Washington
Agencia (dpa)
El Departamento de Justicia norteamericano acusó esta semana a nueve ciudadanos iraníes de realizar ataques cibernéticos contra más de 300 universidades de todo el mundo, empresas y agencias gubernamentales de Estados Unidos, y de haber robado numerosos datos.
Muchos de estos hackeos fueron realizados por encargo de la Guardia Revolucionaria Iraní, comunicó el fiscal general de Estados Unidos, Rob Rosenstein.
Junto con las 144 universidades de Estados Unidos, también se vieron afectadas 176 instituciones de otros países, según estos datos.
El Departamento de Justicia aseguró que se iniciaron medidas legales contra los acusados, pero considera que éstos se encuentran en Irán. Según la denuncia, trabajan en diferentes funciones para una organización llamada Instituto Mabna.
Este instituto emplea a hackers y otro personal con el fin de robar datos académicos, correos electrónicos y otras informaciones, aseguró Rosenstein en una conferencia de prensa.
El instituto cerró contratos tanto con el Gobierno iraní como con empresas privadas para realizar estos ciberataques, según la denuncia.
Al parecer, la misión del Instituto Mabna era ayudar a universidades iraníes a acceder a investigaciones científicas.
En estos ataques contra universidades se hackearon las cuentas de unos 8 mil profesores, añade la información. Según el Departamento de Justicia, los ataques se iniciaron previsiblemente en 2013 y duraron al menos hasta diciembre de 2017.
Los acusados robaron al menos 31,5 terabytes de información académica y propiedad intelectual de universidades, así como de correos electrónicos de empleados de compañías privadas, agencias gubernamentales y ONG.
Además de las universidades, los hackeos afectaron a 47 compañías locales y extranjeras del sector privado, así como al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a la Comisión Federal Reguladora de Energía, los estados de Hawái e Indiana, Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Al mismo tiempo que se presentó esta denuncia, el Departamento de Finanzas de Estados Unidos impuso sanciones contra el Instituto Mabna y los nueve acusados. Las sanciones prevén la congelación de su patrimonio en Estados Unidos y que ciudadanos y empresas norteamericanas no puedan hacer negocios con ellos.
