Ciudad de México/París
Agencia (dpa)
México cuenta con un buen marco legal para combatir el lavado de dinero, pero esto no se refleja en investigaciones efectivas y en la confiscación sistemática de bienes ilícitos, advirtió hoy un organismo evaluador con sede en París.
«A pesar del hecho de que las autoridades mexicanas realizaron recientemente algunas investigaciones de alto perfil, no están investigando y procesando el lavado de dinero de una manera proactiva y sistemática, sino en una base reactiva, caso por caso», señaló el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El organismo indicó, además, que «el nivel de corrupción que afecta a las agencias de aplicación de la ley, en particular a nivel estatal, menoscaba su capacidad de investigar y llevar a juicio delitos graves».
El GAFI fue creado en 1989 para desarrollar políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y para promover la aplicación efectiva de medidas contra las amenazas para el sistema financiero. Tiene 37 miembros, entre ellos México.
El informe, dirigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), indica que el sector financiero mexicano tiene buen conocimiento de los riesgos en su área y ha realizado progresos, pero que se debe mejorar la supervisión de actividades vulnerables no financieras y la identificación de beneficiarios finales de activos y empresas.
Según el documento, en México el lavado de dinero proviene principalmente de grupos dedicados al tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión de impuestos.
«Hasta hace relativamente poco, la PGR (Fiscalía General) no consideró como una de sus prioridades centrales la identificación e investigación del lavado de dinero», dice la evaluación. «En consecuencia, el número de casos y condenas por lavado de dinero es muy bajo».
En México los violentos grupos del crimen organizado son combatidos con una estrategia basada en la fuerza policial y militar más que en desarticular sus redes financieras, algo que desde años vienen advirtiendo expertos en temas de seguridad.
La captura de líderes criminales, como el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa extraditado hace casi un año a Estados Unidos, generalmente conduce a la fragmentación de las organizaciones criminales y a un aumento de la violencia, pero no al fin de sus negocios.
«México tiene un buen sistema para hacer frente al lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo, pero debería incrementar los esfuerzos contra el lavado de dinero y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos», señaló el GAFI.
Después de darse a conocer el informe, el Ministerio de Hacienda de México afirmó que muchas de las medidas están ya en proceso de implementación, entre ellas mejorar la identificación de beneficiarios finales del lavado de activos.
«Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia (…)», indicó el ministerio.
