Por DÁNICA COTO
SAN JUAN
Agencia (AP)
Un consorcio de empresas canadienses y estadounidenses asumirá el manejo del sistema de transmisión y distribución de la compañía de electricidad de Puerto Rico, informaron autoridades de la isla, en un anuncio largamente esperado que involucra a una de las empresas de servicio público más grandes en una jurisdicción estadounidense.
Es la primera ocasión en que firmas privadas manejarán esas operaciones desde que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico fue fundada en 1941 y se convirtió en una empresa de servicio público en 1979, incrementando las esperanzas de que una compañía que ha sido acusada de corrupción, mala administración e ineficiencia pueda ser reformada y modernizada, lo cual derivaría en menos apagones y mejor servicio.
«Tienen un reto titánico frente a ustedes», afirmó Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
Su mensaje estaba dirigido a LUMA, un consorcio formado por la firma canadiense ATCO y las estadounidenses IEM y Quanta Services Inc. Ganó un contrato por 15 años que le permitirá a la empresa de electricidad de la isla retener la propiedad del sistema de transmisión y distribución como parte de una alianza entre el sector público y el privado, la tercera en Puerto Rico en los últimos años.
«Comprendemos la importancia de este anuncio», dijo Wayne Stensby, presidente y director general de LUMA, que prometió tener un sistema moderno, asequible y confiable. «Sabemos lo que estamos haciendo».
En un principio la compañía recibirá un pago de 70 millones de dólares, seguido por otro de 90 millones en el segundo año y de 100 millones en el tercero como parte de un contrato aprobado por la junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico. Recibirá 105 millones de dólares por cada uno de los años restantes, y posibles bonos adicionales por 20 millones.
El contrato no pide un incremento en las tarifas, lo cual aún requerirá la aprobación de la Comisión de Energía de Puerto Rico, dijo Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de la isla.
LUMA fue elegida por encima de Duke Energy y PSEG Services. Además de la transmisión y distribución, también será responsable de áreas que incluyen la facturación y el cobro, mejoras a la infraestructura y el área de recursos humanos.
La Autoridad de Energía Eléctrica da servicio a 1,47 millones de clientes en todo Puerto Rico y reporta ingresos de 3.500 millones de dólares. Sin embargo, múltiples problemas, incluyendo la falta de mantenimiento, han derivado en un promedio de 4,5 apagones al año para los clientes, en comparación con el promedio de la industria de 0,98. Además, los consumidores padecen un promedio de más de 12 horas anuales de interrupciones en el servicio, en comparación con el estándar de menos de dos horas, señaló Fontanés. Para empeorar la situación, la infraestructura de la compañía eléctrica es tres veces más vieja que el promedio de la industria.
Fontanés reconoció que muchos clientes se ven sujetos a cifras mucho más elevadas que los promedios que él presentó, especialmente después de que el huracán María azotó la isla en septiembre de 2017 y desbarató el tendido eléctrico. Se requirieron 11 meses para que los últimos clientes lograran reconectarse, los apagones siguen siendo comunes y la reconstrucción aún no comienza. Pero los problemas comenzaron incluso antes de la llegada de la tormenta, con un apagón en toda la isla en septiembre de 2016.
Fontanés dijo que una alianza público-privada le permitirá al gobierno de Puerto Rico seguir recibiendo fondos federales mientras continúa con la reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María.
Hace dos años, el exgobernador Ricardo Rosselló promulgó un proyecto de ley que en parte le permite al gobierno crear alianzas público-privadas para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Las autoridades dijeron que el acuerdo ayudará a generar el dinero necesario para proyectos de infraestructura que el gobierno no puede pagar, ya que se encuentra sumido en una profunda crisis económica y está reestructurando una parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.
La compañía de electricidad tiene una deuda superior a los 9.000 millones de dólares, una de las más elevadas de cualquier agencia gubernamental de Puerto Rico, por lo cual se declaró en bancarrota en 2017. Aún está en proceso de reestructuración.
Se prevé que la privatización de las operaciones del sistema de transmisión y distribución se lleve más de un año, y LUMA dice que puede reducir los costos de energía en el sistema en 150 millones de dólares anuales. Funcionarios gubernamentales dicen que se dará prioridad a los trabajadores de la compañía eléctrica y ninguno será despedido.
Las otras dos alianzas público-privadas en Puerto Rico se implementaron en su principal aeropuerto internacional y en las casetas de cobro de las carreteras.
