Por JOSHUA GOODMAN
SANTA TERESA DEL TUY, Venezuela
Agencia AP)
Franklin David fue arrestado la semana pasada en un empobrecido pueblo en las afueras de Caracas por hacer lo que su familia dice que ha hecho casi todos los días durante los últimos 25 años: vender autopartes.
Durante una sorpresiva redada, alrededor de dos decenas de policías armados, flanqueados por el alcalde de Santa Teresa del Tuy y periodistas, se presentaron afuera de la bodega de cuatro plantas de Franklin, Autopartes Guarico 2000, y se llevaron al hombre de 49 años, padre de tres, por supuestamente subir los precios demasiado en un país devastado por la hiperinflación.
Su ya ahorcado negocio, levantado de la nada en una era más próspera, fue clausurado, y Franklin continúa encarcelado por cargos de especulación comercial, un crimen punible con hasta 10 años en prisión.
“Estaban celebrando, como que habían obtenido un triunfo”, dijo Julio Pernia, uno de los 20 empleados que no tiene ni idea de cómo alimentará a su familia ahora que su jefe está tras las rejas. “Se portaron como si hubiéramos matado a alguien, pero lo único que hacíamos fue trabajar”.
El apuro de Franklin lo comparten hasta cierto punto miles de propietarios de pequeños negocios en el país, algunos de los cuales han sido arrestados y muchos más temen tener que optar por cerrar su tienda o afectar a sus clientes con aumentos desmesurados de precios, mientras se adaptan al plan del presidente Nicolás Maduro de rescatar la economía destruida por la crisis.
El plan impone un aumento al salario mínimo superior a 3.000%, pero mantiene las leyes que amenazan con cárcel a los propietarios que suban los precios más de lo que determinen los reguladores estatales.
Aun así, a pesar de las medidas severas que han afectado a comercios como el de Franklin, las reformas anunciadas hace tres semanas representan la concesión más seria a las fuerzas del mercado en dos décadas de dominio socialista.
Desarrollado en secreto durante varios meses con asesoría de consejeros económicos del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la reforma adopta algunas medidas que Wall Street había recomendado durante años, como subir los precios subsidiados de la gasolina para disminuir un profundo déficit presupuestario y desmantelar los controles a la divisa que están en vigor desde 2003. Algunos opositores incluso acusaron a Maduro de imponer un proyecto neoliberal, el mayor insulto en un país en donde cientos murieron en 1989 durante los días de saqueos la última vez que estuvo seriamente en juego la austeridad económica.
“Ahora nos toca jugar de otra manera, tenemos que ir a una disciplina fiscal prusiana y eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico y sustentarla en la producción de riqueza, de petróleo, de oro, turismo, tributos internos que se recogen, recogerlos con mayor capacidad y eficacia”, dijo Maduro al anunciar las reformas. También motivó a los partidarios a vigilar el aumento de precios y denunciar a los comerciantes que los subieran “excesivamente”.
Sin embargo, la mayoría de los economistas consideran que es un plan mal concebido, no apto para un país sentado sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. Argumentan que el aumento al salario mínimo llevará a la bancarrota a los comercios y obligará al gobierno a imprimir bolívares con desenfreno, avivando aún más la inflación, la cual se pronostica llegará a un millón por ciento, según el Fondo Monetario Internacional.
En agosto, cuando una nueva moneda con cinco ceros menos comenzó a circular, los precios subieron un impactante 223%, según un reporte de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. El banco central dejó de publicar datos de inflación periódicos en 2004.
“Desmontar eso, es desmontar parte de la base clientelar del chavismo, de manera que ideología, populismo y corrupción son tres barreras enormes”, dijo Orlando Ochoa, un economista de la Universidad de Oxford que ha trabajo durante los últimos dos años con la oposición de Venezuela en un plan económico transitorio. “Pedirle a Maduro que haga esto, es pedirle un viaje tripulado a Marte”.
Sin embargo, los partidarios del gobierno culpan a las sanciones económicas de Estados Unidos y a lo que Maduro llama una “guerra económica” emprendida por sus opositores.
Pedro Páez, antes regulador antimonopolio en Ecuador, estaba entre los varios funcionarios vinculados al izquierdista Correa que asistieron a reuniones en junio con el vicepresidente Tareck El Aissami para sugerir formas de salir del desorden económico de Venezuela. También había expertos de Rusia, China y bancos multilaterales.
Páez considera que el mayor problema del país sigue siendo el poder que tiene la élite antigubernamental para fijar precios y que durante años se ha beneficiado del acceso a mercados ilegales de divisas y servicios públicos casi gratis, incluso cuando la inflación acabó con el poder adquisitivo de los salarios de la clase trabajadora.
Pero eso está lejos de consolar a los pequeños comercios.
A nivel nacional, más de 130 comerciantes han sido arrestados desde que se anunciaron las medidas, según la fiscalía. Entre ellos hay gerentes de tiendas de la cadena de farmacias más grande del país y al menos otros dos, un tendero chino y un carnicero, en Santa Teresa del Tuy.
Como muchos otros propietarios de pequeñas empresas en Venezuela, la familia de Franklin ha sido hábil para evitar el desastre. El negocio lo abrió en 1991 el padre de Franklin, un mecánico que con el tiempo construyó una cadena de tres tiendas. Con los años, los negocios familiares sobrevivieron disturbios, crisis bancarias y, más recientemente, una escasez de importaciones que redujo su inventario a la mitad. El día que Franklin fue detenido era el vigesimoquinto aniversario del asesinato de su padre en un violento intento de robo de auto.
Pero David David, copropietario del negocio, dijo que con su hermano tras las rejas, no sabe cómo sobrevivirá a la potente mezcla de hiperinflación y controles férreos.
Por primera vez, considera seriamente cerrar la tienda y unirse al éxodo de 2,3 millones de venezolanos que han huido del país en años recientes. Lo único que lo detiene es el apoyo a los empleados leales que dice que son familia y que esta semana tomaron la rara medida de organizar una pequeña protesta afuera de su lugar de trabajo clausurado con letreros que decían: “Liberen a Franklin” y “¡Queremos trabajar!”.
Según un reporte policial obtenido por The Associated Press, un gerente del gobierno estatal de Miranda visitó la tienda el 27 de agosto y preguntó por el precio de una pequeña parte para una camioneta pick-up Toyota. Cuando regresó una semana después, el precio se había casi quintuplicado, a 13 mil bolívares o aproximadamente 210 dólares al nuevo tipo de cambio. Como parte de la reforma, Maduro devaluó la tasa oficial en 95%.
David David lucha contra las acusaciones en la demanda, pero reconoce que no tuvo más opción que subir los precios de todo su inventario un promedio de 30% para absorber parte de los costos de importación más elevados y ahora un aumento de 60 veces al salario. Dijo que no los subió más por temor de acabar con lo poco del negocio que todavía le queda. En cualquier caso, las autopartes nunca han estado sujetas a un precio máximo, como los alimentos o medicinas, por lo que se pregunta qué hizo su familia para merecer dicho trato.
El alcalde Ismael Capinel, miembro del partido gobernante, no ha respondido hasta el momento una petición de comentario. En el deteriorado ayuntamiento pintado con varios murales del semblante del fallecido Hugo Chávez, un secretario dijo que Capinel no tiene días u horas fijas para presentarse en su oficina.
Pero cuando anunció el arresto, el alcalde dijo que cumplía con el deseo de Maduro y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez.
