Por GEOFF MULVIHILL y ANDREW WELSH-HUGGINS
COLUMBUS, Ohio, EE. UU.
Agencia (AP)
El pago multimillonario que el productor del analgésico OxyContin está negociando en una serie de demandas sobre la crisis de opioides en Estados Unidos contiene fórmulas para dividir el dinero entre gobiernos estatales y locales en todo el país, conoció “The Associated Press”.
Las fórmulas tendrán en cuenta varios factores, incluyendo distribución de opioides en determinadas jurisdicciones, el número de personas que abusaron de los opioides y el número de muertes por sobredosis.
Detallando la forma en que el dinero será dividido podría evitar controversias sobre las sumas y lo que algunos consideran errores cometidos con los centenares de miles de millones de dólares recibidos bajo el acuerdo nacional sobre las demandas contra la industria del tabaco en los noventa.
Algunos activistas se han quejado de los escasos fondos de la industria que fueron destinados a programas antitabaquismo y el exceso desviado para cubrir déficits presupuestarios estatales, pensiones y otros asuntos no relacionados con los daños del tabaco.
En el caso de los litigios de opioides, algunos de los demandantes han dicho que quieren control directo sobre el dinero para asegurarse de que se asigna al tratamiento y la prevención de adicción y para cubrir algunos costos del contribuyente asociados con la epidemia, incluyendo servicios de salud mental, actividad policial y cuidados temporales para hijos de adictos.
Informes publicados dicen que se está preparando un acuerdo de entre 10,000 millones y 12,000 millones de dólares por las demandas contra el gigante farmacéutico Purdue Pharma.
Como ejemplo de las fórmulas propuestas, el condado Cabell, en Virginia Occidental, un área sumamente afectada de los Apalaches, y los gobiernos locales recibirían un total de 975,000 dólares de cada 1,000 millones del acuerdo. Filadelfia recibiría 6.5 millones de dólares.
Las negociaciones son supervisadas por un juez federal en Cleveland. Pero Purdue quiere que cualquier acuerdo sea aplicado a todas las demandas en su contra, de acuerdo con una persona familiarizada con el proceso que habló a condición de anonimato. Eso incluiría las casi 2,000 demandas en cortes federales y las centenares que otros gobiernos locales y estatales presentaron en cortes estatales.
Bajo el plan discutido ahora, Purdue Pharma se declararía en bancarrota y se transformaría en una “compañía fiduciaria de beneficio público”, con todos los ingresos derivados de la venta de medicamentos y otros siendo destinados a los demandantes, dicen reportes de prensa.
La familia Sackler renunciaría a la propiedad de Purdue Pharma y contribuiría al menos 3,000 millones de dólares de su dinero hacia el total, dicen los reportes.
La suma descrita en el acuerdo propuesto es ínfima comparada con el costo para la nación de la epidemia de opioides, que ha contribuido a las muertes de 400,000 personas desde el 2000.