Por MATTHEW PERRONE
WASHINGTON
Agencia/AP
Un audaz esfuerzo federal para reducir la receta médica de analgésicos opiáceos podría no ser suficiente ante una fuerte resistencia por parte de las farmacéuticas, grupos financiados por la industria y, ahora, incluso otros funcionarios de salud pública.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estaban en camino para finalizar nuevas normas de receta médica de analgésicos opiáceos en enero. Las normas, aunque no prohibitivas, serían el mayor intento gubernamental hasta ahora para revertir el aumento de sobredosis mortales relacionadas con medicamentos como OxyContin, Vicodin y Percocet.
Pero en esta medida extremadamente inusual — los CDC casi nunca aconsejan a médicos sobre medicamentos al ser un trabajo asignado a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) — colocan a la agencia en medio de una larga lucha relacionada con el uso de opiáceos, un tipo de analgésico muy poderoso pero altamente adictivo que recaudó más de 9 mil millones de dólares en ventas el año pasado, de acuerdo con IMS Health.
Los detractores se quejaron de que las normas de los CDC fueron demasiado lejos y en gran parte fueron escritas a puertas cerradas. Un grupo amenazó con demandar. Luego, a principios de mes, funcionarios de la FDA y otras agencias de salud durante una reunión de expertos en analgésicos catalogaron las normas de «poco visionarias», basadas en «evidencia de poca calidad». Indicaron que planeaban presentar una queja formal.
Los CDC abandonaron su fecha límite de enero al optar por abrir las normas a debate público durante 30 días y hacer cambios adicionales. Los activistas en contra de las adicciones temen que el retraso podría descartar por completo las normas.
Bajo las normas propuestas, los médicos sólo recetarían estos medicamentos como última opción para el dolor crónico, después de intentar con analgésicos no opiáceos, terapia física y otras opciones. Los CDC también quieren que los médicos prescriban la menor dosis posible del medicamento, usualmente tres días o menos para dolor agudo, y los médicos sólo continuarían prescribiendo el medicamento si los pacientes mejoran significativamente.
La lógica tras los CDC es que al cambiar la forma en que los médicos de primer contacto utilizan los analgésicos opiáceos se darían menos prescripciones y, por lo tanto, se reducirían las muertes. Según su cálculo, las muertes relacionadas con estos medicamentos se han cuadruplicado desde 1999.
Pero grupos financiados por la industria como la Fundación del Dolor de Estados Unidos o la Academia Americana para el Tratamiento del Dolor, advirtieron que las normas CDC podrían negarle el acceso a los medicamentos de adoptarse por los sistemas de salud estatal, aseguradoras y hospitales. Dichas organizaciones suelen basarse en el gobierno federal para políticas de atención médica.
