Managua
Agencia (dpa)
La invasión de propiedades urbanas y rurales por simpatizantes del Gobierno de Nicaragua han causado pérdidas estimadas en 16,4 millones de dólares y ha afectado a mexicanos, canadienses y estadounidenses, reveló hoy un informe de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (Upanic, privada).
Según el informe, desde mayo hasta este jueves fueron invadidas 6 mil 120 hectáreas en nueve de las 16 provincias del país, y aunque algunos dueños lograron recuperar sus bienes, unas 4 mil 500 hectáreas continúan en poder de los denominados «tomatierras».
Según empresarios privados, el Gobierno de Daniel Ortega promovió la ocupación de miles de hectáreas de terrenos, en su mayoría propiedades de empresarios que apoyaron las protestas sociales que se iniciaron hace exactamente cuatro meses, el 18 de abril pasado.
Upanic calcula en 16,4 millones de dólares las pérdidas debido a que muchas propiedades están siendo deforestadas y otras han sufrido daños en la infraestructura, casas, bodegas e incluso en plantaciones en el caso de empresas agrícolas afectadas.
Un 37 por ciento de las tierras ocupadas tienen una extensión superior a las 70 hectáreas. Entre los afectados hay siete propietarios de nacionalidad estadounidense, dos canadienses y un mexicano, precisó el reporte en base a 47 denuncias recibidas.
La denominados «tomatierras» dieron pie a otro fenómeno en días recientes: la venta de lotes y terrenos por parte de sus nuevos ocupantes a precios irrisorios (entre 30 y 120 dólares). Las ventas se promueven hasta en las redes sociales y complican más el conflicto de propiedad.
Los «tomatierras» están vendiendo «el derecho al que quiera permanecer en el lugar, con la esperanza de legalizar algún día ese lote», dijo Ulises Herrera, dueño de una propiedad invadida en Estelí (norte) al matutino «El Nuevo Diario». Los invasores sólo intercambian «papelitos» con los «compradores» de los terrenos, en una acción doblemente ilegal, añadió.
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, la invasión de propiedades es «una nueva forma de confiscación» impulsada por personas ligadas al Gobierno y como «represalia política» contra el sector privado.
Las mayores ocupaciones se han producido en Chinandega (noroeste) y en Managua. En Chinandega han sido invadidos pujantes proyectos agrícolas, como una empresa procesadora de maracuyá de capital nicaragüense-suizo en la que se habían invertido 20 millones de dólares.
Upanic destacó que las tomas de tierras provocan además otros fenómenos como un aumento de la inseguridad y desempleo en el campo, daños a la producción agropecuaria, fuga de inversión privada y retiro de fuentes de financiamiento externo.
Las invasiones comenzaron en mayo pasado, poco después del inicio de la crisis que ha dejado hasta ahora casi 450 muertos y más de 2 mil 800 heridos, la mayoría manifestantes opositores, según ONG de derechos humanos, aunque el Gobierno registra 198 fallecidos.
