CIUDAD DE MÉXICO
Agencia (AP)
Sindicatos estadounidenses y mexicanos interpusieron el lunes la primera queja laboral contra México dentro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC.
En la queja se alega que México no está cumpliendo con el compromiso estipulado en el tratado de garantizarle a los trabajadores el derecho a organizarse libremente y unirse al sindicato que prefieran.
La queja se enfoca en la planta de autopartes de Tridonex en la ciudad mexicana de Matamoros, ubicada en la frontera con Texas, donde los trabajadores han estado luchando para unirse a un sindicato nuevo.
Susana Prieto, una abogada externa que está organizando ese sindicato, ha sido encarcelada y hostigada, y se le prohibió viajar a Tamaulipas, el estado donde se encuentra Matamoros.
«Todavía no puedo volver a Tamaulipas, ni viajar al extranjero, ni vivir en otro estado de la república que no sea Chihuahua», declaró Prieto.
La abogada señaló que unos 600 simpatizantes del sindicato han sido despedidos de la planta de Matamoros en represalia por su lucha para expulsar a un sindicato de la vieja guardia.
«Estamos luchando de forma que nadie tenga miedo nunca de elegir libremente el sindicato que desea que lo represente y para hacer historia, poniendo fin a varias generaciones de esclavitud moderna», dijo Prieto en un comunicado.
En 2019, Prieto encabezó una lucha histórica y en gran medida exitosa para que se pagaran mayores salarios en Matamoros, pero fue arrestada por presuntamente incitar a disturbios, por amenazas y por coerción, acusaciones relacionadas con una protesta en una junta laboral local que pretendía revocar un sindicato en una fábrica e instalar uno nuevo. A cambio de que se le retiraran los cargos tuvo que apegarse a esas restricciones de viaje.
Los sindicatos de la vieja guardia en México — con frecuencia vinculados al Partido Revolucionario Institucional, que solía gobernar el país — firmaron miles de contratos laborales «de protección», a menudo incluso antes de que las fábricas comenzaran a operar. Le garantizan a los empleadores la ausencia de huelgas y el pago de salarios bajos. Además, con frecuencia los trabajadores no podían votar en sus negociaciones contractuales ni para elegir a los líderes del sindicato, excepto en votaciones a mano alzada.
El T-MEC pretende detener el éxodo de trabajo de manufactura que aprovecha los salarios en México, que equivalen a uno o dos dólares por hora. La planta Tridonex opera para una compañía estadounidense que trasladó parte de sus operaciones al sur de la frontera.
Según el tratado comercial, México accedió a reformar sus leyes laborales para garantizar que se lleven a cabo votaciones secretas en urnas para elegir a representantes sindicales y contratos, así como el derecho a organizarse libremente. También requiere que entre 40% y 45% de las partes de los automóviles sean fabricadas por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora.
Si México no cumple con las nuevas normas del T-MEC, debe someterse a paneles de resolución de disputas, lo cual podría derivar en que se prohíba que el producto de una fábrica ingrese a Estados Unidos.
Cuando el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aprobado en 1994, los gobernantes prometieron que impulsaría los salarios en México, algo que nunca ocurrió, en parte debido a sindicatos que en realidad no representaban a los trabajadores. Los salarios industriales promedio en México siguen siendo de aproximadamente una décima parte de los que se pagan en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha prometido hacer respetar las reformas a la ley laboral, pero ello ha implicado una lucha difícil con sindicatos de la vieja guardia profundamente arraigados.
En abril, una votación sobre si un sindicato de la vieja guardia seguiría representando a un grupo de trabajadores tuvo que posponerse después de que el sindicato fue sorprendido aparentemente destruyendo boletas en una planta de General Motors en el centro de México.
Israel Cervantes ayuda a encabezar la campaña Generando Movimiento para tener un nuevo sindicato en las fábricas de transmisiones y camionetas de GM en la ciudad de Silao, ubicada en el estado de Guanajuato. Cervantes dijo que funcionarios sindicales de la vieja guardia habían abierto las urnas, destruyeron los votos que decían «no» y los reemplazaron con boletas marcadas con «sí».
En el pasado, frecuentemente los trabajadores de muchas fábricas de México no estaban al tanto de que tenían un sindicato hasta que veían las cuotas que les deducían de sus salarios.
México inició en 2019 un proceso de votaciones entre los trabajadores para determinar si los sindicatos existentes son aceptados o rechazados. El proceso exige que esas votaciones sean efectuadas en todas las fábricas y sitios de trabajo que tengan sindicato en el país para 2023.
