Por DANICA COTO
SAN JUAN
Agencia (AP)
Miles de puertorriqueños marcharon ayer en protesta por recortes a las pensiones, cierres de escuelas y la lenta reconstrucción del país tras el paso de huracanes, en un contexto de descontento entre los residentes de la isla por las medidas de austeridad que se avecinan.
Algunos de los participantes de la marcha por el Primero de Mayo eran maestros, trabajadores sindicalizados y jubilados, tanto del sector privado como público, así como la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz.
Entre los asistentes estaba Juan de Dios del Valle, de 56 años, un trabajador público que fue cesado en el 2008 y desde entonces solo ha trabajado ocasionalmente como jardinero o limpiando oficinas o viviendas.
«Estoy aquí para apoyar a todas aquellas personas que están en la pobreza», dijo.
La protesta fue pacífica hasta que cientos de manifestantes jóvenes, muchos con los rostros cubiertos, se enfrentaron con la policía, que les disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersarlos. Se reportaron varios heridos, mientras que algunas columnas de humo blanco se elevaban en el distrito de Hato Rey, donde hay varios bancos e instituciones financieras. Varias personas fueron arrestadas por incendiar hojas de palmeras y distintos objetos, incluyendo un refrigerador descompuesto, señaló la policía.
El centro comercial más grande del territorio estadounidense, así como bancos, escuelas y agencias del gobierno cerraron durante todo el día por temor a que la protesta se tornara violenta. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, condenó los actos de violencia y dijo que manchan la reputación de la isla.
“Esa libre expresión no puede ir en contra de lo que es… la seguridad de los seres humanos”, dijo el gobernador.
Adria Bermúdez, empleada de la universidad pública más grande de Puerto Rico, dijo que marchaba para manifestar en contra del aumento a los costos de las materias, de 57 a 115 dólares, y eventualmente hasta alcanzar los 157 dólares dentro de los próximos cinco años. Exigió que los legisladores y funcionarios públicos reduzcan sus sueldos en lugar de implementar medidas de austeridad adicionales.
“Los ajustes son para la clase media y media baja. La clase rica no sufre”, declaró.
Puerto Rico está atascado en una recesión desde hace 11 años, tratando de reestructurar parte de su deuda pública de 72,000 millones, a la vez que tiene problemas para reconstruir la infraestructura tras los daños causados por María. El huracán de categoría 4 que castigó la isla el 20 de septiembre y que causó daños valorados en unos 100,000 millones de dólares. Alrededor de 30 mil clientes de electricidad siguen sin servicio desde entonces.
Los economistas advierten que el índice de pobreza de la isla, donde viven 3.3 millones de personas, podría subir de 45% a más de 60%. Entre tanto, la junta federal de control que supervisa las finanzas del territorio estadounidense aprobó varias medidas de austeridad a fines de abril, las cuales el gobernador Rosselló se ha rehusado a aplicar. Entre esas medidas se encuentra un recorte de 10% al sistema de pensión pública, que tiene pasivos por casi 50,000 millones.
La alcaldesa de San Juan pidió al Congreso eliminar la junta federal de control, que fue creada hace dos años para ayudar a resolver la crisis económica de Puerto Rico.
“Es mala y punto, si le quita derechos a la clase trabajadora”, dijo Yulín Cruz.
