Por DANICA COTO
SAN JUAN
Agencia (AP)
Un desacuerdo sobre qué presupuesto usará Puerto Rico este año fiscal se profundizó ayer cuando el gobernador del territorio estadounidense firmó la versión aprobada por los legisladores en lugar de la que fue implementada por la junta federal de control durante el fin de semana.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el presupuesto de la junta no es el mejor para Puerto Rico y que está preparado para defender su decisión, postura que dio pie a la posibilidad de que el asunto termine en una Corte, en momentos en que Puerto Rico intenta reestructurar parte de su deuda pública de 70.000 millones de dólares en medio de una recesión que ha durado once años.
“Yo voy a utilizar todos los instrumentos que tengo en mi arsenal para poder defender al pueblo de Puerto Rico”, dijo a reporteros.
Sin embargo, Rosselló admitió que los puertorriqueños que aún tratan de recuperarse del paso del huracán María pudieran ser afectados por más medidas de austeridad.
«Me temo que sea un acto simbólico», dijo, refiriéndose a la firma por los legisladores de su versión presupuestaria. Añadió que un juez pudiera fallar en favor de la junta.
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo el lunes ante una mesa redonda de reporteros que no estaba al tanto de las acciones de Rosselló y señaló que la junta conversará con los funcionarios antes de adoptar cualquier medida.
“Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance… para poner en marcha el presupuesto”, señaló.
Sin embargo, agregó que ir a tribunales sería “un gasto lamentable de energía, esfuerzos y recursos de los contribuyentes”.
Más tarde, en un discurso televisado, Rosselló solicitó un periodo extraordinario de sesiones a la legislatura para que ayude a superar las discrepancias entre su gobierno y la junta. Dijo que los legisladores podrían considerar diversas medidas, entre ellas reducir los impuestos a particulares y empresas, y derogar una ley que ofrece protecciones a los trabajadores despedidos en forma injusta. La junta ha dicho que si los legisladores cancelan esa ley se impulsaría la economía de Puerto Rico y se podrían dar ciertas concesiones al gobierno de Rosselló, como mantener el bono de Navidad.
Su anuncio se dio un día después de que la junta que supervisa las finanzas de la isla aprobó un presupuesto de 8.760 millones de dólares que reduce el gasto público en 345 millones de dólares, incluido un recorte de 24 millones para la legislatura, que operaría con 111 millones para el año fiscal 2019. El presupuesto se ajusta a un plan fiscal que prescribe medidas de austeridad, incluyendo un recorte drástico a las becas en la mayor universidad de Puerto Rico y profundos cortes en las vacaciones y licencias médicas de los empleados.
El lunes, funcionarios del gobierno dijeron que unos 4.500 empleados públicos han aceptado un plan de rescisión de contrato que busca reducir gastos sin recurrir a despidos.
El gobierno dijo que espera que el Senado de la isla y la junta aún puedan llegar a un acuerdo que beneficie a los 3,3 millones de habitantes, muchos de los cuales temen enfrentar mayores penurias económicas en el futuro. Más de 2.000 usuarios siguen sin electricidad más de nueve meses después del azote del huracán María de categoría 4 que se estima causó daños por más de 100.000 millones de dólares.
«No descansaremos hasta que todo Puerto Rico se ilumine», dijo Walter Higgins, director general de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
