CIUDAD DE MÉXICO
Agencia (AP)
La sección para México de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) dijo ayer que prevé que haya una ola de demandas, apelaciones legales y paneles internacionales de disputas de inversionistas luego de que México promulgó una ley que da ventaja a la generación gubernamental de electricidad sobre las plantas privadas de energía.
Varias compañías extranjeras construyeron muchas plantas de energía eólica, solar y de gas en México, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador planea dar prioridad a las plantas estatales de carbón, combustóleo y diésel.
La ICC México dijo el miércoles que varias cláusulas de la nueva ley violan la propia Constitución mexicana, que garantiza el derecho a la competencia y a un medio ambiente sano, y que parecen violar acuerdos de protección de inversiones y comercio.
El presidente de ICC México, Claus Von Wobeser, dijo que las compañías afectadas por la ley comenzarán en las próximas semanas a solicitar interdictos y a presentar apelaciones frente a la nueva ley, promulgada el martes.
«Se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad», dijo Von Wobeser. «Todas las empresas afectadas impugnarán».
La nueva ley dice que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad gubernamental, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles. Si queda demanda, agrega, se podrá comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural.
La medida ya ha causado quejas de grupos privados de negocios e inversionistas estadounidenses. Los analistas advierten que pudiera violar el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que establece límites estrictos en cómo un gobierno puede favorecer a sus firmas en detrimento de firmas ajenas.
López Obrador quiere defender a las firmas estatales y argumenta que México debería ser autosuficiente en el sector de energía, una convicción que dice se fortaleció luego de que las tormentas invernales en Texas interrumpieron temporalmente este año el suministro de gas natural importado por México.
En febrero, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que la ley «contravendría directamente los compromisos mexicanos» bajo el T-MEC.
El vicepresidente de la Cámara para las Américas, Neil Herrington, dijo en una declaración que la ley pudiera reinstaurar un monopolio gubernamental, y añadió que «esos cambios elevarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos mexicanos».
«Desafortunadamente, este paso es el más reciente en un patrón de decisiones preocupantes adoptadas por el gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país», escribió Herrington.
Las plantas privadas y de energía renovable fueron alentadas por los predecesores de López Obrador con el fin de reducir las emisiones de carbono.
Con el reducido uso de electricidad durante la pandemia, la empresa eléctrica del Estado mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, enfrenta una caída de ingresos y un aumento de las reservas del combustóleo que usa en las plantas generadoras. Ese combustible ha perdido clientes en todo el mundo. La empresa se ha visto además bajo presiones para comprar carbón de minas mexicanas.
