JACKSON, Mississippi, EE.UU./AP
Un hombre que trabajó como contratista de servicios para empleados en una planta de procesamiento de aves de corral de Mississippi se declaró culpable el lunes de un cargo federal relacionado con una de las redadas de inmigración en el sitio de trabajo más grandes que se hayan realizado en Estados Unidos en la última década.
Salvador Delgado-Nieves, de 58 años, se declaró culpable de albergar a una persona que se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal, de acuerdo con expedientes judiciales.
En agosto de 2019, las autoridades arrestaron a 680 trabajadores, la mayoría de ellos latinos, en varias plantas de procesamiento de aves de corral del centro de Mississippi.
Poco antes de que se cumpliera el primer aniversario de las redadas, las autoridades federales anunciaron el acta de acusación contra Delgado-Nieves y otras tres personas que habían trabajado como ejecutivos en dos plantas.
Delgado-Nieves, de Pelahatchie, fue acusado en febrero de 2020 de varios cargos, pero el expediente judicial estaba precintado en un principio. Se declaró culpable el lunes de un solo cargo. Su audiencia de sentencia está programada para el 15 de septiembre. El acusado podría ser sentenciado a hasta 10 años en prisión y multado con 250.000 dólares.
Delgado-Nieves era un gerente de Southern Knights Industrial Services, que brindaba servicios de gestión de empleados y nóminas a la planta de procesamiento A&B Inc., ubicada en Pelahatchie, de acuerdo con un comunicado de Darren J. LaMarca, fiscal federal interino para el sur de Mississippi, y Jack P. Staton, agente especial interino que está a cargo de las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Nueva Orleans.
Es el segundo empleado de Southern Knights Industrial Services que se declara culpable de un cargo relacionado con las redadas en sitios de trabajo. Iris Villalon, de 45 años, se declaró culpable en abril de ayudar a acoger a una persona que estaba en Estados Unidos de manera ilegal. Las autoridades federales dijeron que era la propietaria de la compañía de servicios. La audiencia de sentencia de Villalon está programada para el 19 de agosto. También enfrenta hasta 10 años en prisión y una multa de 250.000 dólares.
