en donde señala que Pineda era conocido como “el amigo” y que compartía información con la excongresista y otros diputados sobre los casos que se manejaban en el MP, a excepción de los asignados a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, donde presuntamente no tenía acceso, se consignó en esa publicación.
Una fuente que observó ese trabajo periodístico y que ha tenido conocimiento de las declaraciones de la testigo, pero que no puede revelar su nombre por no estar autorizado para abordar el tema, explicó que una de las primeras advertencias de Vega fue la filtración de información de Pineda, cuando este era Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, a Carrillo.
Entre los casos que habría advertido a la titular del Instituto de la Víctima, según la fuente que se acercó a La Hora, se encuentra el de presuntas anomalías en la contratación de personas y obras en el Ministerio de Cultura y Deportes, cuando era dirigido por Elder Súchite Vargas, uno de los funcionarios más cercanos a Jimmy Morales desde el inicio de su gestión y que pasó de ser asesor del mandatario a dirigir una cartera dentro del Gabinete de Gobierno en noviembre de 2018.
El presidente Jimmy Morales fue quien designó a María Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público, Pineda es parte de su equipo y actualmente es Secretario General del MP, uno de los puestos más cercanos a ella.
TESTIMONIO SALE A LA LUZ DOS DÍAS DESPUÉS DE LA DESTITUCIÓN DE SANDOVAL
La fiscal general, María Consuelo Porras, por medio de un comunicado de prensa, confirmó el viernes la destitución de Sandoval el viernes, acción que, según pudo conocer La Hora, se dio en respuesta al pedido que en reiteradas ocasiones hizo el presidente, Alejandro Giammattei.
Cabe mencionar que, el mandatario en diversas oportunidades ha expresado su buena relación con Consuelo Porras, incluso se han reunido en momentos previos a cambios o acciones dentro de la entidad encargada de la investigación penal.
Sumado a lo que conocía este vespertino, el día de su destitución, Sandoval brindó detalles de investigaciones, entre los temas que enfatizó, están la relación del partido Vamos que llevó a Alejandro Giammattei a la Presidencia, con los Q122 millones vinculados al ex ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, además de la visita de los ciudadanos rusos a la casa del mandatario.
Además de la oposición de Porras a las declaraciones de Gustavo Alejos, principal implicado en el caso Comisiones Paralelas, que decidió colaborar con la justicia tras las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, Consuelo Porras argumentó en el comunicado que la destitución se daba “ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad”, tomó la decisión de destituir a Sandoval. La remoción es a partir de hoy, agregó el Ministerio Público.
“Con el profesionalismo, integridad y la prudencia que le ha caracterizado, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público ha continuado siempre frontal y comprometida en su trabajo, pues su legítimo interés ha sido y será llevar justicia y propiciar una cultura de respeto y legalidad para el pueblo de Guatemala. Sin embargo, ante los vejámenes de los cuales ha sido víctima, y ante la inminente falta de confianza en la relación, hoy se da por terminado el vínculo laboral”, argumentó.
“El pueblo de Guatemala merece que sus derechos y garantías sean respetados por lo que ya no se puede tolerar ningún tipo de acontecimiento que afecte los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad que inspiran la justicia”, agregó.
