Por DÁNICA COTO
HUMACAO, Puerto Rico
Agencia (AP)
José Carlos Laviena vació sus bolsillos, se quitó los zapatos y esperó la muerte.
Se acababa de inyectar un nuevo tipo de heroína que le recomendó su abastecedor y la sensación fue tan intensa que Laviena pensó que había incurrido en una sobredosis. El hombre de 35 años dio por sentado que se moriría y planeó la forma en que quería que encontrasen su cadáver.
“Es algo que de verdad es súper fuerte”, comentó, aludiendo a lo que cree fue una heroína mezclada con fentanilo. “Esa vez sentí la muerte”.
La experiencia casi fatal de Laviena en un vagón abandonado en el sudeste de Puerto Rico es uno de varios indicios de que la isla no se ha librado de la crisis de opioides que estremece a Estados Unidos y el problema parece haber aumentado como consecuencia del devastador huracán María.
Al gobierno le cuesta salir adelante y no ha solicitado a Estados Unidos millones de dólares que según activistas hubieran podido salvar vidas.
En el 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán. Esa cifra representa un fuerte aumento respecto las 200 sobredosis y ocho muertes del año previo. Si bien es una crisis menos severa que la de algunos estados estadounidenses, activistas y expertos dicen que el problema parece estar expandiéndose rápidamente a medida que aumenta el uso de fentanilo, un opioide al que se atribuye buen aparte del problema en Estados Unidos.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y organizaciones locales sin fines de lucro dicen que la información oficial no refleja el verdadero alcance de la situación porque el gobierno de la isla no lleva una cuenta apropiada de las muertes y las sobredosis.
A pesar de todo esto, este territorio estadounidense nunca solicitó al Congreso un fondo de 7.8 millones de dólares disponibles para tratar a la gente. El dinero fue repartido entre otros estados.
“Es absurdo. Es un dinero muy necesario”, expresó Carmen Dávila, enfermera que asiste a drogadictos en zonas rurales de Puerto Rico. Dávila teme que la cantidad de sobredosis aumente y pone en duda la cifra de 612 sobredosis reportadas por el gobierno el año pasado. “Yo diría que, siendo conservadora, es tres veces más que eso basado en los testimonios de personas que hemos servido”.
Julissa Pérez, portavoz de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico, dijo que era muy difícil para esa pequeña dependencia, escasa de personal debido a recortes presupuestarios, solicitar el dinero al tiempo que coordina el trabajo usando programas y fondos previos.
“Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida”, declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. “Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María”.
Vargas dijo que la fuerte presencia policial en la isla después del paso del huracán de categoría 4 el 20 de septiembre del 2017, combinada con una prolongada parálisis de todos los medios de transporte usados por los traficantes, obligó a los vendedores a sustituir la heroína importada con fentanilo, que estaba disponible en los hospitales porque es producido en Puerto Rico. Indicó que a él y otros médicos les llegó información de que los delincuentes estaban amenazando al personal de los hospitales con lastimarlos o incluso matarlos si no les entregaban el fentanilo.
Muchos pacientes, por otro lado, no tuvieron acceso a servicios médicos básicos por semanas tras el paso del huracán y las farmacias empezaron a vender la droga sin recetas médicas en un gesto humanitario, según dijo. En medio de todo esto, se exacerbaron los trastornos mentales debido a María, y hubo personas que tuvieron que esperar un año para que se restableciese el suministro de agua y electricidad.
“Hubo un boom de trastornos de ansiedad y de suicidios”, manifestó Vargas. “Todas esas cosas contribuyeron a que el fentanilo y otras drogas estuvieran mucho más de moda”.
Además del fentanilo producido en la isla, las autoridades dicen que está circulando una versión menos controlada traída de contrabando de China y la India, la cual es mezclada con heroína e incluso con cocaína y marihuana. Las autoridades informaron de una serie de sobredosis en Mayagüez, en la costa occidental, seguida de más sobredosis en una cárcel vecina en Aguadilla. De allí, afirman los activistas, se expandió el uso de fentanilo ilegal y de otros opioides a todas las ciudades, incluida la capital.
En Humacao, al sudeste, un grupo de adictos a la heroína y la cocaína se reunieron recientemente en torno a una mesa de plástico en una casa abandonada y se inyectaron entre sí. Uno de ellos se puso un dedo en la boca y sopló hacia afuera, haciendo que se agrandase la vena del cuello para poder inyectarse. En la mesa había decenas de agujas sucias, pequeñas botellas de agua y calentadores (cookers.)
Personal de un programa de intercambio de agujas llamado Intercambios Puerto Rico se acercó al grupo, recogió las agujas usadas y colocó un pedazo de papel en un par de cookers. Minutos después apareció una raya roja, indicio de que se había detectado la presencia de fentanilo.
El director del programa Rafael Torruella dijo que notó un aumento en las sobredosis después del paso de María y que su organización empezó a hacer análisis en los calentadores en busca de fentanilo. Ahora casi todos dan positivo.
Laviena fue uno de los adictos que encontraron los trabajadores sociales ese día. Dejó allí 140 agujas usadas, recogió cookers limpios y luego de una pausa relató su experiencia casi fatal antes de desaparecer del lugar.
“En Puerto Rico se habla bien poco de este problema, como si no existiera”, dijo Torruella, quien instruye además a personal de servicios de emergencia sobre cómo tratar a una persona con una sobredosis. “El fentanilo está aquí y hay que hacer algo al respecto”.
Eso no es sencillo en una isla sumida en una recesión que ya lleva 12 años, con fuertes recortes presupuestarios forzados por la bancarrota del estado.
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico confirmó 40 muertes por fentanilo hasta marzo de este año, pero no se pudo confirmar otras posibles 75 ocurridas desde entonces por recortes presupuestarios.
“Ahora mismo tenemos serias limitaciones”, expresó Suzanne Roig, quien supervisa la agencia.
A las autoridades les preocupa la legalidad de los analgésicos recetados. El gobernador Ricardo Rosselló dispuso un estado de alerta el año pasado relacionado con las sobredosis y dijo que el gobierno estaría pendiente del uso de opioides legales como el fentanilo y la hidrocodona. En los siete meses que pasaron desde entonces, las autoridades contabilizaron unas 60 recetas por cada 100 personas. Eso equivale a un año de empleo de esas drogas en todos los Estados Unidos.
“Hay un gran problema de adicción a medicamentos legalmente obtenidos”, dijo Roig.
La crisis de Puerto Rico no alcanza los niveles epidémicos de Estados Unidos, pero las autoridades creen que pude llegar a equipararse en el futuro. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado, 5,400 por sobredosis tan solo en Pensilvania, que tuvo las cifras más altas de todos los estados. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que el fentanilo fue responsable del mayor porcentaje de sobredosis fatales en el 2016, seguido por la heroína y la cocaína.
Activistas se quejan de que Puerto Rico no ha respondido al problema con seriedad, y no solo porque no pidió fondos al gobierno federal.
Varios legisladores han promovido por más de dos años una medida que permitiría a personal no médico y no especializado en emergencias suministrar naloxona, que puede revertir las fallas respiratorias derivadas de las sobredosis de opioides. El senado isleño envió el año pasado un nuevo proyecto a un comité, donde languideció por meses.
