Edmundo Enrique Vásquez Paz
1. En general, el sistema institucional vigente en el país ha devenido en uno que, día a día, es más precario, responde en menor medida a las necesidades nacionales y, aún menos, a las necesidades de los tiempos en el mundo y en el planeta. Esto atañe a una gran cantidad de ámbitos temáticos, entre los que se deben contar, sin pretender ser exhaustivos, la Salud, la Educación -en todos sus niveles-, la Seguridad Alimentaria y la misma Seguridad nacional, … por mencionar solamente algunos de los más urgentes de atender.
2. Es a cuenta de lo anterior, que se habla de la necesidad de la Reforma del Estado -incluyendo una nueva Constitución y, por ende, un nuevo Contrato Social-. Y esto hace necesario reflexionar sobre la manera más razonable y viable de proceder para abordar de manera apropiada el desafío.
3. Conscientes de que una reforma de esa envergadura no es juego, se debe entender que, antes de emprenderla, es necesario tener claridad sobre varios aspectos de suma importancia, tales como: ¿Cuáles deberían ser los objetivos generales de la reforma o de la nueva manera en que se constituirá el ordenamiento que se pretende? (lo que incluye la clara identificación de las razones de sustento y las ventajas y desventajas que cada una pueda implicar), ¿Entre quiénes los deberemos acordar? (porque no es inteligente ni razonable pensar que algo que no es bien acogido por las principales fuerzas políticas y sociales del país, pueda tener viabilidad para durar en el tiempo ni, mucho menos, imaginar que, por detentar el poder y beneficiarse de la posibilidad de imponer hoy, se esté logrando una fórmula políticamente viable).
4. Esto que aplica a la carta magna, en su totalidad, es algo que, también, debe aplicar al tratamiento de cada uno de los temas más específicos que deben ser parte constitutiva de ese “contrato social”.
5. Un elemento que es importante tener siempre presente cuando en nuestro país estamos en el proceso de crear institucionalidad y legislar para ello, es el que se refiere a las principales razones que se pueden adscribir a la precaria situación en la que hemos ido cayendo porque sería necio el no aprender de las experiencias pasadas. Una de ellas, de especial importancia -aunque, indudablemente, no la única-, se refiere a la generalizada idea de que todo debe estar normado hasta el detalle para que se puedan realizar, muchas veces, acciones que son de tipo casuístico, especial o excepcional (algo que, históricamente, ya ha ocurrido…).
6. Con lo anterior, se pone de manifiesto que se tiene una excesiva confianza en lo únicamente normativo; algo que es equivocado en tanto se desdeña no solo la capacidad de discrecionalidad y de adaptación -siempre dentro del marco de la ley-que se le debe conceder a las diferentes corrientes doctrinales que los organismos -sobre todo el Ejecutivo- deben poder ir adoptando en el transcurso del tiempo si no que, también, a la necesidad de ofrecer espacios para la acción de tipo especial -realmente “especial” y no por intereses de allegados- para cuando es estrictamente necesario y no se debe poner en juego el ordenamiento legal exponiéndolo a que se deba romper.
7. Se confunde lo que debe ser “preceptivo” y lo que debe ser “programático” y se pretende que la ley sea esto último, con lo cual -a mi modo de ver- lo que se evidencia es que existe una falta de capacidad de gestión política en el Organismo Ejecutivo por parte de los funcionarios que pretenden salir así de su intríngulis. Esto es: dificultad de adoptar políticas propias sabiéndolas enmarcar en el régimen de legalidad vigente.
8. En días recientes, he conocido varias iniciativas o propuestas de ley que se circulan o manejan en el Organismo Legislativo y que están encaminadas, de hecho, a reformar la institucionalidad de lo ambiental y lo relacionado con los recursos naturales en el país. Me llama la atención y me preocupa por varias razones, una de ellas, porque, objetivamente, veo que reforman o cambian demasiados “detalles” y, con ello, trastocan significativamente el espíritu del ordenamiento vigente y, la otra, porque me surgen dudas no solo sobre la conveniencia de lo propuesto para efectos de un “real interés nacional” si no porque soy escéptico sobre la viabilidad a largo plazo de lo que se está proponiendo. Esto último, asumiendo que se trata de reformas concebidas de buena fe y para el bien nacional (lo que no me consta, porque las discusiones sobre la temática no se han abierto al público, como debería ser).
9. Siendo que se trata de un tema que conozco bastante bien desde la perspectiva legal y política, y sé de su importancia para sustentar el desarrollo y el progreso nacional, me voy a referir más específicamente a él en próximas publicaciones.
