Por Mario Roque Cayoja
La Paz
Agencia (dpa)
Una huelga médica iniciada en Bolivia el 23 de noviembre en el sector público mantiene en vilo a millones de enfermos, sobre todo pacientes de escasos recursos económicos, que esperan que haya un acuerdo entre el Gobierno y el influyente Colegio Médico de Bolivia antes de que sea demasiado tarde para ellos.
«Tenía programada con tres meses de anticipación una cirugía de vesícula en el Instituto Gastroenterológico para el día 14. Asistí y me dijeron que se suspendió sin fecha esa operación. Ahora siento fuertes dolores en la región del estómago”, relató a dpa Cristina, de 45 años, que vive en Apolo, 564 kilómetros al norte de La Paz.
Otros pacientes, encorvados por el dolor que los aqueja, recorren los largos pasillos del Hospital de Clínicas de La Paz. La vieja construcción –diseño del ilustre arquitecto paceño Emilio Villanueva- data de 1920 y fue edificada en inmediaciones de la facultad de medicina de la universidad pública de San Andrés, que funciona en el barrio de Miraflores.
La llamada “ciudadela de la salud pública” cobija al Hospital General, Hospital del Niño, Instituto del Tórax, Instituto Gastroenterológico, Instituto de Oftalmología, Oncología, Hospital de la Mujer y además un centro de hemodiálisis y la morgue pública.
«Se suspendió hemodiálisis. Los enfermos renales estamos desesperados. En mi caso requiero una sesión cada dos días. Aquí no pagaba nada», expresa Víctor, de 58 años.
Los médicos rechazan el decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud, una norma que, entre otros aspectos, regulará los aranceles en el sector privado.
Los profesionales no admiten que el Gobierno fije el costo de la atención médica a los pacientes del sector privado y exigen además anular el artículo 205 del Código Penal, que fue promulgado por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que sanciona hasta con seis años de cárcel la llamada «mala praxis».
«Nuestro sector insiste en la eliminación del artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal; la abrogación de los decretos supremos 3.385, 3.091 y 3.092», precisó el presidente del Colegio Médico, Aníbal Cruz.
En un intento desesperado, la ministra de Salud, Ariana Campero, pidió al final de la tercera semana de protesta una «pausa humanitaria» a los médicos que paralizaron cirugías programadas y otras atenciones médicas.
«Pedimos de todo corazón que den un cuarto intermedio humanitario, que los hospitales trabajen con normalidad y los hemos vuelto a citar para que nos digan el día y hora que van a venir al Ministerio de Salud para iniciar la elaboración del nuevo decreto», dijo a los periodistas.
La ministra Campero detalló que ya se suspendieron 8 mil 423 cirugías a nivel nacional y fueron canceladas 619 mil 587 consultas externas.
“Necesito con urgencia una sesión con la bomba de cobalto. Los médicos me dicen que por ahora eso no será posible. No tengo dinero y el cáncer de páncreas me está matando”, relata Gabriela, de 43 años, sentada en uno de los pasillos del hospital que tiene goteras en varios sitios del vetusto techo de placas de zinc.
El calvario de los enfermos también se siente en los pabellones del Hospital Obrero, que depende de la Caja Nacional de Salud, donde se atiende a trabajadores de las empresas estatales.
