MADRID
Agencia (AP)
El gobierno español anunció hoy una ley que clasifica a los repartidores de alimentos como empleados de las plataformas digitales para las cuales trabajan, no trabajadores por cuenta propia, un cambio que podría tener amplias consecuencias para las empresas del país.
La ley incluye una disposición que obliga a las empresas que operan las plataformas, como Glovo y Deliveroo, a entregar a los representantes legales de sus trabajadores información acerca de cómo funcionan sus algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para asignar tareas y evaluar el desempeño, entre otros aspectos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que la nueva ley es parte de la modernización del mercado laboral en España al actualizar las regulaciones de acuerdo con el desarrollo tecnológico para garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores.
Dijo que la norma que obliga a revelar cómo funcionan los sistemas digitales neutraliza los castigos algorítmicos.
Estos cambios legales son los más recientes que afectan a empresas y trabajadores en la economía colaborativa. La semana pasada, la corte suprema británica sentenció que los conductores de Uber se deben clasificar como «trabajadores» y no por cuenta propia, en lo que se consideró un fuerte revés para la empresa de transportes.
El gobierno español acordó la nueva ley, que se prevé entrará en vigencia en los próximos meses, con las principales cámaras empresarias y confederaciones sindicales.
Pero una asociación de plataformas digitales que proporcionan servicios de reparto de alimentos y algunos repartidores que prefieren considerarse trabajadores por cuenta propia se apresuraron a cuestionarla.
La asociación sostuvo que la norma sobre los algoritmos tendrá un efecto muy negativo sobre el desarrollo de la economía digital en España, ya que ataca los principios fundamentales de la libertad de hacer negocios y los derechos de propiedad intelectual.
En setiembre pasado, la Corte Suprema sentenció que los repartidores de alimentos son empleados, no trabajadores por cuenta propia, en una demanda iniciada por un exrrepartidor contra Glovo.
